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Guatemala: al borde de una oportunidad perdida

La forma en que se decida el futuro de una fiscalía internacional contra la corrupción e impunidad, tendrá efectos por décadas y fuera de sus fronteras

El presidente Morales, en una imagen de archivo.
El presidente Morales, en una imagen de archivo.

Quienes conocen Guatemala saben que no le son ajenas las crisis. Es difícil identificar un periodo extendido de su historia en la cual haya gozado de razonable paz y prosperidad. Hoy vive una nueva. Una que se ha desarrollado en cámara lenta durante los últimos años y ha llegado ahora a su cúspide. Hoy enfrenta directamente al presidente Morales con una comisión internacional y la Corte de Constitucionalidad.

En un Estado de derecho nadie está por encima de la ley y son quienes gobiernan los primeros llamados a cumplirla. Pero este no ha sido siempre el caso. La corrupción e impunidad afectan a gran parte de las entidades públicas e incluso a las instituciones de justicia encargadas de aplicar las leyes. Como consecuencia, es imposible implementar políticas efectivas de desarrollo que ayuden a elevar el nivel de vida de todos sus habitantes, y no solo de quienes integran la clase política. En Guatemala, según Unicef, el 48,8% de los niños sufren desnutrición crónica. La peor tasa del continente americano. Junto con su vecino El Salvador, se disputan algunas de las tasas de violencia homicida contra jóvenes más altas del mundo. Esto no se cambia con simple buena voluntad o ayuda extranjera, requiere de transformaciones que sacudan los cimientos de un sistema que no funciona para quienes más lo necesitan. Imposible cuando existen figuras más poderosas que el Estado mismo.

Corrupción e impunidad hay en muchos países. Guatemala no es única en este campo. La diferencia es la creación de una fiscalía internacional integrada por expertos extranjeros para combatirla. En 2007 se estableció, por solicitud de Guatemala a Naciones Unidas, una comisión como fiscalía internacional independiente con el objetivo de investigar y presentar ante los tribunales nacionales a personas con poder e influencia para abstraerse de la justicia. No existe otra igual. Sirvió de antecedente para la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la esperanza es que se replicara y adaptara en otros países con similares problemas. En Ecuador y El Salvador ya se ha anunciado la creación de comisiones internacionales. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aunque novel y experimental, es un esfuerzo de Guatemala junto con la comunidad internacional para enfrentar una de las más grandes amenazas a la paz: la impunidad. Constituye un esfuerzo práctico y temporal de usar las mismas Cortes nacionales para aplicar la ley a quienes gozan de inmenso poder.

En sus esfuerzos por descubrir la corrupción la CICIG ha sido exitosa. Como resultado de sus investigaciones se encuentra la máxima cúpula del Gobierno del 2015 detenida. Son numerosos los anteriores diputados, ministros, secretarios de Gobierno y demás funcionarios que han sido condenados o que hoy deben enfrentar un juez y no lo habrían hecho sin CICIG.

No todo ha sido positivo, pero en la balanza esta Comisión demostró que ni el poder político ni el económico serían obstáculo para enfrentar cargos ante un tribunal. Además, ha resaltado debilidades endémicas del sistema de justicia y penitenciario que son injustificables. La Comisión tiene un importante campo para mejorar y lamentablemente no ha aprovechado muchas oportunidades para hacerlo. Ha cometido errores. Resulta indispensable que exista un mecanismo interno que sea eficaz para evaluar sus propias conductas. Que pueda y deba mejorarse no justifica las intenciones de eliminarla.

Este esfuerzo, hoy se encuentra en riesgo y sin alternativa viable que nos permita entender razonablemente que las decisiones públicas se toman con base en el interés general. El presidente ha declarado persona non grata y expulsado al comisionado, quien desde hace meses dirige la institución desde una especie de exilio. Ha evitado el ingreso al país del personal de la Comisión. Le ha retirado el personal de protección y ha declarado terminado anticipadamente el acuerdo que la crea. Todas estas decisiones han sido declaradas inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad. El Ejecutivo ha hecho poco caso a esos pronunciamientos y el tribunal hasta ahora ha sido tímido para hacer cumplir sus resoluciones.

Se encuentra entonces Guatemala, y la comunidad internacional, al borde de perder la oportunidad de marcar un cambio positivo y prolongado cuya experiencia pueda ser replicada y mejorada por otros países con problemas similares. En algunos países será imposible retornar al Estado de derecho cuando las cortes han sido cooptadas, la CICIG ofrecía una herramienta. Pero sobre todo, ofrecía la oportunidad de promover el ideal de que nadie está por encima de la ley y que no aplica solamente al débil.

Este lento desmantelamiento es producto de una decisión política sin aparente respaldo popular. Tampoco resulta amparado por derecho constitucional ni internacional. Si continúa, en pocos meses, se habrá perdido una oportunidad para ir construyendo las bases de un país más justo. Quizás dentro del contexto de otras crisis en América Latina no se aprecie que la forma en que se decida el futuro de la Comisión Internacional contra la Impunidad, tendrá efectos por décadas y fuera de sus fronteras. La Comisión es una herramienta más para reconstruir sistemas de justicia en democracias heridas y agobiadas por la corrupción, Guatemala es tan solo el primero de ellos. Este esfuerzo debe de ser promovido y defendido.

Alexander Aizenstatd es abogado guatemalteco especialista en derecho internacional graduado de la Universidad de Yale.

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