El Consejo de Europa advierte contra las reformas judiciales de Rumania

La primera ministra rumana, Viorica Dancila, reclamó este mismo mes en el Parlamento Europeo un voto de confianza a las instituciones comunitarias hacia su Gobierno que, según ella dijo, siempre iba a respetar el Estado de Derecho. Apenas tres semanas después, el Gobierno socialdemócrata no ha pasado el examen de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, que ha expresado su “preocupación” por la deriva legislativa del país. La institución concluye que las reformas emprendidas por el Parlamento rumano pueden “debilitar seriamente la eficacia de su sistema penal” para combatir la corrupción y el crimen organizado.

Tras Polonia y Hungría, el punto de mira de las instituciones europeas está puesto en Rumania, que viene siendo advertida de que sus reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal socavan la lucha contra la corrupción. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, lo dejó claro en la misma sesión en la que Dancila se explicaba ante la Cámara. “Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos”, advirtió Timmermans a la espera del informe de la Comisión de Venecia.

Rumania está sometida desde su ingreso en la UE en 2007 al Mecanismo de Cooperación y Verificación, que debe comprobar, entre otros asuntos, sus avances en materia de reformas judiciales. Sin embargo, desde hace un tiempo los informes avisan de un retroceso. Este mismo mes, el Parlamento convocó un referéndum para vetar constitucionalmente los matrimonios del mismo sexo que fijaba como umbral mínimo necesario de participación un 30% del censo. A pesar de que la consulta quedó invalidada al no alcanzar ese listón, en las instituciones europeas quedó inquietud por la posibilidad de que ese referéndum hubiera sido un ensayo al que recurrir de nuevo para validar reformas constitucionales cuestionables.

La Comisión de Venecia propina un considerable revés a Rumania por las enmiendas que ha aprobado su Parlamento para reformar las dos leyes penales que, a su juicio, minan los procedimientos para perseguir la “corrupción, los delitos violentos y el crimen organizado”. La Comisión reclama a la Cámara que reconsidere las enmiendas presentadas para construir una propuesta “sólida y coherente” que, además, cuente con un “amplio apoyo de la sociedad”.

Las calles de Rumania han vivido en los dos últimos años manifestaciones multitudinarias, precisamente, contra la corrupción por parte de autoridades gubernamentales.

Crítica contra las reformas de la magistratura

El organismo asesor en materia de Estado de Derecho también señala los choques institucionales que se vienen produciendo entre el Parlamento y el presidente de la República, el fiscal general o el Tribunal Supremo. Al respecto, recuerda que el pasado 12 de octubre el Tribunal Constitucional ya consideró que más de 60 artículos de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se ajustan a la Carta Magna del país y que se prevé que a finales de este mes el Alto Tribunal se pronuncie sobre las enmiendas al Código Penal. Y advierte que si bien las críticas se han centrado en las rendijas que abre a la corrupción, el impacto de esas reformas tiene un mayor calado al afectar a la investigación y enjuiciamiento de otros delitos “graves”.

La Comisión de Venecia, además, ha aprobado con algunas enmiendas un dictamen preliminar que emitió en julio sobre tres proyectos de ley que modificaban la legislación sobre el estatuto de los jueces y fiscales, la organización judicial y el Consejo Superior de la Magistratura. Entonces, criticó que esas leyes afectarían de forma adversa “la eficiencia, la calidad y la independencia del poder judicial”, de nuevo con consecuencias negativas para la lucha contra la corrupción. Esas tres leyes, advierte el informe, ya han sido promulgadas y están en vigor. La Comisión, que prácticamente enmienda la plana a la totalidad de las reformas en sus recomendaciones, únicamente “acoge con satisfacción” el “paso positivo” del aplazamiento de la entrada en vigor del plan de jubilación anticipada de jueces, ya que “dará tiempo” al Parlamento para reconsiderarlo.