Un informe oficial alerta de la “bomba de relojería” en los centros de detención de inmigrantes de EE UU

“El propósito de este informe es comunicarle cuestiones urgentes que requieren acciones inmediatas”, escribe el inspector general en su presentación al DHS, de quien dependen el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y la Patrulla Fronteriza, el cuerpo policial que vigila la frontera. El informe se centra en los sitios de detención de inmigrantes de la zona de Rio Grande, en el sur y este de Texas. “Hemos observado un hacinamiento grave y detención prolongada de menores inmigrantes no acompañados, familias y adultos solos”.

El informe pone cifras concretas a una situación que vienen denunciando activistas, abogados y políticos desde hace meses. En el momento de la inspección, que se produjo en la semana del 10 de junio, la Patrulla Fronteriza mantenía detenidas a 8.000 personas. De ellas, 3.400 llevaban detenidas más de las 72 horas admitidas legalmente como el límite general para que los inmigrantes sean procesados. Hasta 1.500 detenidos llevaban bajo custodia más de 10 días. Uno de los mandos entrevistados calificó la situación de “bomba de relojería”.

Estos lugares detención son básicamente comisarías, sin condiciones para mantener detenidos durante largos periodos de tiempo. El informe viene acompañado de una serie de fotografías del interior de estos centros que no se ven habitualmente. En las fotos se ven celdas abarrotadas de personas durmiendo en el suelo con mantas mylar. La visita del inspector oficial se produjo en los mismos días que la del grupo de abogados que denunciaron condiciones horribles de los niños en estos centros.

Ante el aumento de llegadas de familias centroamericanas que quieren pedir asilo, el Gobierno asegura que no está preparado y que el sistema está al borde del colapso por falta de recursos. Expertos en inmigración afirman que el Gobierno está bloqueando la gestión a propósito para incrementar la sensación de crisis y caos en la frontera. En otro informe el pasado mayo, la Inspección denunciaba también el hacinamiento en la zona de El Paso.

En el momento de la visita había 2.669 menores de edad detenidos en estos centros provisionales de la frontera. De ellos, 826, el 31%, llevaban detenidos más de 72 horas, denuncia el informe oficial. Se trata de una violación flagrante de los límites legales para mantener detenidos a menores de edad, que están fijados en un precedente judicial de hace dos décadas llamado acuerdo Flores.

Por ejemplo, el informe cita un centro en McAllen, Texas, donde había 1.031 niños no acompañados. 806 de ellos ya habían sido procesados, pero de esos, 165 llevaban más de una semana detenidos. Es decir, ya habían pasado todo el papeleo , pero DHS no los había transferido aún al sistema de servicios sociales. El informe afirma que había 50 niños no acompañados menores de 7 años que llevaban más de dos semanas detenidos esperando a ser transferidos.

En el informe, los propios inspectores del Gobierno corroboran la descripción general que han hecho abogados y activistas sobre las condiciones en las que están detenidos los menores. “En tres de los cinco centros de la Patrulla Fronteriza que visitamos, los niños no tenían acceso a duchas”, a pesar de que las normas oficiales “requieren que se haga un ‘esfuerzo razonable’ para proveer una ducha a menores que se acercan a las 48 horas de detención”. En los centros “no hay ropa para cambiarse y no hay lavanderías”.

“A pesar de que todos los centros tenían leche en polvo, pañales, toallitas de bebé, zumos y snacks para los niños, vimos que en dos de los centros no les habían dado a los niños una comida caliente hasta la semana de nuestra llegada”. Además, el informe asegura que las condiciones sanitarias obligaban a mantener a algunas familias encerradas en celdas. Un grupo de abogados que visitó estos centros en fechas parecidas denunció que el hacinamiento y la falta de higiene están provocando brotes de gripe y piojos en estos lugares.

En cuanto a los adultos, “observamos un hacinamiento grave y detención prolongada”. En uno de los centros, que no nombra, “algunos adultos estuvieron detenidos en condiciones que solo lees permitían estar de pie durante una semana”. Algunos estuvieron en condiciones de hacinamiento un mes. “El hacinamiento y la detención prolongada suponen un riesgo inmediato para la seguridad de los funcionarios y la de los detenidos”.

La desesperación de los inmigrantes está además creando incidentes de seguridad en estos lugares de detención temporal. Por ejemplo, los inmigrantes atascan los sanitarios con las mantas mylar con calcetines para poder salir de la celda un rato mientras lo arreglan. En un centro, los inmigrantes que habían salido de su celda durante una limpieza se negaron a volver. Los agentes “trajeron al equipo de operaciones especiales para dejar claro que estaba preparado para utilizar la fuerza si era necesario”.

Las normas oficiales requieren que los adultos se puedan duchar pasadas 72 horas. “La mayoría de los adultos no se habían duchado ni una vez a pesar de llevar detenidos un mes”. En algunos sitios, los funcionarios les daban toallitas húmedas para lavarse. “La mayoría de los adultos llevaba la misma ropa con la que llegaron días, semanas e incluso un mes antes”.

"En un centro de la Patrulla Fronteriza tuvimos que acortar nuestra visita porque nuestra presencia estaba alterando una situación ya de por sí difícil", explican los funcionarios a modo de ejemplo. "En concreto, cuando los detenidos nos vieron, empezaron a golpear en las ventanas de las celdas, gritaban y pegaban papeles al cristal en los que decían el tiempo que llevaban detenidos".

Ante el escándalo por el goteo de revelaciones sobre lo que está pasando en la frontera, la semana pasada, el Congreso aprobó un paquete de 4.500 millones de dólares de recursos para la gestión de la frontera. Sin embargo, no está claro si la Casa Blanca utilizará ese dinero para mejorar las condiciones humanitarias de los detenidos y agilizar los traslados, como querían los demócratas, o para reforzar a los cuerpos de seguridad y las infraestructuras de detención.