El desvío de fondos a grupos yihadistas levanta sospechas sobre la cooperación en Siria

Sobre la provincia de Idlib, el último bastión de los insurgentes sirios, se concentran esta semana los ojos de políticos, ejércitos y ahora también de las ONG internacionales. Algunas de estas organizaciones, de las que dependen los civiles, plantean paralizar varios proyectos humanitarios ante el temor de que la ayuda termine en manos de los yihadistas, que controlan el 60% de la región. Reino Unido y Estados Unidos han tenido que cortar recientemente los fondos a proyectos por las sospechas de que podrían acabar en manos de fieles a Al Qaeda.

“Sería extremadamente naíf pensar que trabajamos en operaciones transfronterizas y en gestión remota sin que se produzca un desvío de la ayuda alimentaria en el camino a los destinatarios. El problema es lograr controlar los porcentajes”, valora en Beirut un antiguo empleado europeo que estuvo a cargo de la distribución de la ayuda humanitaria hacia Siria desde Ankara, la capital turca. Según el cooperante, la ayuda europea se entrega a los consejos locales dependientes del Gobierno interino de la oposición siria afincado en Turquía.

“Es materialmente imposible dar garantías al 100% de que parte de la ayuda, por pequeña que sea, no acabe confiscada por grupos armados”, coincide un consultor norteamericano que asesora a las ONG occidentales sobre seguridad en Idlib. “Pero dada la extrema necesidad se prioriza mantener los proyectos de ayuda alimentaria”, prosigue desde Beirut. Las denuncias de desvío de la ayuda internacional han sido una constante durante la guerra y, en particular, en las zonas fronterizas y en las localidades cercadas.

Tras librar luchas intestinas con otras facciones insurrectas de corte islamista, el grupo armado Hayat Tahrir al Sham controla el 60% de Idlib con unos 10.000 efectivos. Son un paraguas de facciones yihadistas lideradas por el Frente al Nusra, rama local de Al Qaeda que Washington incluyó en su lista de grupos terroristas. Son precisamente sus milicianos los que desde el verano de 2017 han quedado a cargo de las mordidas en el paso terrestre de Bab el Hawa, principal puerta de entrada desde Turquía para la ayuda internacional destinada a la provincia de Idlib. Esta única frontera exterior de la comarca está sellada a cal y canto al tránsito de civiles por los guardas fronterizos turcos. Desde el inicio del mes, al menos 30.000 civiles han sido desplazados de sus hogares en Idlib.

Dos semanas atrás, la cooperación británica anunció el cierre de varios proyectos que financiaba en las regiones bajo control insurrecto, entre ellos la Policía Libre Siria (PLS), un cuerpo que tiene como objetivo garantizar la seguridad en las calles. Según fuentes gubernamentales citadas por el diario The Independent, el cese no afecta a la ayuda de emergencia y se debe “al deterioro de la seguridad en el terreno”. Sin embargo, niega que haya relación alguna con la investigación publicada el año pasado por la cadena de televisión BBC en la que acusó a la PLS de estar bajo el control de la rama local de Al Qaeda, tras haber recibido más de 168 millones de euros en 2017.

En julio le tocó el turno a la cooperación estadounidense al admitir que había alimentado a milicianos sirios de Hayat Tahrir al Sham. Esta es la conclusión a la que llegó la oficina del inspector general de la Agencia Internacional para la Cooperación de Estados Unidos en dos informes publicados en marzo y julio. Por primera vez en los siete años de contienda, Washington se ha visto obligado a suspender una financiación de 44,6 millones de dólares (38,5 millones de euros) en concepto de ayuda humanitaria en Idlib. Parte de los paquetes de alimentos habrían acabado en el estómago de combatientes afines a Al Qaeda.

La agencia de noticias IRIN fue la primera en hacerse eco de la congelación de fondos que afecta a la organización Catholic Relief Services (CRS). “CRS ha lanzado una investigación interna y externa para revisar el desvío fraudulento de productos alimenticios para la paz en Siria”, asegura la organización católica en un comunicado. El informe recoge que los empleados de la ONG fueron “coaccionados por los armados para incluir los nombres de combatientes como beneficiarios del programa de asistencia alimentaria en la comarca de Idlib”.

Excluidos del complejo debate, para los vecinos de Idlib la ayuda humanitaria es simplemente de una insuficiencia crónica. En conversaciones de Whatsapp y desde Idlib ciudad, el joven activista Abu Alaa admite que parte de la ayuda cae en los bolsillos de los armados, y, aun así, los civiles son cada día más dependientes de la ayuda internacional “hasta para comprar agua potable”.