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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Morales renuncia

La dimisión del presidente de Bolivia y de su vicepresidente refleja la extrema gravedad del enfrentamiento social que vive el país andino

Protesta contra Evo Morales en La Paz.
Protesta contra Evo Morales en La Paz.CARLOS GARCIA RAWLINS (REUTERS)

La dimisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, y de su vicepresidente, Álvaro García Linera, refleja la extrema gravedad del enfrentamiento social que vive el país andino a raíz de las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales celebradas el 20 de octubre de las que Morales se autoproclamó vencedor. Durante estas semanas, una gran parte de Bolivia ha quedado bloqueada por las protestas de la oposición y se han producido violentos disturbios en varias ciudades, con varios muertos y decenas de heridos.

Ante la degradación de la situación, Morales decidió en la madrugada de ayer anular las elecciones y convocar de nuevo a las urnas. Pero su reacción llegó tarde. Cuando anoche el jefe del Ejército, Williams Kaliman —con varias unidades de la Policía ya en abierta rebelión—, pidió públicamente la renuncia del presidente, Morales, en el poder desde 2006, anunció que abandonaba la jefatura del Estado denunciando que había sido víctima de un “golpe cívico, político y policial”.

La situación institucional es de un peligrosísimo vacío de poder que debe ser reorientada de un modo institucional y democrático cuanto antes. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados —quienes podrían asumir legalmente la jefatura del Estado hasta los próximos comicios— también han dimitido y el líder de la protesta social, el dirigente de los comités cívicos, Luis Fernando Camacho, ha propuesto la formación de una junta de gobierno con el alto mando militar y policial. Una fórmula que, desgraciadamente, evoca la retórica de los golpes de Estado pertenecientes a una época que Bolivia tiene que haber dejado atrás.

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Cualquier solución a la crisis boliviana debe pasar imprescindiblemente por un exquisito respeto a la legalidad constitucional, sin atajos ni soluciones improvisadas que puedan alejar al país lo más mínimo de ella. Ni Bolivia ni el resto de América pueden permitirse un salto atrás que, bajo la excusa de arreglar las cosas, enmascare el fin de la democracia.

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