El Gobierno belga se tambalea por una disputa sobre inmigración

El conflicto en torno a la firma del pacto migratorio auspiciado por Naciones Unidas amenaza con hacer saltar por los aires la coalición de cuatro partidos que gobierna Bélgica. La derecha nacionalista flamenca de la N-VA, la formación más votada del país, se niega en redondo a rubricar el acuerdo a pesar de su carácter no vinculante. Enfrente, los liberales francófonos del primer ministro, Charles Michel, han dejado claro que Bélgica estampará su firma en el mismo tal y como se comprometió a hacer.

Tras una negociación infructuosa para convencer a sus socios de Gobierno, el mandatario belga ha optado por seguir adelante sin su consentimiento. Y para dotar de legitimidad a la decisión, ha llevado el asunto al Parlamento belga, que este miércoles aprobó en comisión la adhesión al pacto con el apoyo de varios partidos de la oposición, y hoy se espera que haga lo mismo el pleno de la Cámara. Michel insiste en que el aval de los diputados es suficiente para que su país adopte formalmente el texto en Marrakech los próximos lunes y martes. La N-VA no opina lo mismo, y amenaza con dejar caer el frágil cuatripartito que dirige el país si el Gobierno se suma al pacto sin su autorización.

La vulnerabilidad es patente. Michel, del Movimiento Reformador, manda con solo el 9,6% de los sufragios, la tercera fuerza del país, frente al 20,3% de la N-VA. Los separatistas flamencos se han alineado en su negativa con otros países de la UE como Hungría, Austria, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria, que tampoco piensan validarlo. Fuera del mapa comunitario, Estados Unidos, Israel y Australia también se han desmarcado del mismo.

La búsqueda de alternativas continúa. Los liberales ofrecieron a sus socios flamencos añadir una declaración interpretativa para aclarar algunos de sus aspectos, como han hecho Holanda y Dinamarca, pero el partido flamenco no ha cambiado un ápice su posición. El acuerdo de Naciones Unidas fija 23 objetivos para una migración segura, ordenada y regulada. Entre ellos la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, la defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes o un cambio de narrativa sobre la migración hacia un enfoque más positivo.

Sus defensores lo presentan como un hito del multilateralismo. Pero la percepción de la N-VA, como la del canciller austriaco Sebastian Kurz, o su homólogo húngaro Viktor Orbán, está muy alejada de esa definición. Ven el pacto como una intromisión de la ONU en la soberanía de los Estados en materia migratoria. Y su contenido choca con sus restrictivas políticas domésticas.

En pleno debate político sobre la cuestión, la irrupción de una campaña xenófoba lanzada por la N-VA ha tensado aún más la cuerda. “Pacto de Naciones Unidas sobre migración = acceso a derechos sociales para los inmigrantes clandestinos”, se podía leer sobre un cartel con cuatro mujeres portando velo. Sus líderes recularon pocas horas después y retiraron la propaganda ante la tormenta de críticas que recibió.

La campaña es el último síntoma de la radicalización de los nacionalistas flamencos a menos de seis meses de las elecciones belgas. Los exabruptos de Theo Francken, el controvertido titular de Inmigración que ofreció asilo al expresidente catalán Carles Puigdemont antes de su llegada, han sido objeto de críticas durante toda la legislatura. El último fue hace dos semanas, cuando admitió que su política migratoria se inspira en el Vlaams Belang, un grupúsculo de extrema derecha abiertamente racista con una presencia residual en las instituciones belgas.