La comunidad internacional presiona contra una amnistía de crímenes de la guerra civil en Guatemala

Han pasado ya más de 22 años desde el acuerdo de paz que puso fin a 36 años de la sangrienta guerra civil en Guatemala, saldada con 250.000 muertos y 40.000 desaparecidos según acuerdo a cifras de la Comisión de Esclarecimiento Histórico patrocinada por la ONU. Antes de estampar la firma final, el Ejército guatemalteco y la guerrilla acordaron una amnistía para los responsables de delitos políticos y comunes conexos, pero que, como correspondía, no ampara a los responsables de crímenes de guerra.

En las últimas semanas, un sector ultraconservador del Congreso del país centroamericano impulsa una ley que otorgaría una amnistía total a los exguerrilleros, militares y miembros de fuerzas de seguridad del Estado responsables de delitos de lesa humanidad. La medida beneficiaría a los 42 oficiales de grados superiores y a un ex guerrillero sentenciados a cárcel en procesos con todas las garantías judiciales. También a las 4.000 personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado y a 87 antiguos rebeldes que esperan a ser juzgados cuando la Fiscalía haya cerrado los últimos detalles de sus expedientes. Si esta ley se aprueba y entra en vigor, los involucrados serán excarcelados en solo 24 horas, mientras detiene las investigaciones en marcha sobre los responsables de otros crímenes de lesa humanidad.

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Guatemala promueve una amnistía para crímenes de lesa humanidad

Los especialistas consultados por EL PAÍS subrayan la aberración jurídica que supondría la entrada en vigor de la nueva legislación, en la medida en que, amén de contradecir a la Constitución y otras leyes ordinarias, también sería violatoria de los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por Guatemala. La promoción de la normativa solo se explica por la incondicionalidad del presidente, Jimmy Morales, a quienes contribuyeron en gran medida a que llegaran al poder: los veteranos del Ejército guatemalteco, reunidos en torno a la asociación Avemilgua, muchos de ellos señalados de crímenes de guerra y a quienes se les considera el auténtico poder detrás del cetro de Morales.

La comunidad internacional ha enviado mensajes cada vez más contundentes para que Guatemala corrija el rumbo. Todas las alarmas saltaron en enero, cuando Morales dio por terminado de manera unilateral el acuerdo de la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, auspiciada por la ONU). Ese día, Morales ordenó que vehículos artillados donados por EE UU para combatir el narcotráfico patrullaran la capital guatemalteca y rodearan tanto la sede de la comisión anticorrupción, como la Embajada estadounidense. Las advertencias fueron subiendo de tono hasta que, esta semana, el Gobierno de EE UU anunció la suspensión de toda ayuda militar hacia el país centroamericano.

En las semanas previas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Guatemala archivar la amnistía: “Su aprobación constituiría un desacato a lo ordenado por esta Corte”. Desde Nueva York, el asesor especial del secretario general para la prevención del genocidio, Adama Dieng, ha subrayado que esta ley representa un “retraso muy grave en los logros que Guatemala ha alcanzado en su búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un periodo muy oscuro de su historia”, cuya rendición de cuentas “es una herramienta fundamental para la paz y la seguridad”.

Dentro de Guatemala, el procurador de los Derechos Humanos –comisionado del Congreso para la defensa de los derechos humanos y la democracia, pero con autonomía total–, Jordán Rodas, subraya que aprobar esta amnistía “sería una bofetada a todas las víctimas del conflicto armado, personas que no buscan venganza sino justicia”. De aprobarse, añade, se crearía un gran manto de impunidad y contravendría todos los estándares internacionales. El Congreso, agrega el analista independiente Luis Linares, “ha dado muestra de una absoluta arrogancia: su mensaje es de desprecio hacia todas las acciones ejecutadas para el castigo de crímenes como las desapariciones forzadas y masacres de la guerra. No puede prosperar: es ilegal”. En esta apreciación coincide Gustavo García Fong, experto de la Asociación de investigación y Estudios Sociales: aprobar esta ley dejaría a Guatemala como un Estado que no sabe honrar ni cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos. Las consecuencias, agrega, se dejarían sentir a corto plazo: “ningún Estado estaría dispuesto a cooperar con un país que promueve iniciativas contrarias a los derechos humanos”.

Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), el principal promotor de la norma junto a su correligionario Fernando Linares Beltranena niega que se busque una amnistía, sino que la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en 1996 y que permitió firmar la paz, alcance también a los militares. Cuestionado sobre el hecho de que los militares condenados no lo fueron por hechos de guerra, sino por crímenes de lesa humanidad, como torturas o desaparición de personas, Conde recuerda que en 1996 Guatemala todavía no era parte de la Convención que establece la no prescripción de delitos de lesa humanidad. “Es un debate jurídico que se tendrá que dar en algún momento”, cierra. Conde y Linares son considerados aliados en la sombra del presidente Morales.

Blanca Quiroa Hernández, madre de un secuestrado-desaparecido por el Ejército en los ochenta, recuerda que lo capturaron cuando acababa de cumplir 22 años: “Era mecánico automotriz y dejó huérfano a un bebé de año y medio”. Con otras madres, fundaron la asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala, Famdegua, cuyo trabajo ha permitido excavar fosas clandestinas e identificar, merced al ADN, a decenas de víctimas de masacres. Uno de los casos mejor documentados y cerrados con condena es el conocido como Sepur Zarco, en alusión a la región del departamento de Alta Verapaz (norte), donde se encontraron 562 osamentas en el interior de un cuartel militar. Hasta allí eran llevados, torturados y asesinados los sospechosos de colaborar con la guerrilla, simples campesinos, en realidad, que querían legalizar sus tierras para evitar el despojo de los terratenientes del lugar. “Los cuerpos estaban atados de pies y manos. Se les vendaban los ojos y se les amordazaba”. relata Quiroa. “A esa gente [a sus verdugos] les quieren dejar en libertad, impunemente”.