La patronal mexicana advierte que la cancelación del nuevo aeropuerto costaría 6.300 millones de dólares

El Gobierno de López Obrador continúa deshojando la margarita de la cancelación o no del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, una de sus medidas más polémicas. La disyuntiva es seguir con la construcción del aeródromo en las cercanías del lago de Texcoco (30 kilómetros al noreste de la capital) o reformar la base militar de Santa Lucía (a 50 kilómetros de la ciudad) para complementar la actividad del actual y saturado aeropuerto Benito Juárez. La decisión final tendrá como corolario una consulta ciudadana prevista para finales de octubre. Antes, el Gobierno electo mantiene las puertas abiertas a propuestas y recomendaciones de la sociedad civil y patronal. La última, este martes, llegó de parte de la cúpula empresarial, que advirtió que una cancelación del nuevo aeropuerto –cuyas obras están ya avanzadas en un 30%– costaría 120.000 millones de pesos (6.300 millones de dólares).

El secretario electo de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que anticipó hace un par de semanas que el 75% de la inversión estaba asegurada y que cancelarlo costaría aproximadamente 5.200 millones de dólares, participó en la presentación del informe de Consejo Coordinador Empresarial (CCE) prolongando el clima de acercamiento y colaboración con el que el nuevo Gobierno pretende encauzar la gestión del proyecto. De llevarse a cabo, el nuevo aeropuerto supondría una de las obras más importantes en América Latina en décadas. Su coste total, estimado en 13.000 millones de dólares, dobla el presupuesto de la ampliación del Canal de Panamá. 

El rechazo de Obrador en plena campaña a continuar con las mastodónticas obras –criticando su alto coste, su emplazamiento en una zona lacustre proclive a hundimientos, su impacto ambiental y la supuesta corrupción en alguno de los contratos adjudicados– ya fue respondido con contundencia por la élite empresarial encabezada por Carlos Slim.

El magnate mexicano, séptimo hombre más rico del mundo, quien participa a través de su holding empresarial como constructor y como inversor, defendió el proyecto como un generador de crecimiento y empleos para el país, además de proponer la fórmula de la concesión. Es decir, que el sector privado asuma el 100% de la titularidad de la infraestructura.

El guante fue tomado por el Gobierno electo, que recientemente ha reconocido estar sondeado la posibilidad de la concesión en un 75%. El presidente de la CCE, Juan Pablo Castañón, incidió este martes en la posible participación privada, “tanto parcial como total”. La élite empresarial volvió a defender también en su estudio el proyecto como detonador de empleos -450.000 directos e indirectos- así como la multiplicación de capacidad de pasajeros: de los 65 millones actuales, a los 135.

La postura crítica de la patronal ante una posible cancelación se suma a un reciente informe del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que la semana pasada pronosticó que la reforma y ampliación del aeropuerto militar de Santa Lucía costaría un 66% más que continuar con las obras del nuevo aeródromo. Jiménez Esrpiú tomó nota durante la rueda de prensa y subrayó una de las propuestas concretas de la patronal: revisar los costes de los contratos. “No necesitamos –dijo el secretario– un aeropuerto ostentoso sino eficiente y seguro”.