Reglas y pactos

Casi 20 años después de la entrada en vigor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Unión Europea afronta unas elecciones que deben dar pie a un nuevo marco económico donde los Veintisiete repiensen las reglas que van a regir su destino y el de las generaciones venideras durante los próximos años. No cabe duda de que es más fácil imaginar ese escenario que propiciarlo, pero son demasiadas las voces expertas que insisten en la necesidad de un cambio de reglas para hacer frente al futuro de la economía europea.

Entre esos expertos, el economista francés Jean Pisani-Ferry cita a John Maynard Keynes para defender las reformas. “Cuando cambian los hechos, cambia el pacto”, arguye. Las condiciones de la economía europea son hoy bien distintas de las de 1997, y ante circunstancias diferentes, distintas deben ser las respuestas. Entonces la necesidad de fijar un marco donde los Estados miembros se obligaran a reducir la deuda bajo una moneda común era el entorno necesario para que una unión monetaria funcionara. No en este momento.

Entonces, el tipo de interés que el mercado fijaba como fuera de riesgo rondaba el 5% frente al 0% actual. Y en un entorno de tipos de interés gratuitos, la política monetaria debe forzar un cambio de paradigma. Lo que valía hasta hace muy pocos días ha dejado de ser una referencia válida para consumidores e inversores. Y ese escenario obliga también a diseñar una nueva política económica.

En 1997, el riesgo de países como Alemania o Francia —lo que podía considerarse un tipo de interés bajo— se situaba en el 5%. Ahora, el Banco Central Europeo presta a la mayoría de las entidades bancarias a un tipo del 0%, lo que supone que la mayoría de las inversiones realizadas por las entidades financieras están exentas de riesgo, independientemente de dónde inviertan ese capital. Y es ahí donde los expertos ponen el énfasis. Con Europa atrapada entre los planes de inversión de China y Estados Unidos para avanzar hacia la economía 5.0, las autoridades no deberían ignorar la importancia de los planes de inversión pública, sin que ello penalice las cuentas de cada Estado de la Unión.

Para Pisani-Ferry, la UE debe abordar una reforma que permita a los Estados miembros elevar su déficit más allá del 3% del PIB, siempre que esté respaldado por un aumento de la inversión pública y el gasto productivo, algo difícil de discernir. ¿Qué es gasto productivo y qué no lo es? Eso forma parte de la contabilidad pública que debe someterse a escrutinio y, con ello, discernir si beneficia al modelo económico o no.

Erik Nielsen, economista jefe de Unicredit, defiende que la inversión dedicada a preparar a la economía europea para el mundo digital y para las futuras generaciones no debería contabilizar como déficit. Es decir, que partidas como la educación o la investigación y el desarrollo deberían ser consideradas inversiones y no gasto público para el Pacto de Estabilidad. Claro que exige un proyecto de largo plazo para Europa.