Santa Elena de Uairén, el pueblo en la frontera con Brasil en el epicentro de la represión de Maduro

Santa Elena de Uairén es una pequeña y habitualmente tranquila localidad del Estado de Bolívar, fronterizo con Brasil, en el sur selvático de Venezuela. Siempre ha sido conocida como un destino turístico: viajeros nacionales e internacionales llegan hasta esta población de unos 20.000 vecinos que es usada como puerta de entrada a La Gran Sabana, una gigantesca estepa de cascadas y bosques tropicales de galería, y uno de los destinos de viaje más populares del país

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Pero desde el viernes Santa Elena se ha convertido en el epicentro de la represión más dura de las autoridades chavistas contra el intento de ingreso ayuda humanitaria al país. Los incidentes han causado cuatro muertos y decenas de heridos confirmados, incluida una veintena que han sido tratados en hospitales de Brasil. La mayoría de ellos, heridos de bala.

Dirigentes políticos seguidores de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y líderes indígenas pemones, la etnia local, exigían el ingreso del cargamento. Muchos de ellos intentaron acercarse al puesto fronterizo de Pacaraima, el único entre ambos países, a través de trochas (senderos para cruzar irregularmente) y se tuvieron que enfrentar con los militares.

Los fallecidos responden a los nombres de José Hernández, José Pérez y José Barrios. La última fallecida, Zoraida Rodríguez, cayó a manos de efectivos militares en la aldea de Kumarakapay, a una hora de Santa Elena. Las agencias de noticias del chavismo y sus medios de comunicación no se han referido a lo sucedido en este pueblo de vida habitualmente apacible. La censura y la oscuridad informativa han sido el denominador común del episodio.

Las versiones sobre el número de bajas han estado en el debate durante todo el fin de semana. Aunque todas las versiones periodísticas insisten en que son cuatro los fallecidos, el diputado opositor Américo de Grazia, electo en esta entidad, y dirigente de la Causa Radical, sostiene que son más. No es el único que lo dice. "Tengo información confirmada, de fuentes internas, totalmente confiables, que dan cuenta de que al Fuerte Militar El Escamoto han ingresado 15 cadáveres después de que los tanques de la Guardia Nacional entraran al centro del pueblo. Hay varios manifestantes que no aparecen. No tengo los nombres. Estamos comenzando a investigar. Será un proceso lento".

Las autoridades militares buscan con especial interés a Emilio González, alcalde de Santa Elena de Uairén, que es opositor, a quien consideran un enemigo y responsabilizan por las protestas. González se escondió en las zonas selváticas de la frontera, acompañado de líderes pemones que le respaldan, rumbo a Brasil. Este sábado por la noche compareció ante la prensa en el puesto fronterizo de Pacaraima para denunciar el ataque chavista a su ciudad. “Estamos manejando 25 muertos y 84 heridos. Lo que pasa es que los hospitales no los controlamos nosotros, los controlan ellos”, ha dicho para explicar la abultada cifra. González ha añadido que “el municipio está tomado” y que “las tanquetas andan rodando por las calles, y si se encuentran con alguien resistiendo, disparan, o lo montan y se lo llevan”. Los cadáveres, ha confirmado, son trasladados a El Escamoto, fuerte militar de la zona.

En el día 22, las protestas en Santa Elena estuvieron especialmente violentas. La iniciaron grupos de indígenas de la etnia pemón, habitualmente dedicada al turismo de montaña como actividad de sustento. En los últimos tiempos muchos de ellos han migrado a la minería de oro, actividad en expansión en la zona, que es rentable pero contaminante y peligrosa, y en la cual se concitan toda suerte de personas e intereses.

Los pemones y sus caciques ya habían tenido altercados con militares en el tiempo reciente a causa de las actividades de la minería. Muchos efectivos militares chavistas quieren tener el control de la actividad aurífera y agreden y chantajean a los pemones. Hace poco, el ejército mató a dos de ellos, presuntamente por oponer resistencia y desarrollar la minería ilegal. Los caciques pemones tuvieron un duro cruce declarativo con el ministro de la Defensa, Vladímir Padrino López, a quién llamaron “asesino e hipócrita” hace unas semanas.

Los pemones, una de las etnias del macizo guayanés, que sufren los embates de la quiebra del país, estaban muy comprometidos con el ingreso de la ayuda humanitaria que promovía la Oposición. Los disturbios del 23 tuvieron lugar en el mismo centro de Santa Elena. Ahí las tanquetas llegaron disparando indiscriminadamente.

A mediodía fueron ingresando al pueblo decenas de autobuses, camionetas de policía y pick-ups. Los lugareños comentaban que eran “colectivos”, escuadrones de civiles armados y organizados por el chavismo que, enviados desde otras regiones del país, que fueron acogidos en las instalaciones militares de la zona.

Los colectivos, de acuerdo con los reportes, ejecutaron parte importante de la represión durante el 23. Las ráfagas de disparos de perdigones y balas fueron escuchadas mucho rato. Protestaron pemones y "criollos", esto es, ciudadanos que no son indígenas. En la tarde cundió en pánico en Santa Elena y en zonas circunvecinas.

Los manifestantes enfurecidos quemaron un punto de control interno de la Guardia Nacional y una alcabala móvil, y se produjeron daños en la sede del Consejo Municipal. Varios pemones siguen presos en calabozos militares. En las adyacencias del aeropuerto del pueblo hubo también desórdenes de consideración, sobre todo el día 22.

Este fin de semana se comentaba con insistencia sobre la presencia de Diosdado Cabello en Santa Elena. El pueblo amaneció el domingo más tranquilo. Los colectivos fueron desapareciendo. La gente se reponía del pánico, el trauma colectivo y los destrozos.