Un cálculo político y un delito probado

La llegada de un nuevo Gobierno hace ya nueve meses que quiere ajustar los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las FARC para recomponer el tribunal de justicia transicional, entre otras estructuras en la que se soporta el acuerdo del fin del conflicto firmado por el expresidente Juan Manuel Santos, ha terminado por someter a los jueces a la más dura presión política. También a cometer serios errores en el camino, en su mayoría inducidos por el fiscal saliente como lo prueba la recaptura, horas atrás, de Jesús Santrich, quien claramente se ve cometiendo un delito desde hace un año sin que la justicia ordinaria asumiera su proceso como le correspondía.

Dos temas de interés histórico para Estados Unidos como son la extradición y la búsqueda de un aval para regresar a la fumigación del glifosato para erradicar cultivos ilícitos, terminaron con visados retirados a magistrados o al menos la amenaza de su retiro. No es menester confundir el retiro de visados a otros togados involucrados en actos de corrupción. Pues bien retiradas están las últimas que no las primeras.

Es el caso de la Corte Constitucional, nuestra garantía de vivir en un Estado de derecho, de todos los derechos consagrados y conquistados, que ahora deberá resolver nuevamente lo que el Congreso no logró evacuar, en este caso, las seis objeciones que el presidente Iván Duque presentó a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar a los excombatientes, militares y terceros involucrados en el conflicto.

Esa misma JEP tenía entre sus decisiones determinar si Jesús Santrich, preso desde abril de 2018, debía o no ser extraditado. Solo debía establecer si cometió el delito en una fecha posterior a la firma del acuerdo de paz, o sea el 1 de diciembre de 2016. La JEP se trenzó en una discusión eterna sobre si eran competentes para estudiar las pruebas de la Fiscalía que encabezaba Néstor Humberto Martínez, que las negó con el argumento de que las tenía Estados Unidos.

Llegada la fecha de tomar la decisión, por demás bastante tardía, la JEP, que ha debido abstraerse de todas las presiones, olvidar los desafíos y fallar en derecho, o mandar a la Corte Suprema el caso Santrich, no lo hizo. No atendió el llamado del procurador Fernando Carrillo, en lo que podía encontrar la salida legal. Y en cambio volvió pedazos su propia legitimidad: negó la extradición de Santrich y pidió su libertad.

Y además, la JEP con su decisión, le dio la salida al fiscal general de la nación, quien aprovechó y renunció como mártir para buscar un heroísmo en la ultraderecha, argumentando que se iba porque no podía refrendar “este desafío al orden jurídico". "mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden.”

Los tribunales llamados a guardar el equilibrio, a demostrar que no son tribunales de la impunidad, cayeron en la trampa y hoy Colombia vuelve a transitar por días sin tranquilidad, y volvemos a informar, mínimo, de un líder asesinado en nuestras regiones cada 24 horas, de excombatientes sin seguridad para recorrer el camino de la reconciliación, con la economía en ascuas por tanta política de bajo nivel que ojalá no afecte las proyecciones más optimistas.

Es cierto, como dice la jurista Catalina Botero, que en un Estado de derecho todas las decisiones deben basarse en evidencias legalmente recolectadas. La JEP incluso cuestiona la manera en que esa evidencia habría sido conseguida. Dice en su fallo: “…Porque se deriva de una prueba que, al margen de no haber sido allegada, se concluye fue obtenida con vulneración de derechos fundamentales y sin el cumplimiento de los prerrequisitos de las internacionales para su recolección en territorio de un Estado distinto…”

Dice Botero que la JEP no encontró prueba de que se haya cometido el delito después de la fecha en cuestión y que pidió a la Fiscalía seguir investigando. Y que ante estas consideraciones “los jueces fallan en derecho con pruebas, al menos en una democracia”.

Así es. Pero también la JEP concluye que “…no significa que la sección hubiese determinado que la conducta no existió, pues ello es un análisis propio del juez de la causa penal” ¿Y entonces? Pues que estamos ante un caso político, no jurídico.

La fecha de la comisión del delito que puede verse en el video completo filtrado a los medios cuando el daño ya estaba hecho, muestra claramente el delito y que la fecha fue posterior. Lástima que no le fue allegada la prueba a la JEP, y por el contrario se evitó, insisto, por razones, políticas, que la tuviera. De ahí que era fundamental dejar el caso en manos de la Corte Suprema de Justicia. En buen momento se ordenó la recaptura porque impune no puede quedar ese delito.

Ahora viene la tarea de reemplazar al fiscal. El Gobierno ha nombrado a una mujer como Margarita Cabello, una exmagistrada, para iniciar la tarea de conformar una terna de personas dignas que puedan reemplazar al saliente y que ojalá llegue a profundizar en el más vergonzoso escándalo de corrupción política empresarial de América, las interceptaciones de llamadas telefónicas que han proliferado o se han inventado en busca de anuncios espectaculares para luego no poder probarlas o esconderlas, ir al fondo de la corrupción del extraditado fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y su amigo Leonidas Bustos.

Desafío grande encontrar a un colombiano que sea capaz de investigar e impartir justicia con transparencia. Necesitamos recuperar la confianza en las instituciones que nacieron del acuerdo y en la de la justicia ordinaria tan abusada por la oscuridad de los que llegan a dirigirla, olvidando que en este mundo de círculos los cálculos no son exactos y la verdad siempre termina por imponerse sobre la mentira.

Tienen los partidos, que han sido convocados a un acuerdo nacional, la prueba de fuego para honrar la democracia y no para devolvernos a las épocas ya superadas en que se nos pelaron las rodillas ante el imperio y permitimos que el narcotráfico atravesara la moral nacional y volviera a los hijos, sicarios y a los pobres, guerrilleros para luego regresar a los paramilitares matando líderes, como ya está ocurriendo. Eso fue con lo que quiso acabar el Gobierno pasado. Que la revancha no nos arrastre de nuevo a la violencia. Que sea el talante de la nueva generación que el presidente Iván Duque pide que dejen demostrar sus capacidades la que se imponga si de verdad queremos cambiar el rumbo.