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Patrullas vecinales imponen su ley afuera de la casa de la embajadora mexicana en Bolivia

La diplomática ha sido expulsada del país y en la sede de la legación permanecen refugiados dirigentes del gobierno de Evo Morales

Manifestantes acampados en La Rinconada este lunes. En vídeo, México se niega a expulsar a ningún diplomático boliviano del país.

Alrededor de una quincena de personas vigila desde hace tres días la entrada a la urbanización privada La Rinconada, en la que se encuentra la residencia de la embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado, a quien el Gobierno boliviano ha expulsado este lunes del país, tras un conflicto diplomático que también ha salpicado a España. “En campaña permanente y activa”, se lee en un cartel exhibido por quienes vigilan la residencia y los automóviles que salen y entran de ella. Lo hacen con el consentimiento de la policía —este lunes había 12 agentes, pero días atrás llegó a haber 90— mientras que conductores de los vehículos se pliegan a la revisión de sus automóviles. “Estamos aquí en apoyo de nuestra policía, para evitar que nadie se fugue sin haber pagado sus deudas a la justicia boliviana”, dijo uno de los organizadores a una televisión local. Se refieren a la decena de ex altos cargos del Gobierno de Evo Morales, que renunció a la presidencia el 10 de noviembre.

Este hostigamiento a la residencia y la embajada mexicana en Bolivia fue denunciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, días atrás: "Ni Pinochet se atrevió a tanto", dijo el mandatario. Pero las cosas no hicieron más que complicarse hasta la expulsión de la embajadora. En la sede de la legación permanecen refugiados algunos antiguos colaboradores del gobierno de Evo Morales, quien ha trasladado su residencia a Argentina. 

La vigilancia vecinal la imponen los mismos grupos de “resistencia” que protestaron contra Morales. Pertenecen a la clase media urbana y siguen movilizados en diferentes partes del país para presionar al nuevo Gobierno para que persiga con el máximo rigor a los dirigentes del antiguo oficialismo, en particular a los que han sido señalados como responsables de las violentas manifestaciones a favor de Morales entre el 10 y el 24 de noviembre.

En la zona sur de La Paz, donde se encuentran La Rinconada y otras lujosas urbanizaciones de la capital, la llamada resistencia organizó protestas contra la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que trabajó a finales de noviembre en Bolivia, y que fue acusada de “proteger a los terroristas”. El incidente del que se deriva la expulsión de los diplomáticos mexicanos y españoles se explica en este contexto de alerta y movilización política de los sectores vencedores del conflicto con Morales.

Uno de los principales enemigos de la resistencia es Juan Ramón Quintana, figura destacada del Gobierno anterior, a quien la Fiscalía acusa de sedición y terrorismo por haber dicho que, si se producía un golpe de Estado contra Morales, Bolivia se convertiría en un “moderno Vietnam”.

Críticas a otros países

Quintana y otros ocho exministros y antiguas autoridades del partido de Morales se beneficiaron del asilo mexicano, pero hoy cuatro de ellos no pueden salir de la residencia diplomática en la que viven, pues el Gobierno de Jeanine Áñez no les concederá salvoconductos para abandonar el país, con el argumento de que están procesados por delitos comunes y no políticos. Nada más tomar el poder, Arturo Murillo, uno de los ministros de Áñez, habló de "cacería" contra algunos antiguos dirigentes de Evo Morales.

Desde la salida de Evo Morales a México, dos días después de su renuncia, los medios de comunicación se inundaron de críticas al Gobierno mexicano, que denunció un “golpe de Estado” en Bolivia, permitió que este usara Twitter libremente y abrió la Embajada de México en La Paz a los miembros de su partido. Luego se produjo una oleada de críticas con tintes xenófobos contra Argentina por la cobertura crítica de los sucesos bolivianos por parte de la prensa de este país y de la decisión del presidente Alberto Fernández de no reconocer a Áñez.

Tras el incidente del pasado viernes, el turno fue de España: para muchos creadores de opinión, como el político Samuel Doria Medina, lo sucedido en la residencia mexicana fue un “operativo armado”. El embajador Jorge Quiroga atacó al presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, por la “invasión de sus Rambitos”, en alusión a los policías españoles envueltos en el incidente, cuyos pasaportes y fotografías fueron filtrados a los periodistas y en las redes sociales.

“Apoyamos a nuestra presidenta Áñez por haber expulsado a la embajadora mexicana y a los diplomáticos españoles. Los que hacen daño a nuestra amada Bolivia deben irse”, dijo una de las mujeres que llevan a cabo la vigilia en La Rinconada.

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