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Cerca de 30 personas por cada soldado

Los refuerzos para los 25 militares que detectaron la toma ilegal, que ninguna autoridad aclara cuándo comenzaron a llegar, no pudieron contener a la avalancha de gente

Soldados contemplan el incendio en el ducto de Pemex en Hidalgo.
Soldados contemplan el incendio en el ducto de Pemex en Hidalgo. EFE
Tlahuelilpan (Hidalgo)

En Tlahuelilpan todavía se respira la tragedia. El campo en el que explotó una toma clandestina de combustible y donde han muerto al menos 85 personas aún huele a gasolina. El olor marea, adormece, nubla la mente. Un mar de peritos, brigadas de búsqueda, policías federales y estatales, soldados y familiares desesperados inunda el sitio del desastre y dejan un rastro de enojo y dudas que no han logrado disiparse. Los habitantes de esta pequeña comunidad, a unos 100 kilómetros de Ciudad de México, aún intentan entender cómo la necesidad ha costado la vida a sus vecinos, a sus amigos y a sus hijos; qué fue lo que salió mal, y si las autoridades hicieron todo lo que pudieron.

Los 400 militares que fueron desplegados tras la explosión pertenecen a la zona militar 18 y están adscritos a la primera región del Ejército. Su cuartel está en Pachuca, la capital de Hidalgo (a unos 80 kilómetros del siniestro) y habrían tardado, según el GPS, poco más de una hora en llegar. Los primeros agentes de la Policía Federal llegaron de la estación de Tula de Allende (a media hora en coche) y de Pachuca (a una hora en auto). Otros llegaron desde Iztapalapa, en el oriente de Ciudad de México (a una hora y media de trayecto). En total fueron 120 agentes federales desplegados y una cifra similar de policías estatales. Ninguna autoridad ha aclarado cuándo recibieron la orden de ir a reforzar la zona. Entre el patrullaje de los soldados que identificaron la fuga y la explosión de la toma clandestina pasaron poco menos de cinco horas, según las mismas autoridades. En una rueda de prensa, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho este sábado que aunque hubieran llegado más refuerzos, la situación no hubiera cambiado sustancialmente.

Todo comenzó con un rumor que se esparció la tarde del viernes pasado. Se había abierto un boquete en uno de los tramos del ducto Tuxpan-Tula y, en medio de la escasez de combustible que ha azotado al país en las últimas semanas, también se había abierto una oportunidad para recoger 100, 200 o 500 pesos (entre 5 y 25 dólares) de gasolina. En Tlahuelilpan, donde seis de cada 10 habitantes son pobres según datos oficiales, ahorrarse el pago después de cargar en una gasolinera significa tener dinero para comer en los próximos dos o tres días. “La gente salió corriendo con cubetas, botellas y garrafones (bidones), mi hijo llegó como a las cuatro de la tarde porque le habían dicho que había una fuga y que era como si se hubiera un manantial de gasolina”, cuenta Guadalupe Sánchez, un campesino de 46 años que gana un jornal de 100 pesos diarios: “Es peligroso, pero la necesidad es muy cabrona”.

Alrededor de las dos de la tarde, un grupo de unos 25 militares identificó la toma clandestina durante un patrullaje, como parte del operativo del Gobierno mexicano contra el huachicoleo (el robo de combustible). El protocolo, dicen los soldados desplegados en el terreno, dicta que tienen que informar de cualquier anomalía a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) para atender todas las cuestiones técnicas como la reparación del tubo, por ejemplo. En el operativo hay unidades de la Marina, el Ejército y la Policía Federal, pero el procedimiento es el mismo para todos: tras el reporte a Pemex, tienen que formar un cerco de seguridad. “Así haya cinco o 100 agentes, lo primero es intentar formar un perímetro y, en dado caso, solicitar refuerzos”, afirma Óscar, un policía federal que pide omitir su apellido.

Pero habían llegado demasiados. Había entre 600 y 800 personas que querían llevarse a casa su ración de combustible, según cifras oficiales. El diagnóstico de las autoridades y los testigos consultados es el mismo: no podían controlarlos, en un punto había 32 personas por cada soldado. “Cuando estás en una situación así, tienes que pensar en salvaguardar la seguridad de tu gente, si no puedes contenerlos, no tienes otra opción que replegarte”, dice un comandante de la Policía Federal que pide el anonimato. “Sé que existe esta polémica de por qué el Ejército no enfrentó a la población”, ha admitido López Obrador en una rueda de prensa, aunque ha dicho que “está de acuerdo con la actuación del Ejército”. “No podíamos reprimir, era muy riesgoso”, ha agregado.

Hay muchas versiones de lo que pasó entre las cinco de la tarde y las siete de la noche. “Pedimos permiso a los soldados para tomar un poco de combustible y ellos nos dejaron”, asegura Viveros, una mujer de 30 años que solo revela su apellido: “Esto es común por aquí, no es la primera vez que lo hacemos”. En Tlahuelilpan se han identificado 10 tomas clandestinas en los últimos tres meses y el Estado de Hidalgo, al que pertenece, es la segunda entidad de México con más tomas clandestinas en el ducto Tuxpan-Tula. “Los soldados se quedaron parados sin hacer nada, en una fila, solo nos pidieron que apagáramos nuestros teléfonos para que no ardiera nada”, dice Martínez, otra testigo de 34 años, mientras señala el estrecho camino que pasa justo al lado del ducto. “Dejaron pasar mucho tiempo”, zanja Eustaquio Gudiño, un vecino de 67 años. “La gente estaba terca, los soldados les insistían que se retiraran, que se fueran, no les hicieron caso”, difiere Sánchez.

Las tensiones entre los testigos, los familiares de las víctimas y el Ejército, la primera corporación que se presentó, son evidentes. Hay desconfianza porque las autoridades amplían el cerco y no les dejan ir a buscar entre los restos de los fallecidos. Hay reclamos porque “no hicieron nada”, porque “no lo pudieron evitar” o porque la respuesta “llegó demasiado tarde”. Hay también algunos mea culpas entre los pobladores que admiten que estaban fuera de control. Hace seis días, los pobladores de Santa Ana Ahuehuepan, otra comunidad de Hidalgo en la que aflora el robo de combustible, liberaron a tres soldados que habían secuestrado tras un operativo contra el huachicoleo. Las fricciones no son nuevas ni exclusivas de Tlahuelilpan.

El relato oficial de la explosión se engloba en un accidente que salió mal. Uno de los primeros indicios que investiga la Fiscalía General de la República es que la chispa haya provenido del roce de la ropa de los presentes, pero aún no hay resultados concluyentes. En las pesquisas se revelado que otra toma clandestina en Tlahuelilpan se incendió el pasado 18 de diciembre. El fuego tardó 12 horas en apagarse. ¿Pudo haber sido un accidente de menores consecuencias como el pasado? Un teniente, un sargento y varios soldados rasos consultados no lo saben. “Solo seguimos órdenes”, repiten, apegados al hermetismo de la disciplina castrense. En el centro de la polémica sobre la actuación del Ejército y de la última tragedia que ha enlutado a México aún quedan muchas preguntas por responderse.

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