Trump causa estupor entre los demócratas al librar de la cárcel a un exasesor condenado por la trama rusa

Roger Stone debía cumplir tres años y cuatro meses de prisión por mentir al Congreso. El fiscal Mueller recalca que el consultor republicano sigue siendo "un criminal convicto"

Manifestantes contrarios a la decisión del presidente Donald Trump de indultar a Roger Stone, en los exteriores del campo de golf en Sterling, Virginia.
Manifestantes contrarios a la decisión del presidente Donald Trump de indultar a Roger Stone, en los exteriores del campo de golf en Sterling, Virginia.ALEX EDELMAN / AFP

La intervención de Donald Trump en la justicia ha vivido un nuevo capítulo para recordar con la decisión de evitar la pena de cárcel a su amigo y exasesor Roger Stone. La medida de clemencia es una de las atribuciones de los mandatarios de EE UU, pero este caso plantea una seria cuestión de conflicto de intereses. Stone fue condenado a tres años y cuatro meses por mentir en la investigación de la trama rusa. No solo dispara las alarmas la vieja relación personal entre ambos, sino que el delito cometido fue obstruir las pesquisas del Congreso en un caso que tenía en el punto de mira al propio mandatario. En un artículo de opinión publicado en The Washington Post, el fiscal especial de la trama rusa, Robert S. Mueller, afirmó que Stone “sigue siendo un criminal convicto”.

Stone, de 67 años, es una de las criaturas más singulares de ese Washington carne de serie televisiva, mucho antes de que estas se pusieran de moda. Lobista y consultor, ha asesorado a prácticamente todos los presidentes republicanos desde Ronald Reagan usando a menudo malas artes, como cuando boicoteó a un rival republicano de Richard Nixon o cuando trató de infiltrar a un espía en la campaña de otro demócrata. El tatuaje de Nixon en la espalda y la extravagancia de su armario lo han acabado por convertir en un personaje imprescindible de las cloacas políticas americanas. A Trump lo conoció hace casi cuatro décadas, cuando se lo presentó ni más ni menos que Roy Cohn, el siniestro abogado asesor de Joseph McCarthy.

Que su nombre apareciera en la larga y compleja investigación de la trama rusa era casi un imperativo de guion. El Congreso investigaba, por un lado, si el Kremlin había interferido en la campaña de 2016 para favorecer la victoria de Donald Trump frente a Hillary Clinton y, por otro, si el hoy presidente o su entorno habían colaborado en dicha estratagema. El pasado noviembre, Stone fue hallado culpable de siete cargos, entre ellos, mentir bajo juramento sobre sus contactos con WikiLeaks —en busca de trapos sucios sobre la candidata demócrata— y presionar a otro testigo para que no le contradijera.

La semana próxima debía entrar en una prisión federal para cumplir tres años y cuatro meses por torpedear las pesquisas. La Casa Blanca anunció la suspensión de la pena el viernes por la noche en un comunicado vehemente, pero que no cuestionaba la culpabilidad del exasesor de Trump en los delitos. “Roger Stone es una víctima del bulo de Rusia, de la izquierda y de sus aliados en los medios de comunicación perpetuado durante años en un intento de socavar la Presidencia Trump. Nunca hubo colusión entre la campaña de Trump o la Administración de Trump con Rusia”, señaló el escrito.

La decisión desató un torrente de críticas entre los demócratas. La senadora Elizabeth Warren, ex precandidata presidencial, calificó a Trump como “el presidente más corrupto de la historia” de EE UU y le acusó de haber convertido la democracia “en una burla”. Dos comités de la Cámara de Representantes, controlada por la oposición, anunciaron que investigarán la medida de clemencia. “Con Trump hay dos sistemas judiciales en EE UU: uno para sus amigos criminales y otro para todos los demás”, afirmó el congresista californiano Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara baja.

La polémica por Stone estalla después de otros episodios insólitos sobre la intervención del Gobierno en asuntos judiciales. El pasado 7 de mayo, el Departamento de Justicia decidió retirar los cargos a Michael Flynn, el primer consejero de Seguridad Nacional de Trump, pese a que se había declarado dos veces culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con Moscú, también en el marco de la trama rusa.

Trump ya llevaba tiempo reclamando la exculpación de Flynn, con un argumento similar al usado ahora con Stone: que habían caído víctimas de una supuesta “caza de brujas” contra el presidente. El fiscal especial de la trama rusa, Robert S. Mueller, dio por probado que hubo injerencia de Moscú en la campaña de 2016, aunque no halló pruebas de conchabanza con ningún ciudadano estadounidense. Al no haber colusión, argumenta Trump, no se les debe castigar. Stone, sin embargo, fue condenado por mentir en las investigaciones, al igual que Flynn.

El presidente volvió a provocar polémica el pasado 20 de junio, cuando destituyó al más alto fiscal del distrito sur de Nueva York, Geoffrey Berman, que fue quien procesó a Michael Cohen (exabogado personal de Trump) y estaba investigando a otro personaje clave del entorno del presidente, su también abogado personal Rudy Giuliani. El fiscal general y jefe del Departamento de Justicia, William Barr, había comunicado el relevo de Berman el día anterior, sin explicar los motivos, pero este se había resistido, lo cual derivó en un pulso público. El fiscal acabó abandonando el cargo de forma voluntaria.

Antes, Trump ya había disparado las alarmas con el cese del fiscal general Jeff Sessions, al que culpa en buena parte de la investigación de la trama rusa, y el despido del director del FBI James Comey cuando investigaba el caso, lo que derivó en el nombramiento de Mueller como fiscal especial independiente.

La decisión de un presidente de evitar la cárcel de un convicto acarrea críticas muy a menudo. En enero de 2017, a escasos días de dejar la presidencia, Barack Obama hizo lo propio con la pena de Chelsea Manning, la exanalista militar condenada por filtrar cientos de miles de documentos secretos a WikiLeaks. La excarcelación de Manning, que había cumplido seis de los 35 años impuestos, fue reprobada por muchos republicanos. La decisión, sin embargo, no entraba en el terreno del conflicto de intereses ni tenía lugar después de una implicación personal del presidente en favor de la convicta.

Queja del fiscal general

La propia pena impuesta a Stone ya había causado rifirrafes públicos insólitos. Cuatro fiscales habían pedido que se le condenase a entre siete y nueve años de prisión y Trump lo criticó abiertamente en Twitter. El Departamento de Justicia intervino para pedir una pena más leve y los fiscales dimitieron. Pocos días después, el tribunal dictó los 40 meses de prisión. “Me encantaría ver a Roger exonerado porque personalmente creo que se le ha tratado muy injustamente”, dijo entonces el presidente.

Barr se llegó a quejar de que los pronunciamientos públicos del mandatario complicaban su trabajo, aunque negó que este le hubiese pedido nunca nada sobre un caso penal. “Eso no significa que no tenga, como presidente, el derecho legal de hacerlo, lo tengo, pero hasta ahora he decidido no hacerlo”, respondió Trump.

Este sábado, el presidente defendió su decisión. “Roger Stone estaba en el punto de mira de una caza de brujas ilegal que jamás debió tener lugar. ¡Los criminales están en el otro lado, incluyendo a Obama y Biden [su rival en las urnas en noviembre], que espiaron mi campaña y les agarraron!”, escribió, alentando de nuevo acusaciones sobre los demócratas a las que la justicia no encuentra base.

La medida de gracia a Roger Stone, que se encontraba en arresto domiciliario en su casa de Florida, no borra la condena del lobista, pero le libra de ingresar en prisión. Los abogados de Stone habían pedido postergar el encarcelamiento alegando los riesgos de contagio del coronavirus, pero el tribunal concedió tan solo 15 días de prórroga, del 30 de junio al 15 de julio. La pandemia no salvó a Stone, pero sí Trump.

Las controvertidas medidas de clemencia del presidente

No es la primera vez que la clemencia presidencial de Donald Trump arrastra una polémica en Estados Unidos. En agosto de 2017 utilizó otra de las prerrogativas de su cargo e indultó al exsheriff Joe Arpaio, considerado por muchos como el rostro de la ofensiva discriminatoria contra los inmigrantes en Estados Unidos.

Arpaio había sido condenado por un juez federal por aterrorizar a los sin papeles del condado de Maricopa (Phoenix) basándose en criterios racistas, pero este ignoró la decisión de los jueces y siguió con sus tácticas. Tras la insubordinación, una magistrada federal lo encontró culpable de desacato. Pero el mandatario le otorgó el perdón presidencial incluso antes de que se conociera la sentencia.

En abril de 2018, el republicano también utilizó esta extraordinaria medida con Lewis Libby, quien fue jefe de gabinete del exvicepresidente republicano Dick Cheney. Conocido como Scooter, fue condenado en 2007 por perjurio y obstrucción a la justicia durante la investigación de la filtración a la prensa de la identidad de la exespía de la CIA Valerie Plame. La condena fue parte de un caso relacionado con la Guerra de Irak y las inexistentes armas químicas que la Administración de George W. Bush utilizó como pretexto para la intervención militar en ese país en 2003. Bush paró la entrada en prisión de Libby en su día, pero Trump le otorgó después el perdón completo.

Una de las medidas de gracia más sorpresiva fue la que aprobó el pasado febrero para el dos veces gobernador demócrata por Illinois Rod Blagojevich, de 63 años. Le acortó la condena y le ha librado así de cumplir el resto de la pena, siete años más en prisión. Blagojevich había sido condenado en 2011 a 14 años de cárcel por 17 cargos, entre ellos el de intentar vender al mejor postor el escaño del Senado que Barack Obama dejó libre al ganar la presidencia en 2008. También extorsionó a directivos de un hospital infantil y a ejecutivos del negocio de las carreras de caballos para conseguir presupuesto para su campaña a cambio de favores políticos.

El veredicto que lo declaró culpable se mantiene. Trump ha actuado sobre las sentencias de 11 personas, pero ha recibido 7.786 peticiones de clemencia, según el Departamento de Justicia. El expresidente Barack Obama lo hizo en 1.715 casos en sus ocho años en la Casa Blanca, y George W. Bush solo en 11.

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