Un escándalo de corrupción amenaza al ‘mito Trudeau’ en Canadá

Justin Trudeau era el primer ministro perfecto. Progresista, afable, defensor de los derechos de la mujer, los indígenas y el colectivo LGTBI, además de ser uno de los pocos líderes mundiales que ha plantado cara a Donald Trump, el primer ministro canadiense ha vivido una luna de miel con la opinión pública fuera de su país desde que llegó al poder en octubre de 2015. En Canadá, varias controversias han minado esa imagen intachable de puertas hacia fuera, entre ellas, sus vacaciones en la isla privada de un millonario o casos de evasión fiscal de algunos de sus colaboradores. Ahora se enfrenta a la mayor crisis de su carrera política tras ser acusado de haber presionado a la fiscal general para que no investigara a una empresa por un caso de corrupción.

El escándalo amenaza con poner punto final al mito de Trudeau a solo ocho meses de las elecciones. El caso salió a la luz a principios de febrero cuando el diario The Globe and Mail informó de que “la oficina del primer ministro” ejerció presiones “inapropiadas” durante meses sobre Jody Wilson-Raybould, hasta unos días antes fiscal general y ministra de Justicia, para que la firma de ingeniería SNC-Lavalin no fuera procesada por haber pagado sobornos por valor de 31,7 millones de euros a Saadi Gadafi y otros altos cargos del régimen libio entre 2001 y 2011, el año que Muamar el Gadafi fue defenestrado y ejecutado.

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A SNC-Lavalin le habían notificado en septiembre que debería ir a juicio. Según las fuentes del diario, Trudeau y sus allegados presionaron a Wilson-Rayboulda, primera persona de origen indígena que desempeñó esas funciones, para que frenara el proceso y permitiera a la compañía salir más o menos airosa a cambio de un acuerdo extrajudicial. Pero la ministra no cedió. SNC-Lavalin ya había presentado un recurso de apelación. El fallo está pendiente. El primer ministro niega todas las acusaciones.

Wilson-Raybould pasó en enero de dirigir el Ministerio de Justicia al de Asuntos de Veteranos, de menor rango. Destapado el escándalo, la ministra dimitió el 12 de febrero. Su salida forzó a Trudeau a remodelar el Gobierno, el viernes pasado.

La oficina de ética del Gobierno ha abierto una investigación, mientras la comisión de Justicia del Parlamento estudia los hechos. La semana pasada, Wilson-Raybould declaró ante esta última y sus palabras fueron todo un revés para las expectativas electorales del primer ministro. “Entre septiembre y diciembre de 2018, fui objeto de una presión constante y sostenida por parte de miembros del Gobierno que buscaban interferir políticamente en el ejercicio de mis funciones como fiscal general”, dijo Wilson-Raybould, quien aseguró haber experimentado también “amenazas veladas”.

Motivos electorales y económicos

La exministra identificó a las otras personas que la intentaron presionar, entre ellas Gerald Butts, Mathieu Bouchard y Katie Telford, los asesores más cercanos a Trudeau. Hasta ahora, solo ha rodado la cabeza de Butts. La ex fiscal general contó que todos ellos invocaron motivos electorales y económicos para zanjar el asunto con una multa a SNC-Lavalin.

En un momento en que sintió que Trudeau la presionaba con insistencia, relató, le preguntó si estaba tratando de interferir políticamente en sus funciones. “Le aconsejé que no lo hiciera. Me dijo que no, que simplemente necesitábamos hallar una solución" para evitar la pérdida de empleos, declaró. También manifestó que su salida de Justicia y de la fiscalía general fue por no haber cedido a las presiones.

“Mi equipo y yo siempre hemos actuado de forma apropiada y profesional. Estoy totalmente en desacuerdo con la descripción [del caso] que la exministra de Justicia y fiscal general ha hecho”, se defendió Trudeau. “Hemos defendido y protegido empleos en Canadá. Pero siempre respetando las normas”, dijo, en un guiño a los intereses de la cúpula de SNC-Lavalin y de la sociedad quebequesa.

Si la compañía, un símbolo industrial de Quebec que emplea a 9.000 personas en Canadá —y 50.000 en todo el mundo—, fuera declarada culpable en un juicio, tendría vetada su participación en licitaciones públicas canadienses durante 10 años. Según los analistas, Trudeau sabe que ayudar a SNC-Lavalin es fundamental de cara a los comicios, pues Quebec es un territorio electoral decisivo.

Ventaja conservadora

En su comparecencia, Wilson-Raybould matizó que el proceder de Trudeau y algunos miembros de su equipo fue inapropiado, pero no ilegal. No obstante, varios ex fiscales generales y Andrew Scheer, líder de la oposición conservadora, han pedido una investigación policial. Scheer ha exigido además la dimisión del primer ministro, ya que “ha perdido la autoridad moral para gobernar”. Las encuestas de los últimos días dan ventaja a los conservadores, así que los analistas coinciden en que es muy probable que el caso SNC-Lavalin tenga que ver en esto.

Trudeau ha descartado que vaya a declarar ante el comité, pero su exasesor Butts lo hará el miércoles. Se espera que en los próximos días el Gobierno redoble sus esfuerzos para salir bien parado del embrollo. Pero la sensación reinante es que la versión de Wilson-Raybould va ganando en el marcador. Las elecciones federales serán en octubre, y es posible que el primer ministro arrastre la pesada cadena del caso SNC-Lavalin hasta entonces. Por lo pronto, y como han subrayado algunos comentaristas, está quedando claro que Trudeau también recurre a los métodos de la vieja política.