El Gobierno francés afronta investigaciones judiciales y parlamentarias por su gestión del coronavirus

En Francia ha llegado la hora de las explicaciones después de dos meses de confinamiento y uno de desescalada. El frente es doble: político y judicial. El objetivo es aclarar qué y quién falló. Varias comisiones parlamentarias indagarán en la gestión de la crisis del coronavirus, que ha dejado casi 30.000 muertos. En paralelo, el presidente, Emmanuel Macron, quiere poner en marcha su propio comité, según varios medios franceses. De momento, la Fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar y la Corte de Justicia de la República, encargada de juzgar a miembros del Gobierno, tiene en la mesa más de 80 denuncias.

Todo comenzó con ciudadanos como Chafia Zehmoul, candidata en las elecciones municipales en Saint-Fons, en las afueras de Lyon. La primera vuelta de las elecciones se celebró, como estaba previsto, el 15 de marzo. La pandemia ya se estaba expandiendo por Francia. Macron había decretado tres días antes el cierre de las escuelas y universidades. La noche antes, el Gobierno había anunciado la clausura de bares y restaurantes. Y 24 horas después del cierre de los colegios, el presidente ordenó el confinamiento y suspendió la segunda vuelta de las elecciones, prevista el 22 de marzo.

En los días siguientes, Zehmoul y otros miembros de su candidatura enfermaron. Cinco acabaron en el hospital. “Murieron dos militantes y un familiar de candidatos en mi lista”, explica. Zehmoul, de 52 años, recuerda que en las semanas anteriores estuvo tan absorbida por la campaña que no fue consciente de la peligrosidad de la covid-19. No fue informada, dice. El mantenimiento de la cita, pese a que el país ya se preparaba para el endurecimiento de las medidas para frenar el virus, pudo entenderse como una señal normalidad.

Hervé Banbanaste, el abogado que representa a Zehmoul, prepara dos demandas. Una ante la Corte de Justicia de la República y otra ante el tribunal de París. “El argumento jurídico principal es la puesta en peligro de la vida ajena”, dice Banbanaste. “Nosotros hacemos preguntas. Queremos entender por qué se dijo a los franceses que las mascarillas no servían de nada”, continúa Banbanaste. “También queremos entender por qué se mantuvo la primera vuelta de las elecciones municipales cuando, en las horas siguientes, se confinó todo el país. Pensamos que se hizo correr un riesgo inadecuado a la población”, añade.

Lo que pretende Banbanaste al llevar la gestión del coronavirus “no es buscar responsabilidad, sino saber qué ocurrió y si las cosas se hicieron lo mejor posible”. “La puesta en peligro de la vida ajena no es lo más grave en el código penal. No son crímenes, son delitos. El crimen es la voluntad de dar muerte y no es lo que hay en este asunto”, dice. “Queremos entender qué ocurrió entre finales de febrero y mediados de marzo, qué informaciones estaban a disposición del Ministerio de Sanidad y cómo estas se utilizaron”.

“Hay que distinguir dos cosas: lo que correspondería al error de gestión, y esto no pude perseguirse penalmente, y lo que correspondería a la falta penal”, sostiene Michel Parigot, presidente de la asociación Coronavictimes. “Pongámonos a principios de enero: no haberlo previsto todo en aquel momento puede considerarse un error de gestión. En cambio, cuando en plena epidemia se da como consigna no llevar máscara, ahí estamos ante una falta penal: se impide a las personas protegerse, aunque era posible hacerlo con una máscara artesana. El hecho de que haya una escasez de máscaras no es excusa”.

Parigot considera que durante la crisis se realizó un triaje de enfermos susceptibles de ser tratados en el hospital en función de la edad y no de criterios médicos, y que esto también puede constituir una falta penal. Respecto a las elecciones municipales, afirma: “Lo que correspondería a la falta penal no es tanto el mantenimiento de la primera vuelta como el hecho de que, para poder mantener la primera vuelta, hubo que aplazar la decisión del confinamiento, con miles de muertes suplementarias como consecuencia”.

“El Gobierno no comenta los procedimientos en curso”, dice una portavoz gubernamental en un correo electrónico. En una entrevista en mayo con EL PAÍS, en vísperas de la apertura de las escuelas, el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, avisó ante el riesgo de la judicialización de la política. “Es una plaga de la democracia porque, para mí, la responsabilidad de los dirigentes, de los gobernantes, es precisamente la responsabilidad política. Y, si se comete un gran error, penal”, declaró. Y añadió: “Esta tendencia a la judicialización implica, por ejemplo, el riesgo de que todo el mundo abra el paraguas”. Es decir, que no tomen decisiones para evitar los riesgos.

El martes, el fiscal de la República, Rémy Heitz, anunció haber recibido 62 denuncias de particulares y asociaciones. Los denunciantes señalan los posibles delitos de puesta en peligro de vida ajena, no asistencia a persona en peligro, abstención voluntaria de combatir un siniestro peligroso y homicidio o heridas involuntarias. “[La] investigación judicial tendrá por objeto establecer los procesos de decisión puestos en marcha en ocasión de la crisis sanitaria con el fin de arrojar luz sobre las eventuales infracciones penales susceptibles de haber sido cometidas”, dijo Heitz en un comunicado.

Las denuncias ante la Corte de Justicia de la República apuntan al primer ministro, Édouard Philippe, y a varios ministros, entre ellos el de Sanidad, Olivier Véran, pero no al presidente de la República, que es irresponsable penalmente por actos en el ejercicio de sus funciones. El fiscal François Molins declaró en mayo a la cadena RTL que, entre las denuncias, había algunas de “unas páginas, en ningún caso motivadas, y otras más trabajadas, de una veintena de páginas”. Están en fase de estudio: no se ha abierto ninguna investigación formal. Además, se han abierto investigaciones preliminares en tribunales locales a varias residencias de la tercera edad. En el frente político, las comisiones también se acumulan: a las de la Asamblea Nacional y el Senado se suma la posibilidad de otra impulsada por el palacio del Elíseo.

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