Recortar en alimentos y salud: el plan de ahorro que McKinsey diseñó para la política migratoria de Trump

Más información

La inmigración irregular a EE UU cae un 56% desde la amenaza arancelaria de Trump a México

La polarización política en EE UU obliga a las empresas a tomar partido

Donald Trump llevaba apenas un mes en la Casa Blanca cuando ya había desplegado un plan de acción para avanzar a toda máquina en las detenciones de inmigrantes sin documentos. El discurso incendiario contra los “extranjeros criminales” se convirtió en órdenes ejecutivas y estas en políticas, como la de que los agentes fronterizos detengan a cualquier persona convicta por cualquier delito o facilitar las deportaciones exprés. El ambicioso plan incluía la contratación de 10.000 agentes de inmigración y la ampliación del número de centros de detención. La ofensiva exigía un aumento considerable de los recursos y la Casa Blanca acudió a la consultora McKinsey & Company para que la asesorara sobre dónde recortar. 

La prestigiosa firma internacional propuso recortes en el gasto destinado a los alimentos para los migrantes, en atención médica y en las condiciones de los centros de detención, entre otras medidas, según informan este martes The New York Times y ProPublica tras una investigación en conjunto, lograda después de una batalla legal para acceder a los informes de la agencia migratoria. La consultora también propuso fórmulas para acelerar el proceso de deportación y el de contratación de personal. Para lograr el segundo objetivo, McKinsey planteó la idea de que la Oficina de Fronteras y Migración, (ICE, por sus siglas en inglés) alquilara un espacio similar a un gimnasio en el que comprimiera el proceso de reclutamiento, evaluación y contratación de los nuevos agentes en un solo día. Los consultores buscaban "reducir el tiempo de contratación en un 30-50% (cientos de días)". La firma, con la vista puesta en recortar gastos, sugirió amainar los estándares en los centros de detención de ICE, según un correo electrónico interno de la policía de deportaciones.

La información dada a conocer por el Times contradice la declaración que emitió el año pasado la consultora, cuando sostuvo que el contrato no incluía asesorar a ICE sobre políticas en materia migratoria. La publicación del periódico estadounidense se basa en testimonios de empleados de ICE y de McKinsey que participaron del proyecto "Iniciativas para mejorar la contratación de ICE y abordar la Orden Ejecutiva". También en las 1.500 páginas de documentos que liberó la policía migratoria después de que ProPublica los demandara bajo la Ley de Libertad de Información.

El plan de acción de McKinsey mostró "beneficios cuantificables", dijeron funcionarios de ICE en un documento de contratación de octubre de 2017, "incluyendo el aumento de las deportaciones totales y las reducciones a tiempo para expulsar a un detenido". Lo lograron después de encender una alarma dentro de la consultora y también de la oficina migratoria. Empleados de ICE pusieron entre dicho que el pedal de velocidad a fondo para las deportaciones respetara el derecho al debido proceso de los inmigrantes indocumentados. EL PAÍS se puso en contacto con la firma sin obtener una respuesta sobre la publicación.

The New York Times informa de que los consultores ignoraron e incluso se quejaron ante los gerentes de la agencia migratoria sobre los trabajadores de ICE que acusaron que las propuestas de reducción de costos podrían “poner en peligro la salud y la seguridad de los migrantes”. En junio de este año el Departamento de Estado publicó un informe sobre las condiciones de estas instalaciones en 2018 y alertó sobre los problemas de salubridad en todos los niveles de los centros de detención, como los alimentos en mal estado y los baños deteriorados.

En medio del escándalo de la separación de las familias en la frontera el año pasado, The New York Times publicó que McKinsey había ganado más de 20 millones de dólares en consultorías a ICE. El acuerdo laboral fue duramente criticado por los propios empleados de la consultora, que lo desconocían. El descontento forzó a Kevin Sneader, gerente de la firma, a poner fin en julio al contrato con ICE. En un comunicado Sneader sostuvo que el trabajo de la consultora no implicaba ayudar sobre cómo llevar a cabo políticas migratorias. "Bajo ninguna circunstancia, [la empresa] se comprometerá en realizar un trabajo, en ninguna parte del mundo, que saque adelante o asista políticas que estén en desacuerdo con nuestros valores".