Irlanda deroga en un referéndum el delito de blasfemia

Los irlandeses decidieron este viernes por una amplia mayoría eliminar de su texto constitucional el delito de la blasfemia. Un 64,85% de los votantes respaldaron la decisión, frente a un 35% que se opuso. Aunque hacía ya décadas que la ley no se aplicaba —de hecho, solo un 44% del censo decidió expresar su opinión—, la eliminación de una disposición claramente obsoleta fue respaldada mayoritariamente en los 40 distritos electorales del país.

“Irlanda defiende con orgullo su reputación de sociedad moderna y liberal. El mundo ha podido observar en años recientes cómo nuestro pueblo ha adoptado decisiones históricas para cambiar nuestra Constitución en asuntos profundamente personales, como cuando votamos a favor del matrimonio homosexual o para acabar con la Enmienda Octava [la prohibición del aborto]”, celebró el ministro de Justicia, Charlie Flanagan.

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La Constitución irlandesa recogía en su artículo 40.6.1 la prohibición de toda declaración o acción “abusiva o injuriosa en relación con los elementos sagrados de una religión” que pudiera causar “la indignación de los fieles”. La ley penal incorporaba también la blasfemia dentro del delito de difamación, pero en la práctica establecía condiciones muy estrictas para su aplicación. Debía demostrarse que hubiera afectado a un número amplio de creyentes y que no fuera el resultado de una expresión literaria o artística.

El resultado final, además, era una multa de 25.000 euros. Es decir, se preservaba un delito cuya definición hacía casi imposible su comisión. De hecho, la última vez que en Irlanda se había acusado a alguien de blasfemia fue en 1855, antes de que el país se independizara. Era un cura de origen ucraniano que afirmó haber quemado una biblia por error y que fue finalmente absuelto.

La blasfemia volvió a estar de actualidad en 2015 cuando el actor y director británico Stephen Fry calificó a Dios de "estúpido" por haber creado un mundo lleno de "injusticias", en la televisión irlandesa. Se abrió una investigación, pero no resultó en ninguna acción judicial.

La propia Conferencia Episcopal Irlandesa había admitido la necesidad de acabar con una disposición constitucional “obsoleta”, aunque después de conocer el resultado del referéndum se apresuró a pedir respeto para la libertad religiosa de sus fieles.

En un país de profunda tradición católica que en los últimos años se ha deshecho de gran parte de sus prejuicios y arcaísmos legales, los contrarios a la votación argumentaban que una consulta era algo muy caro para un asunto que no interesaba a nadie. El Gobierno ha resuelto la primera pega al hacerla coincidir con las elecciones presidenciales, en las que ha revalidado su cargo el presidente actual, Michael D. Higgins, de 77 años. Y la mayoría de los consultados ha coincidido en sacar de la Constitución una disposición penal que ya nadie comparte y que no tenía razón de ser un texto que consagra las libertades y valores sociales de la República de Irlanda.