Canadá, primer país en unirse a la investigación del siniestro aéreo en el que murió la gobernadora de Puebla
El Gobierno mexicano ha asegurado este viernes que Estados Unidos finalmente ha aceptado sumarse a las pesquisas, después de que se descartara su participación por el cierre de la Administración en el país norteamericano
Canadá ha sido el primer país que ha apoyado la llamada de Andrés Manuel López Obrador a investigadores de otros países para que se sumen a las pesquisas sobre el accidente de helicóptero en el que murió la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, su marido y ex gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, los dos pilotos y un asistente de él. El anuncio, realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana este miércoles por la noche, supone un espaldarazo a la petición de ayuda del presidente mexicano a otros países para evitar así cualquier tipo de sospecha sobre la independencia de las averiguaciones. A Ottawa le ha seguido finalmente Washington, según ha asegurado el Gobierno mexicano este viernes. Miembros de la National Transportation Safatey Board se unirán a las pesquisas, pese a que el Ejecutivo de López Obrador había dicho días antes que esto no sucedería por el cierre de la Administración estadounidense.
"Hubo dificultades para contactar [a Estados Unidos] y fue hasta anoche cuando nos dijeron que harían una excepción ante la solicitud de la Cancillería. Sin embargo, los canadienses de inmediato señalaron su disposición para apoyarnos y desplegaron ya un grupo que hoy ha comenzado los trabajos en el sitio. Harán la recopilación de las pruebas del caso en absoluto secretismo y respeto a la libertad de investigación para darnos un dictamen", ha asegurado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, este viernes por la mañana.
Dos expertos del Consejo de Seguridad del Transporte canadiense (TSB, por sus siglas en inglés) se han unido ya a los investigadores mexicanos y a los que enviaron las empresas fabricantes del fuselaje y las turbinas del aparato siniestrado, producidos, respectivamente, en Italia y Canadá. Ante las exigencias de Partido Acción Nacional (PAN, derecha), al que pertenecía el matrimonio fallecido, de que la investigación sea independiente y que se haga "con claridad y prontitud", como expresó su líder nacional, Marko Cortés, el Gobierno ha reiterado una y otra vez su compromiso con que se sepa toda la verdad sobre el siniestro. De esta forma, el Ejecutivo de López Obrador (Morena, izquierda) quiere acallar las acusaciones lanzadas estos días en redes sociales, que ponen en duda la todavía escasa información oficial sobre el accidente a pesar de que no hay evidencia de voluntariedad alguna en el suceso. Unas sospechas a las que se sumaron la tarde del martes varios cientos de simpatizantes panistas que acudieron a Puebla al funeral. Los asistentes gritaron al unísono "asesinos" y "justicia" cuando la secretaria (ministra) de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se sumó a la ceremonia. El más rotundo en el Ejecutivo federal que trató de acallar especulaciones fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú en su primera comparecencia pública, cuando solo habían transcurrido unas horas desde la fatalidad: "No podemos especular de ninguna manera que se trate de otra cosa de lo que aparentemente es hoy: una falla en el aparato". Las investigaciones, que comenzaron la tarde del martes, han descartado que hubiese explosivos a bordo.
La presencia de Sánchez Cordero en el funeral estuvo acompañada de abucheos y gritos en contra de Morena, algo a lo que ha hecho referencia el presidente mexicano en su habitual rueda de prensa de este miércoles. “Había ayer un ambiente que crearon ex profeso los conservadores de siempre. No todos, pero sí una minoría, que actúan de manera muy mezquina”, respondió López Obrador en su comparecencia diaria. “No quiero generalizar, pero sí hay un grupo que, en redes sociales, empezó a hablar de la responsabilidad del Gobierno que represento. Por eso también hubo expresiones de protesta en el acto que se hizo en Puebla, en contra de la secretaria de Gobierno. Para no hacerles el juego a estos provocadores, decidí actuar de manera prudente y no caer en ninguna provocación. Son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, de afectarnos. Pero no lo van a lograr porque la mayoría de mexicanos está muy consciente de lo que está sucediendo y no es susceptible de manipulación”. “Desde el momento en que recibí la información, lo hice público y tengo el compromiso de llevar a cabo una investigación a fondo y no ocultar absolutamente nada sobre las causas de esta tragedia”, zanjó el presidente mexicano.
Además de Canadá y EE UU, el Gobierno mexicano anunció el martes que también solicitará ayuda a varios países europeos. El Gobierno de Justin Trudeau, un socio tradicional de México —a ambas naciones les une, además de la geografía, su presencia en el mayor tratado de libre comercio del mundo, el recién renovado T-MEC— ha sido el primero en dar el sí. Aún está por ver cuántos países acaban finalmente por colaborar para esclarecer lo ocurrido en Puebla.
Comienza la cuenta atrás para nombrar a un gobernador interino
El Congreso de Puebla ha recibido oficialmente este miércoles la notificación de la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso, por lo que ahora tiene por delante 30 días para nombrar a un gobernador interino que estará en el poder entre tres y cinco meses. En ese rango de tiempo deberán celebrarse unas elecciones que se esperan polémicas si continúa el ambiente de polarización que estalló en los últimos comicios. El enfrentamiento entre panistas y miembros de Morena vivió uno de sus momentos más violentos días después del 1 de julio cuando se dieron a conocer los resultados, que tan solo daban una ventaja de 100.000 votos a la candidatura del PAN frente a la de la formación de López Obrador, encabezada por Miguel Barbosa. Entonces, simpatizantes de uno y otro partido se enfrentaron a puñetazos en un hotel de la capital donde los de Morena acusaban a sus rivales de tener una sede secreta en la que escondían material electoral fraudulento, algo que los panistas negaban rotundamente. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tuvo que intervenir y aseguró posteriormente que el material encontrado no era ilegal.
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