Los feminicidios aumentan un 9% en Perú en los 11 primeros meses de 2018

El sábado pasado, la peruana Nancy Giraldo, de 50 años, fue asesinada tras alertar a su hijo adolescente para que escapara de su asesino. El miércoles, la joven Andrea Rivera había muerto a manos de su pareja que le cortó el cuello con un cuchillo en presencia de sus dos hijos. Tenía solo 25 años. La semana anterior, la imagen de una bebé de dos años observando a su madre tendida en el piso tras ser golpeada en la región de Ica, conmocionó a Perú. La mujer había denunciado al hombre por agresión física y psicológica y tenía una orden de protección, pero no sirvió porque vivían bajo el mismo techo.

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La crueldad y el incremento de casos de feminicidios en el país latinoamericano coincide esta semana con el repudio a un congresista de la oposición denunciado por manosear a una azafata de vuelo. La Comisión de Ética del Congreso citó este viernes a la tripulante para interrogarla sobre lo ocurrido, pero, después de la sesión, la víctima indicó en un programa de televisión que se sintió atacada cuando le preguntaron por qué no enfrentó al agresor. Entre enero y noviembre 132 mujeres han muerto en casos de feminicidios en Perú, 11 más que en el mismo periodo de 2017.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado este lunes, desvela que solo el 20% de los 296 Centros de Emergencia Mujer —que atienden casos de violencia de género— está abierto las 24 horas del día, a pesar de que las estadísticas muestran que las agresiones pueden ocurrir en cualquier momento. El 43% de estos centros "no dan abasto para atender la demanda de atención legal. La atención psicológica es insuficiente en el 30% de los centros y la asistencia social es insuficiente en el 39%", según el organismo encargado de velar por el cumplimiento de los derechos ciudadanos. Y en el 68% de estos puntos de atención solo una persona se encarga de responder las consultas legales.

Doble víctima del Congreso

El incremento de casos de violencia contra la mujer ha provocado en los dos últimos años varias modificaciones legales para tipificar mejor delitos como el acoso y aumentar los agravantes y los años de sanción. Pero las acciones de los parlamentarios fujimoristas en el caso de la azafata agredida van a contracorriente. El congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani se declaró inocente sobre las acusaciones de "tocamientos y actos libidinosos sin consentimiento" y dijo que quizá fue producto de una "descompensación", tras colocar el equipaje en un compartimiento superior. Un informe médico realizado apenas descendió del avión reveló que no tenía ningún síntoma de paciente de diabetes —como él había afirmado— y las pruebas de insulina inmediatas dieron error. La asesora de la bancada de Fuerza Popular Martha Chávez consideró que en los aviones "son comunes los tocamientos y golpes", restando valor a la denuncia que hizo la tripulante de Latam en la comisaría del aeropuerto de Lima.

La víctima de Mamani contó que había acudido a la Comisión de Ética del Congreso para "apoyarlos" con la investigación, pero se arrepintió de haber ido por el trato que recibió. "Salí peor de lo que entré: me sentí atacada por una mujer sobre todo. '¿Por qué no lo afrontaste?', me dijo. Mi reacción fue gritar y esconderme, cada quien reacciona de una forma diferente", relató la azafata refiriéndose a la parlamentaria Milagros Salazar, fujimorista como Mamani.

La Comisión de Ética debatirá el caso del parlamentario la tarde de este lunes y recomendará su suspensión por 120 días y pasar el expediente a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que la Fiscalía pueda continuar la investigación.