Los tropiezos en el caso Duarte ponen en evidencia las promesas anticorrupción del PRI

A poco más de un año de la extradición de Javier Duarte a México, su caso parece disolverse en las manos de la Fiscalía, incapaz de sostener su propia investigación. El exgobernador de Veracruz ya no enfrenta una acusación por delincuencia organizada. La Fiscalía le achaca ahora un delito de asociación delictuosa, de menor gravedad. La imputación por lavado de dinero se mantiene.

Desechado el delito de delincuencia organizada, se abre la posibilidad de que Duarte enfrente el resto del proceso fuera de prisión. El abogado Gabriel Regino, penalista experimentado, opina que hay un 50% de posibilidades de que esto ocurra. "Es sorprendente el giro de la PGR [Fiscalía]. Está tratando con benevolencia inusitada este caso", dice.

A pocos meses de que concluya su mandato, las promesas anticorrupción del presidente Enrique Peña Nieto chocan con la escuálida realidad procesal. El resbalón en el caso Duarte es solo el último traspié de la fiscalía, controlada directamente por el Ejecutivo. En México, es el presidente quien elige al fiscal. Hace apenas unas semanas, un juez absolvió a la veterana lideresa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Cosa parecida ocurre con el exgobernador de Chihuahua César Duarte, buscado por las autoridades desde hace más de un año, por desviar presuntamente cientos de millones de pesos del presupuesto local. El actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha acusado al Ejecutivo de Peña Nieto de entorpecer su búsqueda.

Las dudas ante la actuación de las autoridades en estos casos resultan graves por su simbolismo, porque apuntan directamente al núcleo de sus intenciones. ¿De verdad pelea el Gobierno contra la corrupción? ¿Cómo se interpretan entonces estas situaciones?

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, plantea cuatro puntos que, a su juicio, son claves para entender lo sucedido en estos casos. Primero, dice, "la PGR está descabezada y por tanto la responsabilidad es difusa". Desde hace meses, la fiscalía responde a las directrices de un funcionario, Alberto Elias, a la cabeza de la PGR después de que Raúl Cervantes, el último titular, abandonase el cargo.

Segundo, añade, "están aprovechando la transición política. Temas que en otro momento tendrían un enorme costo político, ahora no importan tanto porque la opinión pública está pendiente del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de la formación del nuevo Gobierno".

El tercer punto alude a la estrategia del fiscal. "Cuando un investigador escoge una ruta procesal, en muchas ocasiones elige también el fracaso o derrota de esa ruta. Lo que hemos visto en México es que los fiscales especiales o la PGR, al escoger la ruta litigiosa, aseguran la impunidad". Es decir, que plantean acusaciones sobre delitos cuya comisión no podrán probar. Sería el caso de Javier Duarte, liberado de una acusación grave como delincuencia organizada.

El cuarto, cierra Bohórquez, es un problema sistémico. "El modelo mexicano sigue investigando personas, pero no redes de corrupción que tienen complicidad política, un contraste enorme con Brasil o Argentina. Allá, conforme procesas subalternos de estas redes, vas añadiendo elementos que van acorralando al pez más grande, gracias a la figura de la delación premiada, que aquí no se usa".

Más que los casos de César Duarte y Elba Esther Gordillo, el del otro Duarte, Javier, se ha erigido en proceso de procesos este sexenio. Personaje estridente, protagonista de la imagen del nuevo PRI que una vez defendió Peña Nieto, allá por 2012, Duarte huyó de México a Guatemala a mediados del año pasado al sentirse acorralado por la justicia. Se refugió junto a su familia en un paraje turístico del país vecino, donde fue capturado en julio. Semanas después fue extraditado a México. Desde entonces, la Fiscalía de Veracruz ha abierto otros procesos en su contra, aunque está por ver si podrán evolucionar, dado que Guatemala, cuando lo extraditó, lo hizo de acuerdo a los delitos que entonces le imputaba la fiscalía federal y no otros.

Cualquier otro revés para la fiscalía en este proceso sería fatal para su imagen, y la imagen del gobierno que representa. Gabriel Regino, el abogado, zanja: "¿Por qué han pasado de un delito grave a otro que no lo es después de un año de investigación? La única finalidad es favorecer a Duarte. No es negligencia, es final de sexenio".