Indigenismo simulado

El 26 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) lanzó una convocatoria para iniciar la consulta indígena sobre el corredor transístmico, un proyecto central del nuevo Gobierno que busca reactivar la economía del sur a través de una vía ferroviaria de 304 kilómetros y de carreteras aledañas, que servirán para transportar pasajeros y, según estima el gobierno, 5,6 millones de toneladas de carga al año, entre el Océano Pacífico en el Estado de Oaxaca y el Golfo de México en el Estado de Veracruz, pretendiendo competir con el tráfico económico que atraviesa al Canal de Panamá, aunque este último transportó, solo en el 2018, 442,1 millones de toneladas de carga.

Sin embargo, la convocatoria se hizo con apenas cuatro días de anticipación, y fue lanzada por una autoridad incompetente para ello: la SHCP, que no está facultada para convocar o implementar consultas indígenas, ya que dichas funciones corresponden exclusivamente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Así, la convocatoria es contraria a los artículos 14 y 16 constitucionales y, por lo tanto, es ilegal.

Al igual que la convocatoria, la consulta fue exprés. Solo un mes después del lanzamiento del comunicado de Hacienda, el presidente López Obrador declaró: “[y]a se hizo la consulta y la gente está a favor del proyecto transístmico (…) No se vayan a enojar mucho nuestros adversarios, porque ya se hizo la consulta, se les fue. Ni modo, Margarito”. Con esa afirmación, el Ejecutivo confesó abiertamente que su Gobierno violó una de las principales garantías para los pueblos indígenas respecto a las consultas, ya que estas siempre deben acompañarse de observadores de derechos humanos, miembros de la sociedad civil y medios de comunicación que vigilen que la consulta se realice de manera adecuada. Aun así, el presidente celebró que la consulta “se le fuera” a “sus adversarios”.

Ahora, la pregunta es ¿a quiénes se consultó?

La consulta se hizo, supuestamente, a comunidades de 11 pueblos indígenas. Sin embargo, en Oaxaca y Veracruz habitan 28 pueblos. ¿Por qué no se consultó a los 17 pueblos faltantes? El Gobierno no lo ha justificado, a pesar de que está obligado a consultar, no solo a los pueblos cuyas tierras –propiedades en estricto sentido – sean afectadas directamente, sino también a aquellos cuyo medio ambiente o prácticas culturales, religiosas, sociales o económicas puedan verse afectadas por el proyecto. De hecho, uno de los objetivos de las consultas consiste, justamente, en determinar cuáles pueblos serán afectados y cuáles no: para ello, se les pregunta, por ejemplo, si cazan en el lugar que será afectado o si llevan a cabo prácticas religiosas ahí, entre otras cuestiones.

Otro requisito constitucional para las consultas consiste en que sean interculturales, es decir, que fomenten el diálogo entre los diferentes pueblos cuando más de uno de ellos sea afectado, para que así puedan construir un consenso común en el marco de sus diferencias. Por eso, vale la pena preguntar, ¿un mes fue suficiente para que las comunidades de once pueblos consultados, con diferentes culturas, pasados históricos y creencias, decidieran unánimemente en favor del corredor transístmico?, ¿fue suficiente para que negociaran y acordaran las condiciones de su aceptación?

Por otro lado, en los Estados de Oaxaca y Veracruz habitan, aproximadamente, 8.086 comunidades indígenas, 2.578 comunidades con presencia indígena y 5.099 comunidades con población indígena dispersa, según información del INPI. ¿A cuáles y a cuántas de esas comunidades se convocó a la consulta? No se sabe, ya que no hay información pública al respecto, a pesar de que la publicidad mediante una convocatoria dirigida hacia cada comunidad en específico, en español y en sus propios idiomas, es un prerrequisito para que las consultas se lleven a cabo.

Al respecto, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) denunció que la consulta se realizó en sedes alejadas de las zonas que serán afectadas directamente por el corredor transístmico. Además, la misma organización señaló que en las consultas reinó la desinformación, debido a que no se les proporcionó información suficiente y objetiva (afirman que ni siquiera los funcionarios públicos conocían más allá de generalidades del proyecto), como establecen las normas en la materia.

Ahora bien, los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas (artículo 2° constitucional, apartado A y artículo 6° del Convenio 169 de la OIT) se encuentran íntimamente ligados al derecho a la consulta. De esta forma, las consultas deben ser adecuadas a la gran diversidad y complejidad de instituciones políticas de cada pueblo: unos deciden depositando su voto secreto en casillas; otros, con voto a mano alzada; algunos más, mediante sus presidentes municipales o concejos democráticamente electos; otros cuantos, mediante ejercicios político-religiosos, etcétera. Entonces, ¿cómo se llevaron a cabo las consultas? ¿Es posible que en un mes el gobierno llevara a cabo una gran variedad de consultas adecuadas a todas esas prácticas tan complejas y diferentes entre sí?

Según tres organizaciones indígenas, las consultas se realizaron a seguidores de Morena, masas de acarreados con ayuda del PRI y, en algunos casos, “pagando de 200 a 250 pesos, más la clásica torta y el refresco”. Por otro lado, la única “consulta” de la que tenemos certeza es la que el presidente realizó el domingo 28 de abril en un mitin político, en la que, después de prometer programas sociales a sus seguidores, pidió que levantaran la mano quienes estuvieran “en contra del proyecto de desarrollo del Istmo” y quienes estuvieran a favor. Cabe resaltar que alrededor del deportivo Canal 33, donde el presidente realizó su “consulta” a mano alzada, había más de 70 autobuses de pasajeros.

Así, se mezclaron dos elementos del Gobierno del presidente López Obrador: la promesa de programas sociales, que algunos denuncian como programas clientelares, junto con la implementación de ejercicios que se ostentan como democráticos, pero que no cuentan con autoridades imparciales o procedimientos confiables que le aseguren a la ciudadanía o a los pueblos indígenas que sus votos realmente cuentan, sino que son implementados por el mismo partido interesado en conseguir el respaldo ciudadano, sin rendir cuentas acerca de cómo se hacen las consultas.

Todo esto fue advertido al inicio de la supuesta consulta por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), organizaciones a las cuales pertenecen, respectivamente, el subcomandante Marcos, quien se levantó en contra del Gobierno del expresidente Zedillo en 1994 para defender los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y Marichuy – María de Jesús Patricio Martínez –, actual vocera del CNI que buscó una candidatura para representar a los pueblos indígenas en las elecciones presidenciales de 2018. Ambas organizaciones advirtieron que las "asambleas consultivas convocadas por el Gobierno federal son una mentira, una simulación, un engaño".