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José Miguel Vivanco (HRW): “Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ni ha dado explicaciones serias”

“Es de esperar que el Senado rechace su ascenso”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG

Vivanco, durante una reunión en Chile en noviembre de 2015.
Vivanco, durante una reunión en Chile en noviembre de 2015.

La ONG Human Rights Watch (HRW) lleva años denunciando e investigando casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Los cuestionamientos al actual comandante en jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, que sin ser responsable directo de supuestos crímenes sí estuvo al mando de una brigada señalada por casi 300 homicidios, se multiplicaron en las últimas semanas. Este miércoles el Senado colombiano tiene previsto decidir si ratifica su ascenso como general de cuatro soles, la distinción militar más alta del país.

Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".

"En efecto", prosigue, "fue el jefe de Estado Mayor de una brigada que, según las investigaciones de la justicia colombiana, está asociada con falsos positivos y vínculos con el paramilitarismo durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Es de esperar que el Senado rechace su ascenso. De lo contrario, estaría demostrando que unas denuncias graves sobre violaciones a derechos humanos no son un obstáculo para comandar el Ejército", mantuvo.

El Ejecutivo de Iván Duque, según varias organizaciones, ha colocado en puestos clave del Ejército colombiano al menos a nueve generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas después como muertes de guerrilleros en combate durante el conflicto armado entre el Estado y las FARC.

Según la Fiscalía General de la Nación, más de 2.200 civiles fueron asesinados entre 1998 y 2014. Aun así, según los cálculos de los investigadores, la práctica totalidad de los asesinatos, un 97%, se produjeron durante los mandatos del expresidente Álvaro Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

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