El Gobierno de Polonia recula y cambia la reforma judicial reprobada por la UE

El Gobierno polaco ha acabado reculando en su polémica reforma del Tribunal Supremo. El partido del Ejecutivo, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha presentado este miércoles en el Sejm (el Parlamento del país) una séptima enmienda a la ley que incluye la reincorporación de los 27 magistrados que fueron jubilados forzosamente el pasado julio. Tal y como le exigió hace poco más de un mes el Tribunal de Luxemburgo. Con 215 votos a favor y 161 en contra, la enmienda se ha aprobado de forma exprés gracias a la mayoría parlamentaria del PiS (siglas en polaco del partido Ley y Justicia). De hecho, el Gobierno solo ha necesitado cuatro horas para dar marcha atrás a una de sus medidas más controvertidas.  

"El proyecto de ley está en línea con la Constitución polaca y con las normas europeas", ha declarado el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro. "Nuestro Gobierno ha enfatizado que estamos en la UE, respetamos sus reglas y respetamos sus principios", ha añadido.

El borrador parlamentario reconoce también como legítima presidenta del Supremo a Malgorzata Gersdorf y declara que el mandato de la magistrada nunca ha sido interrumpido. Hasta ahora, ni el presidente de la República, Andrzej Duda, ni el Consejo General del Poder Judicial (KRS, por sus siglas en polaco) consideraban a Gersdorf, de 65 años, como presidenta del máximo órgano jurisdiccional porque ella estaba dentro del grupo de jueces que habían alcanzado la edad máxima para seguir trabajando, según dictaminaba la nueva ley.

Al jubilar a casi un tercio de los magistrados del Supremo, el presidente de la República tenía vía libre para hacer nuevos nombramientos. En el caso de Gersdorf, ella desafió al Gobierno y fue todos los días a trabajar desde que recibió la carta de despido el pasado julio. Ahora la nueva enmienda vuelve a subir a 70 los años de jubilación para estos magistrados del Supremo. 

El Gobierno, liderado en la sombra por el ultraconservador Jaroslaw Kaczynski, ha acabado aceptando la decisión del Tribunal de Luxemburgo que, por primera vez en su historia, bloqueó de manera provisional en un país de la UE una reforma de tanto calado constitucional. La Comisión Europea denunció a sus colegas polacos al considerar que esta ley vulnera los principios del Estado de derecho de la sexta economía de la UE. El Tribunal de Justicia europeo dio el pasado 19 de octubre un plazo de un mes al Ejecutivo del PiS para que cumpliera las medidas cautelares y presentara justo el 19 de noviembre un primer informe. Pero el PiS ha ido mucho más allá y ha decidido cambiar los aspectos más sustanciales de la reforma. 

"Este cambio exprés es una capitulación del Gobierno del PiS. Han tenido miedo de las posibles sanciones económicas que le podría aplicar el Tribunal de Luxemburgo", sostiene Jakub Urbanik, jurista y profesor de Derecho Romano de la Universidad de Varsovia. Si el Ejecutivo polaco hubiera seguido desafiando a Bruselas, el desacato hubiera derivado en una posible multa, cruzando una línea roja que hubiera resquebrajado aún más las ya deterioradas relaciones entre la UE y Polonia.

"Este cambio exprés supone una capitulación para el Gobierno del PiS", dice el jurista Jakub Urbanik 

Desde que el PiS llegó al poder, ha llevado a cabo una reforma profunda de la justicia en Polonia que ha afectado no solo al Tribunal Supremo, sino también al Constitucional o a los tribunales ordinarios. Como consecuencia, en diciembre de 2017, la UE activó el mecanismo para aplicar el artículo 7 del tratado europeo, que supone la pérdida de sus derechos de voto en las decisiones comunitarias. 

"Hay varias hipótesis que explican este giro: la primera de todas es que Ley y Justicia sabe que de cara a las elecciones europeas de 2019 le conviene dejar de lado el conflicto y calmar la situación", explica el jurista y politólogo Wojciech Brzozowski. 

Este martes, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, apremió de nuevo a Varsovia a cambiar cuanto antes de rumbo. Algunas voces de la oposición creen que el PiS ha entendido que la postura antieuropea que ha mantenido puede pasarle factura en las elecciones legislativas del año que viene. "Ahora hacen todo lo posible para fingir que se alejan de los euroescépticos", dice un analista polaco próximo al principal partido de la oposición, Plataforma Cívica, que prefiere mantener su anonimato. 

La juez Monika Frackowiak, de la organización de magistrados polacos Iustitia, respira aliviada por el cambio de actitud del Gobierno. "Aunque no podemos olvidar que la situación ha cambiado gracias a la justicia europea. Lo que demuestra la fortaleza de las instituciones comunitarias en un momento como este", dice por teléfono. Eso sí, la magistrada sigue sin fiarse del Ejecutivo: "Ahora la enmienda tiene que aprobarse en el Senado y luego la tiene que ratificar el presidente de la República. Con el PiS nunca se sabe". Gersdorf también prefiere mantener la cautela. "No se sabe qué puede pasar", ha declarado esta mañana.