Las acusaciones de EE UU profundizan el aislamiento de Venezuela en plena emergencia por el coronavirus

La crisis política venezolana sigue su cauce, entre sobresaltos, factor sorpresa y equilibrios internacionales, incluso en medio de la emergencia sanitaria mundial del coronavirus. En cuestión de días el Gobierno de Nicolás Maduro, que afronta la pandemia con un sistema de salud asfixiado y sin recursos, ha pasado de un escenario inédito de posible cooperación con la vecina Colombia a una nueva fase de aislamiento dentro de la región. Los cargos presentados este jueves por Estados Unidos, que acusó al líder chavista de narcotráfico y ofreció 15 millones de dólares por su detención, profundizan la quiebra de las relaciones con Caracas y desbaratan los intentos de reactivar los canales diplomáticos.

El aparato oficialista salió en tromba a rechazar los señalamientos de la justicia estadounidense. El propio Maduro aseguró que la investigación que lo vincula al tráfico internacional de drogas es falsa que él y su Gobierno están dispuestos a combatir “en todos los terrenos”. Llamó “miserable” a Donald Trump y habló de conspiración. Ni la presión de Washington es nueva ni sorprende el tono empleado por el sucesor de Hugo Chávez. Sin embargo, la acusación en este caso es en sí una enmienda a la totalidad del chavismo, al incluir figuras como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami; o el máximo responsable del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. Por información que conduzca a su captura, Estados Unidos promete 10 diez millones de dólares.

Maduro critica las acusaciones de narcotráfico de EE UU

Lo relevante en esta ocasión es que todo sucede en plena crisis del Covid-19. Venezuela confirmó esta tarde la primera muerte y registra más de 100 contagios, según las cifras oficiales. La precariedad de la sanidad y el éxodo hacia la vecina Colombia, donde según Naciones Unidas hay más de un millón y medio de migrantes, llevaron la semana pasada a Maduro a solicitar una coordinación con Bogotá y a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI). La gravedad de la emergencia activó un amago de acercamiento entre los dos países, separados por una frontera de más de 2.200 kilómetros, hoy cerrada pero muy difícil de controlar. Hubo contactos institucionales, con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud, entre los ministros del ramo y las Defensorías del Pueblo. A pesar de ello, el Ejecutivo de Iván Duque, uno de los principales valedores del líder opositor, Juan Guaidó, como presidente interino, negó que esas comunicaciones supusieran un reconocimiento del régimen. Incluso el expresidente colombiano Andrés Pastrana, conservador y duramente enfrentado al chavismo, se dijo dispuesto a tender puentes con Maduro ante la excepcionalidad de la situación.

Pero todo entró en un callejón sin salida. Primero el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, acusó, como ya había hecho otras veces, a Colombia y a su Gobierno de amparar un supuesto complot para atentar contra el mandatario venezolano y desalojarlo del poder. En segundo lugar, este jueves entró en escena otro actor, el general retirado Clíver Alcalá. Este exmilitar figura entre los dirigentes venezolanos acusados por Washington. Rompió con el chavismo hace ya tres años y actualmente reside en Colombia. Desde Barranquilla aseguró, primero a la emisora W Radio y después a través de unos vídeos difundidos por Twitter, estar al tanto de la existencia de un arsenal de armas incautado por las autoridades colombianas entre esa ciudad de la costa del Caribe y Santa Marta. “Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano”, mantuvo el general retirado, que involucró directamente a Guaidó en un supuesto plan contra Maduro.

Esas declaraciones no solo agravan las relaciones entre Caracas y Bogotá sino que, en la práctica, han llevado al régimen a estrechar el cerco en torno al jefe del legislativo, que tiene el respaldo incondicional de Trump y de Duque y aún es reconocido como jefe de Estado encargado por más de 50 países. El fiscal general, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público ha iniciado “una investigación contra Guaidó, Clíver Alcalá y demás colaboradores: por el convicto y confeso delito de intento de golpe de Estado contra el presidente”. Juan Guaidó celebró las nuevas acusaciones de Estados Unidos y se dijo dispuesto, a través de un comunicado, a redoblar la presión. “Ante esta coyuntura que hoy vivimos, donde una pandemia puede poner en riesgo aún más nuestras vidas, reafirmo que seguiremos aumentando la presión hasta desmantelar el Estado usurpador", afirmó.