Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fijó este martes una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a la detención del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Maikel Moreno. La Administración de Donald Trump quiere que responda ante un juez por distintos casos de corrupción. Moreno es considerado, además, como una de las figuras clave del chavismo.

“Usó su posición de autoridad para ganancia personal, aceptó sobornos para influir en los resultados de algunos casos criminales en Venezuela. Con el anuncio de hoy estamos enviando un mensaje claro: Estados Unidos está en contra de la corrupción”, escribió Pompeo en su cuenta de Twitter. El secretario de Estado también lo llamó “compinche” del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

No es la primera vez que Washington incluye a Moreno en una lista de los dirigentes chavistas más buscados. A finales de marzo el Departamento de Justicia lo acusó de formar parte de una red de tráfico internacional de drogas y ofreció 10 millones de dólares por su arresto después de que una corte de Florida le imputara cargos por lavado de dinero y por de estar relacionado con delitos en los que han existido sobornos en Venezuela.

En esa orden de captura su nombre figuraba junto a la plana mayor del régimen, encabezada por el propio Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, Tareck El Aissami, ministro de Petróleo. En esta ocasión, los señalamientos de Estados Unidos apuntan a que Moreno influyó directamente para que los magistrados venezolanos liberaran a acusados y desestimaran casos en al menos 20 procedimientos.

El Tribunal Supremo es, junto con la Fiscalía, un engranaje decisivo para la estrategia política de Maduro. Controlado en su mayoría por el régimen, la máxima instancia del sistema judicial de Venezuela inhabilitó hace semanas las direcciones de tres de los cuatro principales partidos de la oposición, poniéndolas en manos de gestoras más afines de los intereses del Gobierno. Además de las últimas sentencias que desarticulan Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, el Supremo también anuló la presidencia de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional después de que el chavismo maniobrara para despojarle también de esa representación política.

El alto tribunal ha impedido también al poder legislativo nombrar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), como está previsto por la Constitución, y procedió a designar por cuenta propia una nueva directiva de la autoridad electoral, un órgano clave con vistas a la celebración de las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo mes de diciembre.

La medida anunciada ahora por Pompeo supone la enésima acción de la Administración estadounidense contra el aparato chavista. Aunque el interés de Trump por Guaidó ha dado en los últimos meses señales de agotamiento después de año y medio de pulso que no ha dado resultados concretos, Washington trata de demostrar que la salida de Maduro del poder sigue siendo una prioridad. Además de las sanciones económicas adoptadas contra Caracas, la Casa Blanca no desiste en su intento de redoblar la presión contra los principales cargos del régimen.

Moreno fue tentado en el pasado para que diera la espalda a Maduro y asumiera un papel en la restauración de la legalidad del país en calidad de alto representante del Estado chavista. Sin embargo, ahora el presidente del Supremo parece quedar fuera de una negociación para una eventual transición política en Venezuela, al menos desde la óptica de Washington. Según varias fuentes, el dirigente recibió reiteradas proposiciones para formar parte de un proceso -que tenía el objetivo de desalojar al sucesor de Hugo Chávez y abrir el camino a unas elecciones libres- pactado a comienzos del año pasado. El 23 de enero de 2019 Guaidó se proclamó presidente interino y intensificó su pulso con el régimen. Uno de las ejes de esa estrategia consistía, con la ayuda de varios actores internacionales, en un intento de negociación con un sector del chavismo. Sin embargo, esas negociaciones terminaron desembocando en la fallida asonada del 30 de abril de 2019.

El magistrado ha sido ya sancionado por 42 países por motivos políticos similares a los de Estados Unidos. Abogado, con un Doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Santa María de Caracas, Moreno ha estado muy vinculado el chavismo desde el inicio de su carrera en los tribunales y es un allegado de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y de su entorno.