Una isla para desterrar inmigrantes

El año 2015 marca un antes y un después en Dinamarca. El país escandinavo lleva desde entonces aprobando y modificando leyes con un claro mensaje: los extranjeros no son bienvenidos. Con una población de casi seis millones de habitantes, en ese año llegaron más de 57.000 inmigrantes y refugiados en búsqueda de protección y oportunidades, la cifra más alta registrada en las últimas dos décadas. La mayoría atravesaba como podía la hoy ya vallada ruta de los Balcanes con el objetivo final de alcanzar Suecia, el país que acoge más refugiados per cápita de Europa, o Alemania, el que acoge el mayor número total.

Más información

Los niños que España no quiere

Las entradas irregulares a Europa caen al mínimo en un lustro

Dinamarca echó el cierre entonces y de las 21.000 personas que pidieron allí asilo, dio cobijo solo a la mitad. Y en 2016, a la mitad de la mitad. Con sus políticas antinmigración, el Gobierno conservador no solo consiguió frenar en seco las llegadas, sino que ahora se ha propuesto que los que ya habían alcanzado la tierra prometida den media vuelta.

El último bombazo anunciado el mes pasado y que ha sacado a gritar en las civilizadas calles a unos 10.000 daneses responde a la decisión del Gobierno de coalición de centro-derecha —con el apoyo incondicional de los xenófobos del Partido Popular Danés (PPD)— de desterrar al pequeño islote de Lindholm (en el mar Báltico), sin apenas infraestructura, a un centenar de inmigrantes que están obligados por ley a abandonar el reino escandinavo. “No son deseados en Dinamarca y ¡lo deben notar!”, declaró en Facebook la ministra de Inmigración, Inger Støjbeg, del partido liberal Venstre.

En el islote, de siete hectáreas y sin residentes fijos, en estos momentos solo hay un laboratorio de investigación de la Universidad Técnica de Dinamarca. El laboratorio empezara este año a ser acondicionado para acoger a los inmigrantes, y está previsto que empiecen a llegar en 2021. El polémico plan, que aprobó el Folketing (Parlamento) el pasado 20 de diciembre, es solo la última de una lista de alrededor de 100 normas que hacen cada vez más asfixiante la presencia y permanencia de inmigrantes en el país nórdico. Un territorio donde la inmigración centra el debate político desde mediados del siglo XX.

La estrategia es hacer intolerable la estancia para el inmigrante Demetrios Papademetriou, de  Migration Policy Institute

Después de la primera oleada de inmigración en los años sesenta y setenta —mano de obra barata de asiáticos y yugoslavos reclamada por las autoridades—, el Ejecutivo empezó a dar la espalda al forastero, excepto si procedían de sus vecinos nórdicos. Pero en 1973, cuando el país entró en la UE, Copenhague se vio en la obligación de cumplir con la libre circulación de personas, uno de los pilares fundamentales del club europeo. Las últimas ampliaciones al Este (2004, 2007 y 2013) arrastraron una segunda oleada de inmigración hacia Dinamarca, pero el xenófobo PPD estaba ya en auge y empezó a tener voz y voto en las decisiones de política migratoria. Y ha sido en la última crisis de refugiados de la UE en 2015, cuando el Gobierno ha legislado sobrepasando el límite de lo moral, en opinión de Demetrios G. Papademetriou, fundador del think tank Migration Policy Institute. “El comportamiento oficial del Gobierno danés hacia los migrantes es una excepción en su dureza e intolerancia”, remarca.

¿Se ha vuelto Dinamarca un país racista? Lise-Lotte Duch, de Fakti, organización que trabaja con mujeres inmigrantes a las afueras de Copenhague, explicaba hace unas semanas el giro radical en la convivencia en un país que antes abría sus puertas de par en par y ahora las cierra a cal y canto: “La gente dice hoy cosas que hace años eran impensables”, lamenta. Papademetriou está de acuerdo e incide en que es una tendencia en todo el mundo. “Todo esto forma parte de una estrategia. Se trata de hacer intolerable la estancia de un inmigrante en Dinamarca”, repite en una conversación telefónica. “Es cierto que el danés es un caso extremo, pero se está convirtiendo en la norma. Es mainstream”, porque otros países están haciendo lo mismo, apunta. “Es de locos”, sentencia.

Anuncios en la prensa libanesa acerca de restricciones a la inmigración; rechazo a la política de cuotas de refugiados promovida por la Comisión Europea; confiscación de bienes de valor a los migrantes para hacer frente a sus gastos; el aumento de uno a tres años para poder solicitar la reunificación familiar; reducción a la mitad de los beneficios sociales; endurecimiento de las leyes que se aplican en los —oficialmente— llamados guetos (barriadas con bajos ingresos y población “no occidental”, un 8,3% de la población del país) y un largo etcétera. “Estas son medidas cosméticas. Se trata de que los que vengan pierdan el apetito y el interés por ser daneses”, explica al teléfono un enfadadísimo Morten Goll, de Trampolin House, centro de migrantes de la capital.

Y es que a seis meses de las elecciones generales, el Gobierno —con el apoyo del PPD— ha ido aprobando medidas con un mensaje común: restringir la presencia de inmigrantes. Goll explica que el partido xenófobo está “robando” muchos votos diciendo que son “la voz del pueblo”, cuando históricamente, continúa, ese papel lo había desempeñado la socialdemocracia, hoy en declive en la UE. Por eso el actual Gobierno de Lars Løkke Rasmussen está virando a la derecha.

Nada de esto, sin embargo, parece suficiente para controlar los anhelos proteccionistas de los daneses. Algunos analistas ven posible que Nye Borgerlige (La Nueva Derecha), un partido surgido precisamente en 2015 a la derecha del PPD, entre en el Parlamento en primavera (ya gobierna en el municipio de Hillerød). “Consideran que el discurso antinmigración del PPD es demasiado suave”, explica Goll.

Nacionalismo

En Dinamarca, el discurso nacionalista siempre ha estado latente: las banderas rojas con la cruz nórdica son parte del panorama callejero, los bares y de cualquier ceremonia nacional. La monarquía, la más antigua del mundo, está bien valorada, y hay un sentimiento de independencia de Bruselas. De hecho, tiene opt-out (es decir, que puede no seguir las directrices de Bruselas) en materia migratoria, además de en seguridad, defensa y en la política monetaria del euro. Este es el motivo por el cual, en opinión de Papademetriou, Bruselas no se ha pronunciado ni ha criticado la polémica decisión de desterrar en 2021 a un centenar de inmigrantes a una isla.

El desarrollo de políticas para contener la inmigración, amasadas en Copenhague, se ha ido cristalizando desde la irrupción en la UE de más de un millón de personas que huían de la guerra y la miseria. Pero sobre todo desde que la mismísima reina Margarita II de Dinamarca confesó en su libro The Deepest Roots (Las raíces más profundas) que el país había pasado de tener una actitud curiosa y amigable para con los extranjeros a escéptica hacia la inmigración. Los políticos tomaron nota enseguida: había que controlar la conducta de los extranjeros y enseñarles los valores del país de Hamlet: ser o no ser danés.