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Argentina queda al borde del embargo de los fondos buitres

El Gobierno de Fernández envía 539 millones para pagar la deuda reestructurada, pero serían congelados por el juez de EE UU para abonar a los acreedores litigantes

El ministro de Economía de Argetina, Axel Kicillof,  habla en la reunión del G77.
El ministro de Economía de Argetina, Axel Kicillof, habla en la reunión del G77. REUTERS

El conflicto por la deuda argentina se tensa cada vez más. El país sudamericano ha quedado al borde del embargo de los fondos buitres y otros acreedores que rechazaron los canjes de bonos de 2005 y 2010. El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, anunció este jueves que su país enviará 539 millones de dólares al Bank of New York para cumplir con el pago de deuda reestructurada en aquellos años cuyo vencimiento ocurrirá el próximo lunes. Y lo hará a sabiendas de que rige el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa de que Argentina debe primero saldar la reclamación de 1.330 millones de tres fondos buitres y otros 13 acreedores de la deuda que dejó de pagar en 2001 antes de seguir abonando a la mayoría de inversores que aceptó canjear el 93% de ese pasivo por otros títulos que suponían una quita sustancial. Lo que no está claro es si el juez usará la totalidad de ese dinero para resarcir a los demandantes o si lo distribuirá de forma igualitaria entre los acreedores de la deuda vieja y de la nueva.

Argentina aún no caerá en suspensión de pagos. La deuda reestructurada después del impago de la crisis de 2001 establece un periodo de gracia de un mes. Así que solo el 30 de julio Buenos Aires volvería a la suspensión de pagos. Hasta ese día hay tiempo para evitarlo, aunque sea difícil. Es probable que las calificadoras de riesgo crediticio rebajen la nota de la deuda reestructurada de Argentina el próximo lunes, a partir del retraso permitido de la paga.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había pedido este lunes al juez que suspendiera la ejecución de la sentencia para abrir un espacio de negociación. El país sudamericano ya agotó todas las instancias judiciales para evitar que los buitres cobren el 100% de lo reclamado, sin una quita como la que sufrieron los acreedores que aceptaron los canjes, pero aún buscaba una vía para esquivar el pago en efectivo que sentenció el juez. La opción era que abonara con títulos públicos con vencimiento en los próximos años. Pero Griesa rechazó esta jueves la petición del Gobierno de Fernández.

El juez nombró el lunes a un mediador para acordar entre las partes el modo de ejecución de la sentencia. El mediador dijo el miércoles que todavía no había logrado un acuerdo, pero la negociación continuaba. Ese mismo día, el ministro Kicillof viajó de urgencia a Nueva York. El funcionario negó que se hubiese reunido con los socios de los fondos buitres o con el mediador, pero dio a entender que conversó con los abogados norteamericanos que representan a Argentina.

Kicillof dijo que el motivo de su viaje por unas horas a EE UU obedecía a una invitación del G77+China, un grupo de 134 países en vías de desarrollo, para exponer en la ONU sobre el juicio de la deuda argentina y las consecuencias sistémicas mundiales del fallo contrario a Buenos Aires. El G77+China y la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, según sus siglas en inglés) respaldaron la posición de Argentina, pidieron al juez Griesa una negociación y advirtieron de que la sentencia a favor de los fondos buitres puede perjudicar futuras reestructuraciones de deuda de otros países, al desalentar la aprobación de los canjes e incentivar la vía judicial. Una posición similar adoptó el viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el propio juicio, Francia, México y Brasil se habían presentado para respaldar a Argentina.

Pero los apoyos a Argentina no resultaron suficientes para que Griesa suspendiera la ejecución de su fallo. Buenos Aires ahora se expone al embargo, pero lo hace porque quiere mostrar su voluntad de pagar la deuda reestructurada y culpar al juez de una eventual suspensión de pagos. El ministro Kicillof rechazó el “eufemismo de default (suspensión de pagos) técnico”, en el que caería su país el 30 de julio, según las calificadoras de riesgo, porque ese concepto “no considera la voluntad del deudor”. “El default técnico es una manera sofisticada de ponernos de rodillas”, añadió Kicillof. También advirtió que un embargo del dinero enviado para pagar deuda emitida no solo en EE UU sino en Reino Unido y Japón sería una “apropiación indebida de derechos de terceros”. Los acreedores litigantes han intentado unos 900 embargos en los últimos 12 años, incluido el que sufrió durante dos meses en Ghana el buque escuela de la Armada Argentina en 2012.

Kicillof, que venía moderando su discurso para favorecer una negociación y evitar la repetición de reproches contra Griesa, cargó este jueves otra vez contra él: “No caben dudas sobre la parcialidad del juez a favor de los fondos buitres”. El próximo lunes Argentina también pagará más de 400 millones de deuda reestructurada emitida en su propio territorio, con lo que queda inmune a cualquier embargo.