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Trump acepta cerrar su fundación, acusada por la fiscalía de seguir un “patrón de ilegalidad persistente”

La organización benéfica del presidente de EE UU estaba siendo investigada desde hace un par de años

Donald Trump en un acto benéfico cuando era candidato a las presidenciales
Donald Trump en un acto benéfico cuando era candidato a las presidenciales AFP

La Fundación Trump se disuelve. El presidente de Estados Unidos y sus tres hijos mayores han llegado este martes a un acuerdo con la fiscal general del Estado de Nueva York, Barbara Underwood, para que "bajo supervisión judicial" se inicie el proceso por el que se desmantelará la organización benéfica, investigada por seguir un “patrón de ilegalidad persistente”. Underwood ha indicado que los activos de la fundación serán distribuidos entre otras obras de caridad. "Es una importante victoria para el imperio de la ley, que dejan claro que las normas son iguales para todos", ha afirmado la fiscal en un comunicado.

Los Trump ya señalaron con anterioridad que estaban dispuestos a cerrar la fundación ante los problemas legales que afrontaba desde hace dos años. Pero querían hacerlo en sus propios términos. Underwood explicó en su cuenta en Twitter que finalmente se pactaron las condiciones para la disolución y precisó que sus activos “solo podrán ser distribuidos” a organizaciones “respetables” aprobadas por su oficina.

La fiscal del Estado de Nueva York, del Partido Demócrata, inició hace seis meses una acción legal en la que instaba al presidente y a sus tres hijos mayores —Donald Jr., Eric e Ivanka— a que disolvieran la organización caritativa. En la demanda les acusó de haber utilizado la fundación como una hucha para los negocios que controla la familia, cubrir costes legales y financiar la campaña electoral de 2016, que terminó colocando a Trump en la Casa Blanca. “Violaron de una manera extensa y persistente las leyes”, afirmó el pasado junio la fiscal, que explicó cómo los gestores de la campaña de Trump dictaban los tiempos, las cantidades y los receptores de los fondos que recaudaban con fines benéficos. Así mismo, utilizó su nombre para promover la campaña. 

Con la demanda, que sigue su curso, la fiscal también reclama la devolución de 2,8 millones de dólares (2,47 millones de euros) y una orden de inhabilitación contra Trump y sus tres hijos mayores para que no puedan ocupar cargos directivos en ninguna otra organización sin ánimo de lucro de Nueva York. Además, Underwood solicitó a la agencia tributaria información para saber si la organización benéfica se utilizó para esquivar el pago de impuestos. El pacto por el que se comprometen a cesar las actividades se anuncia a dos semanas de que la fiscal deje el cargo.

Su predecesor, Eric Schneiderman, que renunció al cargo el pasado mayo, ya había solicitado un mes antes de las elecciones presidenciales a los responsables de la fundación que desistieran de recaudar fondos porque la organización no disponía de los permisos necesarios para operar. Trump respondió diciendo en ambos casos que se trataba de una maniobra de los demócratas con fines políticos. “No voy a pactar en este caso”, afirmó.

El acuerdo alcanzado también permite a la fiscalía revisar adónde ha ido a parar la ayuda de una fundación que, según los informes fiscales más recientes, cuenta con unos activos netos valorados en 1,7 millones de dólares (1,5 millones de euros).

Trump creó la fundación en 1988 para gestionar su faceta filantrópica. Pero durante la campaña electoral surgieron diversas informaciones periodísticas que revelaron que el entonces empresario la utilizó para lucrarse y destinar parte del dinero a costear demandas. Su reacción fue pedir que investigaran también la fundación de los Clinton, bajo el argumento de que era una “empresa corrupta”.

La investigación sobre la fundación es uno de tantos frentes judiciales con los que ha estado lidiando Trump durante sus dos años en la Casa Blanca. El Departamento de Justicia pidió este lunes a una corte de apelaciones que desestimara o al menos detuviera temporalmente una demanda que acusa al neoyorquino de beneficiarse ilegalmente de los gastos de gobiernos extranjeros en sus propiedades, particularmente del hotel que lleva su nombre en Washington. La demanda fue presentada por los fiscales estatales del Distrito de Columbia y Maryland. La semana pasada el juez les permitió enviar citaciones para acceder a los registros comerciales de la Organización Trump y grupos afiliados.

De todas las investigaciones en curso la principal es la denominada trama rusa, que busca esclarecer si el republicano o su equipo se coordinaron con la injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016. El equipo del fiscal especial a cargo, Robert Mueller, ya ha acusado a 33 individuos, cinco de ellos exasesores del presidente, y a tres empresas.

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