El Supremo de Venezuela ordena detener al opositor Julio Borges por el atentado contra Maduro
El presidente venezolano acusa al expresidente del Congreso de ser uno de los responsables del ataque
El Tribunal Supremo de Venezuela ha ordenado este miércoles detener al diputado opositor y expresidente del Congreso Julio Borges, por "delito de homicidio intencional". El tribunal acusa el opositor de ser uno de los responsables del ataque que sufrió el presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado sábado en Caracas. Unas horas después, la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el chavismo, aprobó por unanimidad allanar la inmunidad parlamentaria de Borges y el diputado Juan Requesens, los dos forman parte del partido Primero de Justicia.
"En el análisis de las actas que conforman el proceso contra Julio Andrés Borges Juyent se evidencia que existen elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión flagrante del delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moros", especifica el comunicado del Supremo.
Al mismo tiempo que se conocía la decisión del Alto Tribunal, Borges en Bogotá, ciudad en la que reside desde hace meses, se reunía con Ernesto Macías, presidente del Senado colombiano. "Nos han acusado de todo desde hace años: de que íbamos a bombardear Caracas piloteando un avión, de que estábamos involucrados en conspiraciones militares, de que estábamos con el Gobierno de Colombia metiendo billetes de Venezuela aquí, de trata de blancas, de estar en terrorismo", se ha defendido ante las palabras del mandatario venezolano.
El Tribunal Supremo de Venezuela considera que no procede el antejuicio de mérito a Borges, "razón por la cual su enjuiciamiento" se hará por tribunales ordinarios en materia penal y se "ordena la inmediata detención del asambleísta", una orden que se emite pese a que el diputado no está en el país.
Este organismo judicial, totalmente controlado por el chavismo, con ponencia de su presidente, Maikel Moreno –una de las fichas clave en el mapa de Gobierno chavista sobre el Estado venezolano-, ordenó también abrir un juicio a Requesens por su presunta participación para asesinar a Maduro. El que hasta hace poco era un destacado dirigente estudiantil, de estilo combativo, había sido detenido el día anterior tras el allanamiento de su residencia. Fue llevado a los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), y se desconoce su paradero. La policía política se llevó detenida además a su hermana, Rafaela, también líder estudiantil universitaria, que quedó liberada unas horas más tarde.
Borges, uno de los dirigentes opositores más prominentes, ha condenado lo que considera "la detención arbitraria" de Requesens. "Lo secuestraron, se lo llevaron en contra de las leyes, en contra de la Constitución, le violaron todos los derechos humanos", ha dicho en el Congreso de Colombia. "Su familia ni siquiera sabe dónde está".
La Asamblea Constituyente considera que el diputado se encuentra "en desacato". Aunque, como afirmó Pedro Carreño, del PSUV (partido oficialista), de acuerdo con la Constitución vigente es el poder legislativo el único autorizado para allanar la inmunidad. Tras la violenta crisis política de 2017, esta institución tiene "facultades supraconstitucionales” que privan a la Asamblea Nacional, que presidió Borges, para tomar esta y otras decisiones legales. “La inmunidad parlamentaria no es una patente de corso para salir a delinquir”, recalcó la también constituyente Gladys Requena.
Durante la mañana del miércoles se anunció que se eliminaría la inmunidad de otros cinco diputados opositores, por estar presumiblemente vinculados al atentado contra Maduro. Finalmente, solo se centraron en la sanción contra Borges y Requesens. Al término de la sesión, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, anunció que quedan otros dos nombres por conocerse y que las investigaciones continuarán. En el objetivo del régimen están otros dirigentes de Primero de Justicia y de Voluntad Popular, muchos de ellos ya han huido de Venezuela.
Tras el encuentro con el presidente del Senado colombiano, Borges ha calificado a la Asamblea Constituyente de "espúrea". "Le queremos mandar un mensaje a Nicolás Maduro: 'Usted estará fuera del poder, preso por la violación de los derechos humanos y la destrucción de la democracia", ha continuado al mismo tiempo que
A Borges le acompañan en Bogotá Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, que huyó de Venezuela a través de la frontera terrestre con Colombia y José Manuel Olivares, otro diputado de Primero Justicia que se exilió recientemente. "Nadie quiere la violencia en Venezuela", ha reiterado el expresidente del Congreso, "el único promotor de la violencia se llama Nicolás Maduro por eso necesitamos que en el corto plazo y democráticamente haya un cambio de paz y libertad".
El debate de la Constituyente y los sucesos del pasado sábado han sido recibidos con cierta indiferencia por la ciudadanía, parte de la cual no quiere creer la versión oficial sobre un magnicidio. Muchos observadores presumen que, sobre la base de la gravedad de un atentado político (algunos sectores endurecidos de la oposición en el exilio lo han reivindicado abiertamente), el gobierno de Nicolás Maduro está usando una coartada para ampliar la represión e intentar ganar terreno político asfixiando aún más a su oponente.
Colombia, en el punto de mira de Maduro
La tarde del martes, mientras Iván Duque tomaba posesión como nuevo presidente de Colombia, Maduro realizó una comparecencia pública en la que aseguró que dos grupos entrenados entre abril y junio en una finca en la población de Chinácota, en el norte de Santander (Colombia), fueron los encargados de operar los dos drones que explotaron el sábado pasado durante un desfile militar en Caracas y que tenían como objetivo atacar la tribuna presidencial donde estaba Nicolás Maduro, según la versión del propio presidente.
El mandatario venezolano aportó la declaración de seis de los presuntos participantes en el atentado. No obstante, expertos policiales consultados por este diario han puesto en duda la solidez de las pruebas presentadas por el presidente venezolano. Días antes, Maduro acusó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de ser otro de los responsables de lo que considera un intento de asesinato.
Las imágenes de la cara de susto que se recogieron en el palco presidencial, y la apurada ruptura de la formación militar, luego del estallido de los dos drones en la avenida Bolívar, ha asestado un golpe emocional en las filas del PSUV. Cabello ha justificado la huida de los militares argumentando que eran cadetes que no estaban en un acto militar, en posesión de armas, ni bajo mando de tropa. Aquella tarde se conmemoraba, un año después de instalada la Asamblea Constituyente, un nuevo aniversario de la creación de la Guardia Nacional, uno de los cuerpos con vínculos más sólidos con el chavismo, protagonista de casi todos los episodios represivos de la crisis de 2017, rebautizada como Guardia Nacional Bolivariana.
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