Bolsonaro apuesta por presionar al Congreso desde la calle ante la falta de apoyo parlamentario

El lunes por la mañana, el presidente Jair Bolsonaro dio una de cal. En un discurso descalificó al establishment político, del que forma parte hace tres décadas. “Brasil es un país maravilloso, lo tiene todo para funcionar bien. El gran problema es nuestra clase política”, dijo quien fuera diputado hasta las elecciones, en las que se impuso al candidato del Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad. Después, provocó a los parlamentarios: “Si la Cámara y el Senado tienen propuestas mejores que la nuestra, que las sometan a votación”. Y por la tarde, en otro evento, dio una de arena. “Valoramos el Parlamento brasileño, sí, que será quien tenga la última palabra en la cuestión de [la reforma de] las pensiones, tan rechazada en los últimos años”.

El vaivén del discurso del mandatario brasileño no altera, de momento, el plan A del bolsonarismo esta misma semana: el intento del presidente de poner contra las cuerdas a los parlamentarios transformando la movilización de sus seguidores en las redes sociales en un movimiento de las calles convocado para este domingo. El discurso que considera al presidente un rehén del Parlamento y de la “vieja política” —y que a veces hasta menciona el cierre del Congreso como medida— es diseminado por los grupos de WhatsApp bolsonaristas, que fueron determinantes en la campaña electoral. Estos grupos son estimulados, más o menos explícitamente, por una parte del bolsonarismo puro: desde el propio clan familiar hasta nombres vinculados al escritor Olavo de Carvalho, como el asesor de la presidencia Filipe Martins. El movimiento en el mundo virtual inspira desconfianza en Brasilia, ya que se trata de un terreno donde los “radicalismos se superponen al diálogo”, según definió el lunes el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas (más conocido como DEM).

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¿Funcionará la estrategia? Todo dependerá del impacto de las manifestaciones de apoyo al Gobierno que los fieles al presidente planean en al menos 50 ciudades del gigante latinoamericano. Será una suerte de desagravio, después de que el miércoles pasado miles de personas salieran a la calle para protestar contra el congelamiento del 30% en los recursos destinados a educación, una marcha que está previsto se repita el próximo jueves. El presidente del Partido Social Liberal (PSL, la formación de Bolsonaro) ha asegurado este martes que la marcha en favor del presidente no tiene sentido: "No necesita (que la gente se manifieste) porque fue constitucional y democráticamente alzado al poder. No ha cometido ningún crimen de deshonestidad, ni administrativo. Tiene una red social inmensa", ha declarado el también diputado Luciano Bivar.

En el caso de las protestas a favor de un presidente que gobierna hace casi cinco meses y que tiene la popularidad más baja de un líder en su primer mandato desde 1992 (apenas el 35% de aprobación), no está totalmente claro quiénes son, de hecho, sus organizadores. Si son partidos políticos (o al menos el suyo, el PSL), la sociedad civil o grupos organizados, como el de los camioneros. “No se trata de un tercer turno electoral. Son actos convocados por militantes. Yo misma decidí unirme después que los vi en las redes sociales”, afirmó la diputada federal Bia Kicis (PSL), una de las más férreas defensoras de Bolsonaro en el Congreso.

Dentro del propio PSL y entre los activistas más escorados derecha, como el Movimiento Brasil Libre (MBL) o el Vem Pra Rua (Ven a la Calle), la adhesión no está siendo automática. Al contrario: considerado uno de los principales activistas a favor de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, del PT, y de la consecuente elección de Bolsonaro, el MBL anunció el pasado fin de semana que no apoya la protesta. Renan Santos, uno de los líderes del grupo, dijo que la manifestación crea tensión contra el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, y también asusta a los militares. “Todo lo que pretenden es generar caos. Solo sobreviven en el desorden. Pidieron la intervención militar en 2014, la invasión del Congreso en 2015, la revolución camionera en 2018 y ahora creen que ha llegado el momento de la verdad”, afirmó en la red social Twitter.

En las propias huestes del partido presidencial, la diputada Janaína Paschoal (PSL), que llegó a barajarse para el puesto de vicepresidente de Bolsonaro, afirmó que no apoya las manifestaciones, que considera irracionales: “El presidente fue elegido para gobernar dentro de las reglas democráticas, según lo previsto en la Constitución Federal. Está confundiendo adrede discusiones democráticas con el toma y daca”. La reacción negativa suscitó también una reacción entre quienes sí defienden la medida. “El PSL está unido. Solo Janaína está en contra”, minimizó la también legisladora Kicis. El MBL, dice, fue un importante movimiento conservador que actuó contra la gestión del PT de Lula da Silva, pero no son fundamentales para dar apoyo al Gobierno. “No son los dueños de las calles ni de las manifestaciones de derecha”, ponderó. En la opinión de Kicis, la protesta servirá para presionar a los diputados para que aprueben tres proyectos del Gobierno: la reforma de las pensiones, el pacto anticrimen del ministro de Justicia Sergio Moro y la medida provisional 870, una reforma administrativa para reducir de 29 a 22 el número de ministerios.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno se depara con once medidas provisionales a punto de caducar. Bolsonaro no tiene apoyos: 305 diputados de 21 partidos se declaran independientes y otros 134 diputados de 6 formaciones están en la oposición. Solo quedan los 54 diputados del PSL y otros 20 con los que EL PAÍS no pudo contactar para que manifestasen sus posiciones políticas.

Sin ese apoyo, Bolsonaro pone en riesgo también su reforma de las pensiones. El fin de semana pasado, circuló entre la clase política la información de que el Parlamento estaba elaborando un nuevo proyecto para alterar la propuesta del Gobierno. Rápidamente, el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el secretario de Seguridad Social y Trabajo, Rogério Marinho, se reunieron con Maia y con el ponente de la reforma, Samuel Moreira, para intentar superar obstáculos. “Hubo ruido en la comunicación. Las alteraciones se harán a partir del proyecto presentado por el Gobierno, como siempre se ha hecho en el Parlamento”, minimizó Marinho.