El pacto migratorio con EE UU pone a prueba la capacidad de Guatemala

Casi 24 horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara con bombo y platillo desde el Despacho Oval que Guatemala había aceptado convertirse en “tercer país seguro”, la única certeza en el país centroamericano es que nadie sabe nada. El compromiso adquirido sigue siendo un secreto guardado bajo siete llaves. Incluso el lenguaje utilizado en el comunicado conjunto, deliberadamente ambiguo, parece pensado para mantener la incertidumbre: mientras en uno de los puntos del texto los Estados Unidos “prevén colaborar para fortalecer las capacidades institucionales de Guatemala”, más adelante se puntualiza que “ninguna disposición (…) deberá interpretarse de manera que obligue a las partes a erogar o comprometer fondos”.

Al filo del mediodía de este sábado, ni el presidente Morales ni ningún funcionario de Exteriores habían comparecido ante la opinión pública para explicar el alcance de lo firmado. Lo único que se tiene es la nota emitida el viernes, en la que se alude al acuerdo como de “cooperación respecto al examen de solicitudes de protección”. Un eufemismo, según la percepción de todos los analistas consultados, para disfrazar los compromisos que se contraen en calidad de país seguro, como sí lo llama Trump.

Al margen del comunicado, el silencio extremo despierta suspicacias: en los analistas y en la propia sociedad guatemalteca se ha instalado un manto de duda sobre lo realmente acordado por su Gobierno. “Las autoridades de Estados Unidos anuncian la firma de un solo convenio y Morales, en cambio, nos hace creer que fueron varios convenios. Esto puede encerrar una sorpresa”, subraya el excanciller y abogado constitucionalista Gabriel Orellana. “En este momento, todos estamos completamente ignorantes acerca de qué fue lo acordado. Ni siquiera si lo firmado es válido o no”.

Hay, además, crecientes voces que ponen en tela de juicio si Guatemala está en capacidad económica de absorber a los miles de migrantes que lleguen al país. “La falta de condiciones dignas para los guatemaltecos en educación, salud o nutrición son, precisamente, las que orillan a los connacionales a migrar. ¿Con qué capacidad en Estado brindará a miles de personas de otros países?”, se pregunta Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos. “Eso no tiene sentido, carece de lógica, es ilegal y antiético”, agrega, al tiempo que tilda el acuerdo de irreal, engañoso y sin ninguna viabilidad, fruto de una negociación bajo la mesa.

El excanciller Edgar Gutiérrez también cree que el acuerdo no podrá ser implementado en la práctica. “No se dispone de la capacidad ni de la institucionalidad, ni de la disciplina ni de los recursos para darle un mínimo de cumplimiento, pero se presta a que Trump siga extorsionando al país con la primera señal de incumplimiento”, subraya. Por Guatemala, recuerda, pasan al año al menos 360.000 migrantes, una cifra que bien podría duplicarse en los próximos años.

La Iglesia católica se ha mostrado contraria a la firma del tratado al resaltar, en un comunicado, su convicción de que el país no puede absorber a la población migrante. Los obispos manifiestan “su gran inquietud ante la poca transparencia con la que se ha manejado el asunto, cuando es de grandísima relevancia pública y afecta a todo el país”.