Arabia Saudí deja en libertad provisional a tres de las activistas detenidas

Arabia Saudí ha dejado en libertad provisional este jueves a tres de las once activistas que están siendo juzgadas por su trabajo en pro de los derechos civiles y contactos con periodistas y diplomáticos extranjeros. La noticia, confirmada por la agencia estatal de noticias saudí, SPA, había sido adelantada por ALQST, una ONG que promueve los derechos humanos en el Reino del Desierto y según la cual el resto de las mujeres serán liberadas el domingo.

De momento, según ALQST, han podido regresar a sus casas la lingüista y bloguera Eman al Nafjan, la profesora universitaria jubilada Aziza al Yusef y la teóloga Rokaya Mohareb. Las tres fueron detenidas el año pasado junto a otras activistas de los derechos de la mujer y varios hombres que les apoyaban, justo en vísperas de que se levantara la anacrónica prohibición de conducir que pesaba sobre las saudíes.

Su puesta en libertad está condicionada a que sigan asistiendo al juicio que se les sigue por sus actividades de derechos humanos y cuyos cargos legales no han sido hechos públicos de manera oficial. En la segunda sesión del juicio, celebrada la víspera, varias de las encausadas relataron ante los tres jueces del tribunal que durante sus más de nueve meses de detención fueron objeto de maltrato y torturas, según han filtrado sus familiares. Ni periodistas ni diplomáticos están autorizados a presenciar la vista, que se reanudará el próximo miércoles.

Otras prominentes detenidas son la profesora universitaria Hatoon al Fassi y Loujain al Hathloul, la más joven de todas, con 29 años, y que destacó por su activismo en favor del derecho a conducir. Al Hathloul es además una de las tres mujeres que estuvieron incomunicadas durante meses y que, según varios grupos de derechos humanos, fueron sometidas a descargas eléctricas, latigazos y abusos sexuales. El fiscal general aseguró que su oficina había investigado las acusaciones y que eran falsas.

Esas informaciones, sin embargo, han tenido eco entre los saudíes y agudizado el escrutinio externo a Arabia Saudí, cuya imagen ya quedó muy dañada por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el pasado octubre. Tres docenas de países, incluidos los 28 miembros de la UE, Australia y Canadá, han pedido a Riad que libere a las activistas. También nueve destacados senadores de EE UU han escrito una carta abierta al rey Salmán en el mismo sentido.

Algunos observadores consideran que estas presiones han podido influir en la decisión de dejarlas en libertad provisional y de que el juicio no se haya celebrado finalmente ante el tribunal antiterrorista como estaba previsto. Poco después de su detención, el fiscal general dijo que se les había detenido bajo sospecha de dañar los intereses nacionales y dar apoyo a elementos hostiles en el exterior. Una campaña en los medios estatales las tachó de “traidoras” y de “agentes de embajadas”.

Mientras tanto, la relatora especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, ha denunciado en un comunicado que el juicio contra los 11 acusados del asesinato de Khashoggi, con el que Arabia Saudí intenta cerrar el asunto, no alcanza los estándares internacionales y debería estar abierto a público y observadores. Callamard, que dirige una investigación internacional sobre el caso, ha pedido a las autoridades que revelen los nombres de los encausados y qué ha sido de los otros diez detenidos inicialmente con ellos.