Los paramilitares mataron en tres días de abril a más de un millar de desplazados en Sudán, 319 de ellos ejecutados
Naciones Unidas acusa a las Fuerzas de Apoyo Rápido de asesinatos, violaciones y torturas en la toma del campo de Zamzam

Más de un millar de civiles murieron en abril cuando el grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés) tomó el control de un campamento de desplazados azotado por la hambruna en la región sudanesa de Darfur. De ellos, se sabe que al menos un tercio fueron ejecutados sumariamente, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU divulgado este jueves.
Siguiendo un guion ya aplicado en otras localidades asediadas por estos milicianos, durante los meses previos al asalto del 11 al 13 de abril, las Fuerzas de Apoyo Rápido bloquearon la entrada de alimentos y suministros al campamento de Zamzam en la región occidental de Darfur, Sudán, que alberga a casi medio millón de personas desplazadas por la guerra civil, según el informe de la ONU.
Los milicianos tomaron entonces como blanco de sus ataques a estos civiles, según Naciones Unidas, que describe en su texto asesinatos generalizados, violaciones, torturas y secuestros. Al menos 319 personas fueron ejecutadas en el campamento o al intentar huir.
“Este asesinato deliberado de civiles o personas fuera de combate puede constituir el crimen de guerra de asesinato”, ha declarado este jueves el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en una declaración adjunta al informe de 18 páginas.
Las conclusiones se basan en entrevistas realizadas durante el pasado mes de junio a 155 supervivientes y testigos que huyeron al vecino Chad. Uno de ellos testificó que ocho personas que se escondían en una habitación del campamento fueron asesinadas por combatientes de las RSF, quienes introdujeron fusiles por una ventana y dispararon contra ellas, según el documento.
Este grupo armado ha negado repetidamente haber atacado a civiles y declarado que exigirá responsabilidades a sus milicianos que perpetren ese tipo de abusos. El ataque de abril precedió al que se dirigió contra la ciudad de Al Fasher, capital de Darfur del norte, a finales de octubre, donde esa misma milicia está acusada de secuestrar y ejecutar de forma sumaria a miles de personas.
Desde el momento en el que los paramilitares tomaron la urbe, tras haberla sometido a un asedio asfixiante de más de 500 días, empezaron a surgir relatos de atrocidades similares a las que se han conocido este jueves: ejecuciones en masa, violencia sexual, torturas y secuestros. Esos relatos se conocieron gracias a quienes pudieron escapar de la ciudad. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en casi todas las zonas que han ocupado los rebeldes desde el estallido de la guerra contra el ejército sudanés en abril de 2023, en El Fasher no se produjo un éxodo masivo de población.
Dos meses después, se desconoce el paradero y la suerte que han corrido la mayoría de los habitantes de Al Fasher. De sus 260.000 habitantes, solo 100.000 lograron huir, de acuerdo con datos de las organizaciones internacionales. Del resto se sabe poco. “La verdad es que nadie sabe cuántas personas han muerto ni cuántas continúan atrapadas”, afirmó poco después el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher.
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