La justicia europea frena la polémica reforma del Supremo en Polonia

En una decisión histórica y de consecuencias políticas e institucionales incalculables, el Tribunal de Justicia europeo ha paralizado este viernes la reforma del Tribunal Supremo en Polonia. Por primera vez, la justicia europea, a petición de la Comisión Europea, bloquea de manera provisional en un país de la UE una reforma de tanto calado constitucional y judicial como el diseño de una corte suprema.

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El auto del tribunal europeo, dictado por la vicepresidenta Rosario Silva de Lapuerta, ordena a Polonia suspender la aplicación de la norma y mantener en sus puestos a todos los jueces afectados por la reforma y renunciar a cualquier nuevo nombramiento.

Las medidas provisionales se mantendrán, según el auto, hasta que el tribunal de la UE resuelva la denuncia y la petición de medidas cautelares de la Comisión. Bruselas acusa a Polonia de infringir las normas comunitarias al haber aprobado una rebaja de la edad de jubilación de los jueces del Supremo —que forzaba la salida de casi un tercio de sus miembros— y al conferir al presidente de la República la facultad de ampliar el número de jueces.

El auto de Silva de Lapuerta estima que las alegaciones de la Comisión, en principio, parecen bien fundamentadas. En segundo lugar, la vicepresidenta del tribunal admite la urgencia planteada por la Comisión para pedir medidas cautelares, dado que la aplicación de la reforma podría llevar a una profunda transformación del Supremo polaco y derivar en sentencias dictadas sin suficientes garantías de independencia de la justicia.

La decisión del Tribunal de Luxemburgo parece llamada a enconar aún más el conflicto entre Bruselas y Varsovia. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que cursó la demanda y la petición de medidas provisionales al tribunal europeo, ya ha expresado su temor a que en algún momento el Gobierno polaco acentúe su rebeldía y opte por el desacato de un auto como el de este viernes o el de alguna futura sentencia.

El desacato podría dar lugar a una segunda denuncia con posible multa. Pero fuentes europeas advierten que, más allá de la sanción pecuniaria, la Polonia de Jaroslaw Kaczynski franquearía una línea roja de difícil retorno y desencadenaría una batalla institucional sin precedentes en la Unión. Polonia ya se encuentra expedientada en base al artículo 7 del Tratado de la UE por presunta vulneración de los derechos fundamentales, una medida que puede abocar a la suspensión de ciertos derechos del país en la Unión Europea, entre ellos, el derecho de voto en el Consejo.

El expediente, por ahora, apenas ha avanzado porque no existe mayoría suficiente de socios en el Consejo para dar el primer paso, que sería confirmar la violación de los valores fundamentales. Pero un desacato por parte de Varsovia podría movilizar muchos más apoyos para la aplicación del artículo 7, jamás utilizado.

El auto obliga a Polonia a informar una vez al mes a la Comisión sobre el cumplimiento de las medidas cautelares. El primer informe deberá presentarse en el plazo de un mes desde el auto de este viernes. El gobierno polaco, de momento, ha reaccionado con prudencia.

"Polonia cumplirá con la legislación de la Unión Europea, pero por ahora sólo conocemos esta noticia [al auto del Tribunal] por los medios de comunicación, ya que todavía no hemos recibido ningún documento formal donde se nos comunique", señaló el ministro polaco de Justicia, Zbigniew Ziobro.

La judicatura ha reaccionado con alborozo, según informa María Hervás. "Estramos muy contentos. Siempre hemos confiado en la UE pero nunca pensamos que iban a llegar tan lejos", celebra la magistrada Monika Frackowiack, miembro de la asociación de jueces Iustitia, que representa a 3.700 jueces de Polonia. Frackowiack prefiere no imaginarse que el gobierno de su país no acata la orden del Tribunal europeo. "Pero el gobierno del PiS siempre actúa de una manera impredecible", advierte. "Tenemos que estar preparados para todo".

Varsovia ya había puesto en marcha la ley de reforma del Tribunal Supremo, que entró en vigor el pasado 3 de abril. Y a pesar del expediente del expediente y de la denuncia de la Comisión ante la Corte de Luxemburgo, presentada el pasado 2 de octubre, se había iniciado la renovación del Supremo.

El gobierno polaco parecía tener la intención de repetir la jugada de Hungría, donde el gobierno de Viktor Orbán también acometió una polémica reforma del Tribunal Constitucional. La Comisión Europea denunció a Budapest ante la corte europea. Pero para cuando llegó la sentencia de Luxemburgo, la presunta purga de jueces ya se había ejecutado y Orbán se limitó a readmitir a algunos jueces y a indemnizar a la mayoría.

Bruselas ha sido mucho más tajante en el caso de Polonia y el Tribunal europeo no solo paraliza la reforma sino que obliga a dar marcha atrás a los cambios ya acometidos. La norma polaca ya ha supuesto la jubilación de varios jueces, incluidos la presidenta del Supremo y los presidentes de Sala. Al mismo tiempo, el presidente de la República ha nombrado 27 nuevos jueces y se ha anunciado la ampliación del número de magistrados de 93 a 120. Unos cambios que, según el auto de Silva de Lapuerta, "supone una recomposición profunda e inmediata del Supremo".