La crisis impulsa el rebrote de las protestas en Chile
La pandemia dispara la falta de trabajo y de alimento y evidencia las deficiencias estructurales del país
Hace una semana, justo cuando se cumplían siete meses de las revueltas sociales de octubre, vecinos del popular municipio de El Bosque, en el sur de Santiago, quebraron el confinamiento y salieron a las calles a protestar, hubo saqueos y la jornada terminó con 22 detenidos. Volvió a suceder el miércoles en La Pintana, otro municipio obrero de la capital. “Preferimos morir de coronavirus que de hambre”, repetían. Lo relata la alcaldesa Claudia Pizarro. “En Villa Nacimiento, existen viviendas de 12 metros cuadrados. Cuando llega el virus al hogar, se infectan todos inmediatamente”, señala. En Chile se han registrado 65.393 casos de covid-19 y 673 muertos.
Marcela Ríos, representante asistente en Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asegura que estos episodios son una alerta. “Es necesario tener presente que todavía está subyacente un proceso no concluido de estallido social y hay que atender a la dimensión de molestia que todavía sigue presente de manera muy importante en la sociedad chilena”, señala. En la misma línea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, admitía esta semana su preocupación por la situación de Chile: “Lo que más nos preocupa es que pueda haber más enojo social del que había antes de la pandemia, justamente porque la desigualdad y la pandemia han demostrado las grandes deficiencias estructurales que se vienen arrastrando en materia de salud y protección social”.
La pobreza ha disminuido notablemente en Chile desde 1990, cuando retornó la democracia. “Si hace 30 años siete de cada 10 chilenos vivía con un nivel de ingreso que no alcanzaba para cubrir la línea de la pobreza, en 2017 llega al 8,6%. Es una disminución radical”, señala Ríos. Si la pobreza se mide desde un punto de vista multidimensional, la cifra aumenta al 20,7%. “Pero existe una proporción mayor de personas —entre un 30% y un 40%— que aunque ha tenido mejorías significativas en su calidad de vida, tiene una vida extremadamente insegura, precaria”, explica la investigadora. Entre las razones, enumera, un mercado de trabajo inestable, salarios bajos, aumento de trabajadores informales, de autónomos y niveles de endeudamiento individual muy elevados.
La reducción de la pobreza en Chile, de acuerdo al PNUD, ha estado asociada al crecimiento económico y a la generación de empleo, dos puntos golpeados de lleno por la pandemia, pero también antes. El año pasado se creció apenas un 1,1%, en buena parte por las grandes revueltas sociales del último trimestre, aunque desde hace unos 10 años en Chile se observa una tendencia de caída de productividad y de desempeño en su economía. El desempleo en los tres primeros meses de 2020 se sitúa en el 8,2%, pero las autoridades hablan de que podría dispararse al 18%, como no se veía desde la crisis de los años ochenta. El escenario se agrava al no tener una red de protección social lo suficientemente robusta para enfrentar este tipo de batacazos.
El economista Dante Contreras dijo a La Tercera que los chilenos están sentados "sobre una bomba de tiempo” y cree que las protestas “se van a extender a una población más generalizada, en el sentido de que el país se está haciendo más pobre”.
El Gobierno del conservador Sebastián Piñera ha impulsado en el marco de la pandemia dos paquetes económicos por unos 17.105 millones de dólares, equivalentes al 6,9% del PIB. Entre otras medidas, ha implementado bonos, subsidios para la gente con ingreso informal, un ingreso de emergencia por tres meses a 4,5 millones de ciudadanos, créditos a la pequeña empresa y, desde este viernes, reparte 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para las familias vulnerables y de clase media necesitadas. El contexto es especialmente complicado para la labor del Gobierno. “Estamos en un momento de quiebre en la confianza de los ciudadanos con las instituciones del Estado, lo que hace compleja la respuesta de las autoridades. La gente recibe los mensajes con una cuota muy alta de duda y de cuestionamiento, lo que hace difícil generar diálogo”, opina Ríos, del PNUD.
Entre narcotraficantes y ollas comunitarias
En la Pintana, un municipio al sur de Santiago donde no llega el metro, casi no existen industrias ni fábricas, hay algún banco, pero ninguna librería. A algunas zonas el narcotráfico ha llegado antes que el Estado a ayudar a los ciudadanos con alimentos en estas semanas de hambre. “Han empezado a repartir mercadería en sus territorios y hasta usan las redes sociales para difundir sus acciones. Intentan comprar conciencias, silencios y complicidad”, acusa su alcaldesa, Claudia Pizarro, líder de una comuna de 177.000 habitantes, donde el 88,9% vive en la pobreza y el 14%, hacinados.
Como contrapunto, sin embargo, relata el puñado de iniciativas solidarias de algunos habitantes que se organizan para ayudar a sus vecinos. Como la que encabeza la profesora Isabel Briones, que diariamente cocina junto a su amiga Jaqueline Paredes unas 130 raciones de comida para las familias de los niños a los que imparte clases en la población Santo Tomás. “Día a día llegan nuevos cesantes a tocar nuestra puerta y tenemos 18 familias ya en lista de espera”, señala la maestra sobre su olla común, que como hace 30 años proliferan en las poblaciones más humildes de Chile. “La gente está nerviosa y con rabia, porque siente que, nuevamente, ha quedado desprotegida. Nadie se imagina lo que aquí se está viviendo”, admite la maestra.
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