La Casa Blanca corta el dinero para ayuda legal y clases de inglés en los refugios para menores inmigrantes

El Ejecutivo de Estados Unidos ha comenzado a recortar el presupuesto de todos aquellos servicios que considera no esenciales en los refugios que acogen a los menores inmigrantes. No esencial significa “no directamente necesario para la protección de la vida y la seguridad”. Según comunicaciones internas del Gobierno obtenidos por The Washington Post, la decisión afecta progresivamente con los servicios de ayuda legal, clases de inglés o actividades recreativas para estos menores inmigrantes que acaban en el sistema de acogida de Estados Unidos.

El Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés), a través de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) es el que gestiona el sistema de casas de acogida de los menores inmigrantes una vez que han salido de los centros de detención de la policía de fronteras, donde legalmente no pueden estar más de 72 horas. En la mayoría de los casos, los menores acaban reunidos con un familiar que se hace cargo de ellos en Estados Unidos. Otros son alojados con familias de acogida. Una minoría se queda en estos centros.

El Post cita un correo electrónico de este organismo dirigido a los centros de acogida, enviado la semana pasada y confirmado por un portavoz. Estos programas pueden quedarse sin financiación este mismo mes. Todo el sistema de recepción, detención y distribución de los inmigrantes en Estados Unidos se encuentra al límite, según el Departamento de Interior y la Patrulla Fronteriza, que se quejan de que es imposible hacer su trabajo con la actual infraestructura. El cambio en el perfil de los inmigrantes en el último lustro, de hombres solos a familias con niños, ha creado unas necesidades para las que algunos puntos de la frontera no están preparados, especialmente con las cifras de llegadas más altas en una década. Este miércoles se conoció el dato de mayo: 144.000 arrestos en la frontera, un 32% más que en abril.

La decisión de recortar en servicios como las clases de inglés o la asesoría legal podría contradecir el acuerdo judicial que fijó hace dos décadas las condiciones en las que se debe mantener internados a los menores, según dijo al Post el abogado Carlos Holguín, que participó en aquel acuerdo. “¿Qué es lo próximo? ¿Agua? ¿Comida?”, dijo Holguín.

Solo en lo que va de año, más de 40.800 menores han pasado por las instalaciones de la ORR, un 57% más que el año pasado. En abril fueron 12.500 menores. Estos centros de acogida temporales funcionan como colegios internos, con clases de inglés y actividades recreativas. En el correo electrónico, el Gobierno informaba de que todos los costes de cualquier cosa que no sea “fundamental para el cuidado de los menores” sería recortado, incluyendo el personal.