“El reto más importante de la justicia guatemalteca es la lucha contra la impunidad”
El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala sostiene que el Estado incumple los acuerdos de paz
“El reto más importante que aún tiene la justicia guatemalteca es la lucha contra la impunidad”, afirma el defensor de derechos humanos Nery Rodenas (Ciudad de Guatemala, 53 años). Rodenas es director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), fundada por el obispo Juan Gerardi hace 21 años. La ODHAG se estrenó presentando el informe Guatemala, nunca más, un reporte que denunciaba al Ejército como responsable del 93% de las 250.000 muertes durante la guerra civil (1960-1996). El documento incluía testimonios de masacres perpetradas contra la población civil durante el conflicto interno. Entre ellos, algunos de las múltiples matanzas en el área Ixil en las que en 1982 fueron asesinados al menos 1.771 indígenas. Las acciones de las Fuerzas Armadas se atribuyen a una estrategia del Gobierno para amedrentar a las guerrillas marxistas. El 26 de abril de 1998, dos días después de publicado el duro informe, Gerardi fue asesinado en la capital guatemalteca.
Para Rodenas, quien lleva 25 años trabajando en la ODHAG y 20 dirigiéndola, “los Gobiernos de Guatemala no le han dado cumplimiento a los acuerdos de paz”. El pacto para poner fin al conflicto firmado entre el Ejército y las guerrillas el 29 de diciembre de 1996 contiene 17 puntos cuyos compromisos están enfocados a garantizar y proteger los derechos humanos e investigar las violaciones históricas de los mismos. Los acuerdos de paz, según Rodenas, también "hablan del fortalecimiento de la sociedad civil, los temas agrarios y las necesidades de los pueblos indígenas, un sector mayoritario de la población que históricamente ha permanecido excluido". El abogado guatemalteco afirma: "Si observáramos adecuadamente el cumplimiento de los acuerdos de paz creo que muchos de los problemas estructurales de Guatemala podrían ser superados". Rodenas habla con EL PAÍS en una visita a Madrid centrada en pedir el apoyo de los Gobiernos europeos para que el Ejecutivo del país centroamericano cumpla los compromisos del acuerdo de paz.
La esperanza rota de los acuerdos
Rodenas sostiene que a pesar de la “esperanza” que suscitaron en su momento los acuerdos y la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2006, no ha sido posible acabar con “los fantasmas de la impunidad y la corrupción generados por el conflicto y enquistados dentro del Estado”. Según la Cicig, en Guatemala el número de delitos superó los 300.000 en 2018. La Comisión afirma que durante ese año, el delito con mayor impunidad de los denunciados fue la corrupción con un 98%, seguida del robo con 97%.
"Si se combatiera la corrupción, la delincuencia común y se aplicara la justicia transicional, también muchos problemas en el país quedarían resueltos", afirma Rodenas. Para el defensor de derechos humanos, los países europeos podrían exigir al Gobierno del país centroamericano la mejora en la impartición de justicia: “Europa, España incluida, ha dado financiación y están en su derecho de exigir resultados. La administración de justicia debe alcanzarnos a todos los guatemaltecos”.
El abogado lamenta que la Cicig deje de funcionar en septiembre de este año. “El trabajo de la Cicig evidenció la participación de muchos funcionarios del Estado corruptos vinculados al crimen organizado y su enriquecimiento ilegal. La Comisión también permitió iniciar procesos legales de cerca de 60 casos y tocar estructuras como la militar, política y empresarial, que se vieron desnudadas por sus acciones al margen de la ley”, afirma. En 2017, la Cicig pidió el desafuero del actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Le acusó de irregularidades en la financiación de la campaña. Un año después, Morales prohibió la entrada al país al comisionado, Iván Velásquez, y revocó las visas para una parte del personal de la Cicig.
El presidente guatemalteco dijo que instancias gubernamentales absorberían la labor de la Comisión. Rodenas afirma que ni el Gobierno guatemalteco actual ni los candidatos presidenciales que concurren a la segunda vuelta electoral en agosto han dado indicios de querer dar continuidad a las investigaciones promovidas por el órgano." Rodenas explica que la responsabilidad de darle continuidad a las investigaciones será una decisión del nuevo fiscal designado por el presidente, pero afirma que el tema ni se ha mencionado en campaña.
El éxodo hacia Estados Unidos
En 2018, 16.800 guatemaltecos migraron del país, según estimaciones de la agencia de refugiados de la ONU. Es decir, casi el 1% de la población de un país de alrededor de 17 millones de personas lo abandonó. “Mucha gente se siente amenazada en sus hogares. La gente para huir de las amenazas, se va de Guatemala. A la oficina de la ODHAG llega mucha gente porque hay amenazas de muerte en su contra y no tienen mecanismos de supervivencia. Esos son los orígenes que causan la migración. Esta es una violencia estructural”, señala Rodenas. Según su análisis, el Estado no genera condiciones y la gente se rebela. La Cicig informó que en 2018 el 94% de los homicidios quedaron impunes.
La ONG Amnistía Internacional destaca en su último informe que “miles de personas siguen huyendo de Guatemala para dejar atrás los altos niveles de desigualdad y violencia”. Para Rodenas, la impunidad y el incumplimiento de los acuerdos de paz están también relacionados con que los guatemaltecos “se marchen al norte en busca de una vida mejor”. El Departamento de Estado de EE UU afirma que hay 620.000 guatemaltecos ilegales en su país. “La gente en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador no tiene más opción que arriesgarse a morir de hambre o a morir en el camino. Las personas huyen por violencia, por falta de oportunidades”, afirma Rodenas, y concluye: “El tema de los migrantes es el síntoma de una sociedad enferma”.
