Un juez bloquea el intento de Trump de frenar a la mayor parte de solicitudes de asilo centroamericanas
El presidente de EE UU introdujo una nueva normativa que, en la práctica, dejaba casi sin opciones de asilo a los migrantes del sur

Las medidas migratorias de Donald Trump se dan de bruces de nuevo con los tribunales. Un juez federal de San Francisco bloqueó este miércoles por la noche la nueva normativa con la que el presidente de Estados Unidos restringía las condiciones de asilo hasta el punto de frenarlas casi en seco para los centroamericanos.
En concreto, la orden ejecutiva aprobada el pasado 16 julio establecía que los migrantes debían pedir asilo en el primer país seguro por el que pasaran antes de llegar a la frontera estadounidenses y solo optar por EE UU si se les había negado allí previamente, con excepciones para las personas que hayan sido objeto de trata.
El juez Jon S. Tigar considera esa orden "arbitraria" e "inconsistente con las leyes de asilo existentes" y obliga a la Administración de Trump a seguir aceptando las peticiones de asilo de todos los solicitantes. El fallo, que será probablemente recurrido por el Gobierno, seguirá el habitual periplo por las distintas instancias judiciales. Estados Unidos está experimentando la llegada masiva de familias de Centroamérica que huyen de la miseria y de la violencia atravesando México.
El objetivo de Trump es que su vecino del sur y otros países asuman la mayor parte de este éxodo centroamericano. La cifra de personas en tránsito este año podría alcanzar las 800.000, según el Gobierno mexicano. La orden sobre las solicitudes de asilo se enmarca en una nueva ola de medidas restrictivas contra la inmigración irregular.
Esta semana la Administración anunció un plan para implementar las “deportaciones exprés” en todo el país, que afectará a los indocumentados que no puedan probar a los agentes que han estado viviendo los dos últimos años en EE UU sin interrupción. La expulsión será directa, sin pasar por un juez de inmigración, lo que hasta ahora, solo se aplicaba a detenidos dentro de los 160 kilómetros desde el límite fronterizo con México si no podían demostrar que llevaban mínimo 14 días en el país.
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Pocas deportaciones, mucho terror
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