El signo de los tiempos

Justo cuando la mayoría de los Gobiernos del mundo están lidiando con la pandemia del coronavirus y la búsqueda de recursos para hacer frente a las necesidades de su población, Argentina vuelve a estar sentada en la mesa de negociación con los acreedores internacionales. El país acaba de incurrir en una nueva suspensión de pagos pero a diferencia de otros episodios, este default no ha sorprendido a nadie. Se veía venir desde que los mercados provocaron el desplome del peso y la Bolsa el verano pasado, cuando las elecciones primarias anticiparon la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada. Poco después, fue el entonces presidente Mauricio Macri quien impagó varios vencimientos de deuda emitidos bajo la ley nacional. Hoy ese impago salta fronteras.

Las nueve suspensiones de pagos internacionales que acumula Argentina en sus 210 años de historia le sitúan todavía lejos de la cabeza del ránking de defaults soberanos, que lidera España, con 14. Es verdad que ningún otro país del mundo acumula como Argentina seis suspensiones de pagos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial –esta será la séptima—. Tampoco nadie ha entrado en default apenas cuatro años después de cerrar un acuerdo con los mismos acreedores internacionales a los que hoy les plantea una reestructuración de la deuda. Pero por encima de todo, lo que nunca ha hecho nadie es negociar una suspensión de pagos en medio de una pandemia de límites aún desconocidos.

La jefa de Mercados Emergentes de M&G Investments, Claudia Calich, confía en que Argentina alcance en breve un acuerdo con los acreedores beneficioso para las dos partes, que supedite los pagos de los 68.000 millones de dólares acumulados en deuda externa a una positiva evolución del PIB. Aunque si tiramos de calculadora, las posiciones de Argentina se debilitan cada día que pasa.

Los controles de capital impuestos desde el pasado verano para contener la caída del peso frenaron artificialmente la salida de la inversión extranjera, de la que difícilmente cabe esperar una recuperación a corto o medio plazo con una suspensión de pagos encima de la mesa. La crisis sanitaria ha provocado un colapso de la actividad económica y un desplome de los ingresos que elevarán el déficit público hasta el 10% del PIB este año (frente al 4% del año pasado), según los cálculos de la consultora británica Capital Economics. La extensión de la cuarentena y la evolución de la pandemia agravarán este cuadro macroeconómico y, con ello, la necesidad de alivio de la deuda en un hipotético acuerdo con los acreedores. El jefe de Mercados Emergentes de Capital Economics, Edward Glossop, estima que estas circunstancias la deuda pública puede pasar del 90% del PIB de 2019 a situarse entre el 130% y el 140% este ejercicio.

En este contexto poco cabe esperar más que buenas palabras del Fondo Monetario Internacional (FMI), a quien el país ya adeuda 44.000 millones de dólares en una de las operaciones fallidas más estrepitosas del organismo internacional, que fio el mayor préstamo en la historia de la entidad exclusivamente al capital político de Macri. Podría, eso sí, permitir a Argentina acceder a una de las líneas de crédito de emergencia para dedicarlo en exclusiva a los gastos derivados de la pandemia. Ese sí sería un cambio en el signo de los tiempos.