Argentina acuerda con Brasil la entrega de datos sobre el ‘caso Odebrecht’

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Argentina podrá, al fin, avanzar en la investigación de la trama local del caso Odebrecht. Los desacuerdos entre fiscales argentinos y brasileños impidieron hasta ahora a Buenos Aires disponer del testimonio de los arrepentidos de la empresa constructora, base sobre la cual se basa el Lava Jato, la mayor investigación de corrupción en curso en América Latina. La Procuración argentina ha anunciado hoy que podrá desde ahora intercambiar información judicial clave con Brasil, el primer paso para activar las investigaciones en su país. Odebrecht confesó ante las autoridades de EEUU que pagó 35 millones de dólares en sobornos a cargos argentinos para acceder a contratos de obra pública durante el kirchnerismo.

La red de Odebrecht se extendió por toda la región y Argentina era hasta ahora el único país que no había avanzado sobre las conexiones locales. El Gobierno de Mauricio Macri negoció durante cinco meses con Brasilia un acuerdo que permitiera a la justicia de su país acceder a los expedientes brasileños donde, se supone, figuran los nombres de decenas de exaltos cargos argentinos sobornados. El pacto, dijo la Procuración en un comunicado, “sirve [a los fiscales] como una herramienta puesta a su disposición para que en sus investigaciones tengan posibilidad de acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por las personas que decidieron colaborar con las pesquisas de ese país a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada".

Las pruebas obtenidas no deberán entorpecer las investigaciones del Lava Jato en Brasil ni afectar los acuerdos de los testigos, exempleados de Odebrecht que revelaron los detalles de la trama a cambio de beneficios judiciales. “Debido a esas restricciones, serán en definitiva los fiscales quienes, dentro del marco de la autonomía propia de su función, y conforme a las estrategias y criterios de investigación según cada caso, evalúen la conveniencia de utilizar la herramienta de cooperación", explicó el comunicado de la Procuración.

Las derivaciones argentinas de la causa Odebrecht son una sombra negra que amenaza a decenas de ex altos cargos kirchneristas vinculados a la obra pública durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015). Entre 2005 y 2012, Odebrecht fue la empresa extranjera más beneficiada por el trato preferencial a empresas del Mercosur y la buena sintonía de los Kirchner con sus pares brasileños Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2011) y Dilma Rousseff (2011-2016). En sociedad transitoria con otras empresas, Odebrecht obtuvo contratos del Estado argentino por 10.730 millones de pesos, equivalentes a 2.550 millones de dólares al tipo de cambio de 2011, año de la última licitación obtenida por la empresa.

Odebrecht obtuvo seis grandes contratos durante el kirchnerismo. El primero en 2005, cuando ganó la licitación para instalar 455 kilómetros de cañerías en la red troncal de los gasoductos San Martín y Neuba. El trabajo en los gasoductos se amplió en 2007, cuando Odebrecht instaló junto con las argentinas Cammesa S.A. y Grupo Albanesi S.A. unos 2.100 kilómetros de cañerías a lo largo de 15 provincias. Dos años después, la empresa obtuvo, junto con las constructoras locales Roggio, Supercemento y Cartellone un contrato de la estatal AySA para la construcción de una planta potabilizadora de agua. Las obras, destinadas al extrarradio norte de Buenos Aires, demandaron unos 2.850 millones de pesos (750 millones de dólares al cambio de entonces), de los cuales 290 millones fueron financiados por un crédito del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico y Social (BNDES) de Brasil, una práctica que se repetiría en otros contratos.

Odebrecht también trabajó para el sector petrolero. En 2009, inició la construcción de una planta de refinado para la estatal YPF, con una inversión de 348 millones de dólares. Un año después, Odebrecht participó en el desarrollo de Potasio Río Colorado, una planta de fertilizantes en la provincia de Mendoza. El gran salto, sin embargo, llegó recién en 2011, cuando Odebrecht y un consorcio de empresas locales, entre las que figuraba Iecsa, propiedad de Angelo Calcaterra, primo hermano de Macri, obtuvieron el contrato para el soterramiento de 36,5 kilómetros de vías del Ferrocarril Sarmiento que corre de este a oeste en Buenos Aires. La obra, con un costo estimado de 3.000 millones de dólares, se financió en un 50% con un crédito del BNDES. El gobierno de Kirchner pagó 40 millones de dólares por una tuneladora, pero hubo que esperar al gobierno de Macri para ponerla en marcha.