Las hijas del Gulag tienen derecho a una casa

El fallo de ese alto tribunal ruso, hecho público el pasado viernes, abre la puerta a miles de reclamaciones en todo el país. Cerca de 12 millones de personas fueron víctimas de las purgas estalinistas, según las estimaciones de la ONG Memorial. Deportados, encarcelados, enviados a campos de trabajo, asesinados. Solo entre 1937 y 1938, los años conocidos como el Gran Terror, fueron represaliadas 1,6 millones de personas. “Esta decisión judicial deja ver también que Rusia es financieramente responsable de la represión”, asegura Grigory Vaipan, uno de los abogados del Instituto de Derecho y Políticas Públicas (ITS) que ha llevado el caso de las tres hijas del Gulag. Y eso es importantísimo, sostiene.

En la década de los noventa, el Estado prometió compensar a aquellos a quienes se les había expropiado su casa durante el estalinismo y, en ocasiones, darles un hogar. Pero pronto las autoridades regionales establecieron restricciones legales y se hizo casi imposible obtener un piso para las víctimas de la represión, a quienes legalmente les corresponde una indemnización por pérdida de vivienda de unos 10.000 rublos (unos 140 euros). En Moscú, por ejemplo, para reclamar el derecho a un apartamento debían esperar mínimo una década y demostrar que no tienen ingresos para adquirir uno por su cuenta.

La sentencia a favor de las tres mujeres abre la puerta a que miles de víctimas de las represiones estalinistas sean resarcidas. “Hoy son muchos los ciudadanos de Rusia que continúan viviendo en el exilio al que desterraron a sus familias. La ley recogía el derecho a volver a casa, pero hasta hoy era ilusorio”, dice el abogado Vaipan.

Se les dará una nueva vivienda, eso sí. Para las tres mujeres no parece haber esperanzas de recuperar aquello que había sido de su familia y fue expropiado por el Estado.

Alisa Méissner sigue viviendo en Kirov, en un pequeño apartamento devorado por el moho y la humedad, no demasiado lejos de lo que fue el gulag donde nació. Probablemente, si no fuese por la represión, viviría en el centro de Moscú, cuenta por teléfono la mujer, de 69 años. Su familia era de posibles y tenía un amplio piso en el bulevar Chistiprudi, hoy uno de los barrios más animados y de moda de la capital rusa. Estaban emparentados con el famoso farmacéutico prerrevolucionario Vladímir Ferrein, que abrió una de las farmacias más grandes de Europa en Moscú. Méissner fue hasta aquel apartamento un día y se animó a llamar al timbre. En cuanto contó su historia le cerraron la puerta sin mediar palabra.

Cuenta Méissner que, como indica su apellido, su familia es de la minoría germánica. Su madre fue contable en la planta Lijáchev, la legendaria fábrica de automoción de Moscú que fabricaba desde camiones hasta las limusinas para los principales funcionarios de la URSS. Pero cuando empezó la II Guerra Mundial, aquellos que tenían vínculos con Alemania se volvieron sospechosos. Y su abuelo fue desterrado a un campo de trabajo en lo que hoy es Kazajistán junto a su esposa e hijas. Ni siquiera les dejaron permanecer juntos. La madre de Méissner fue destinada a la industria forestal, a un asentamiento especial en la región de Kirov. Allí conoció a su esposo. Y allí, en el destierro, nació Alisa.

Medida urgente

El Constitucional ruso, con sede en San Petersburgo, ha dictaminado, además, que el fallo debe aplicarse de forma urgente. Algo que da esperanza a Elizabeta Mijáilova, de 71 años. Su hermana Lenin –aunque todo el mundo la conocía como Helena--, quien inició la demanda para la restitución de un hogar para toda la familia, a la que después se unieron Shasheva y Méissner, murió el pasado febrero sin ver lo que había logrado.

Mijáilova vive en un apartamento de 47 metros cuadrados en el que solo una cortina separa el baño del salón-cocina. Lo comparte con sus dos hijos. Allí, a la región de Vladímir, fueron a parar tras haber dado tumbos por Moldavia y Rusia, después de que su padre pasara años en campos de trabajo en Magadán, en el Lejano Oriente ruso.

No se trata solo de obtener una vivienda en la capital. “Quiero demostrar a todos los niveles que mis padres no estaban allí (en los campos y asentamientos de Komi) por su propia voluntad, que nací en el exilio”, reclamó Yevguenia Shasheva ante los jueces.

Sus padres se conocieron en un gulag en la República de Komi conocido por sus minas. Él había sido enviado al campo de trabajo acusado de espiar para Japón. Ella, que había estado presa en un campo nazi en Polonia, fue enviada tras la liberación a uno soviético. Y en Komi ha pasado Shasheva toda su vida. Como otros muchos represaliados y sus descendientes, arrastró durante años la carga de que sus padres fueran durante un tiempo “enemigos del pueblo”. Una carga que ni siquiera desapareció cuando, primero uno y luego la otra, cumplieron su pena y fueron rehabilitados. Al principio, por ley, no tenían derecho a vivir en las grandes ciudades.

Como única herencia, Alisa Méissner solo conserva una cuchara plateada con una f grabada, por la inicial de su abuela; y algunas fotografías ajadas. La vida de Elizabeta Mijáilova cabe en una caja de cartón que descansa bajo el televisor. En ella guarda las fotos familiares, algunas cartas y documentos. Cuando las autoridades de Moscú les entreguen la vivienda que les corresponde, será una forma de empezar de nuevo, dice Méissner. Pero también una herencia y un recuerdo de esas “vidas rotas”.