Hong Kong mantiene el pulso a su Gobierno por la ley de extradición

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“Carrie Lam, la jefa del Ejecutivo hongkonés, tiene más miedo de Pekín que de sus ciudadanos”, se lamenta Nathalie, diseñadora de 24 años. Con sus amigos, y otros miles de personas, ha desafiado la lluvia para manifestarse durante la noche en los jardines en torno a la sede del Parlamento autónomo. La idea es evitar que este miércoles pueda celebrarse la segunda lectura del odiado proyecto de ley de extradición, que por primera vez permitiría enviar fugitivos desde Hong Kong a China. Una medida contra la que se manifestaron un millón de personas el pasado domingo según los organizadores, 240.000 según la Policía, pero que la ministra jefe insiste en sacar adelante lo antes posible.

Nathalie no se siente optimista, reconoce. Que el Ejecutivo autónomo siga adelante con los planes, aunque uno de cada siete hongkoneses se echara a la calle el domingo, ha sido un varapalo. “Pero al menos tenemos que intentarlo. Tenemos que luchar por la libertad, y demostrar que no aceptamos esta imposición”, afirma, señalando con un gesto circular la bahía al pie de los jardines.

El ambiente, cerca de la medianoche, era de calma y casi festivo, pese a las vallas y la fuerte presencia policial. Un grupo de jóvenes cristianos canta aleluyas. Otros reparten rosas y margaritas de color blanco: “Es para mostrar que somos pacíficos, que solo queremos hacernos oír”, sonríe Joycee, una de las voluntarias.

El centro de Hong Kong estaba repleto de policías. De uniforme, en indumentaria antidisturbios, de paisano. Según el diario South China Morning Post, cerca de 5.000, de los 30.000 que componen la fuerza hongkonesa, han quedado movilizados para evitar incidentes en las sesiones de debate del proyecto de ley, o en las protestas convocadas fuera del parlamento. En las cercanías del legislativo inspeccionan minuciosamente cada vehículo; en otros puntos, piden la documentación. Varios jóvenes han tenido que someter sus bolsas a registros.

Para el miércoles, además de las manifestaciones, varias organizaciones ciudadanas han convocado una huelga, a la que ya han anunciado que se adherirán al menos dos millares de negocios, la mayoría de pequeño tamaño. Un paso insólito en una ciudad que lleva en las venas el afán de lucro. Otras firmas de mayores dimensiones, entre ellos varios bufetes de abogados, han anunciado que dejarán libertad a sus empleados para que, si lo desean, se sumen a las protestas. El sindicato de conductores de autobús ha pedido a sus miembros que trabajen este miércoles “con seguridad” y circulen a velocidad reducida.

En juego está, afirman los manifestantes, el principio de “un país, dos sistemas”, que otorga al territorio autónomo derechos y libertades desconocidos en la China continental y que el Gobierno central prometió respetar durante 50 años en 1997, cuando el Reino Unido devolvió la excolonia a la soberanía china. Pero desde entonces, afirman, China ha ido aumentando su interferencia en la gestión del territorio. Y si “un país, dos sistemas” se diluye -sospechan-, también se diluirá la identidad hongkonesa.

Con la nueva ley de extradición, temen los opositores, Pekín puede reclamar a cualquiera que considere crítico, aduciendo cualquier excusa. Ponen como ejemplo el secuestro a manos de las fuerzas de seguridad chinas en 2015 de cinco libreros que publicaban obras que Pekín consideraba ofensivas, y que acabaron del otro lado de la frontera bajo custodia de las autoridades de la República Popular. Preocupa también la situación que podría afrontar un extraditado en un sistema legal opaco, donde persiste la tortura aunque esté prohibida sobre el papel, se dan casos de confesiones forzosas y la ley permite retener a un sospechoso sin acceso a un abogado y en paradero desconocido durante seis meses.

El Ejecutivo de Lam replica que ya ha modificado el proyecto de ley en dos ocasiones y que, para extraditar a los sospechosos que reclame China, exigirá garantías a ese país; la solicitud no podrá tener motivaciones políticas ni religiosas, e incluso si los tribunales autorizan la entrega, el Gobierno tendrá la última palabra. La ministra jefa ha dejado claro que no piensa ceder ante los ciudadanos. Según asegura el Gobierno, el departamento de Seguridad Pública considera urgente la aprobación. Tanto, que el presidente del legislativo autónomo, Andrew Leung, ha anunciado que limitará el tiempo de debate a 61 horas, lo que abre la puerta a que la votación final y la aprobación definitiva -el Gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría parlamentaria- pudiera ocurrir ya el jueves 20.

“Si los tribunales dicen que no, ¿China aceptará humildemente la decisión o arremeterá contra nuestras cortes? La jefa del Ejecutivo responde ante Pekín, ¿va a denegar la entrega, pudiendo alegar que los tribunales ya han dado el visto bueno? Son interrogantes muy reales que preocupan, literalmente, a un millón de personas en Hong Kong. Si el Gobierno fuera sincero al escuchar a los ciudadanos, debería como mínimo parar la tramitación de la ley y dejar más tiempo para consultar al público”, afirmaba el martes en un simposio celebrado en la Universidad de Hong Kong el jurista y catedrático de esta institución Johannes Chan.

“Escuchar a los ciudadanos no va a perjudicar la autoridad del Gobierno. Al contrario, adoptar esta actitud de ‘yo sé mejor lo que conviene’ roza el Gobierno dictatorial”, sostenía Chan. La propia diócesis católica de Hong Kong ha lanzado también un llamamiento a no aprobar “apresuradamente” el proyecto de ley.