Odebrecht, la favorita del kirchnerismo en Argentina

Odebrecht llegó a Argentina hace 27 años, cuando puso la primera piedra de la central hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, en la provincia patagónica de Neuquén. En un catálogo de 200 páginas a todo color y papel ilustración impreso en 2012, la compañía consideró a esa primera obra local prueba “de los fundamentos éticos, morales y conceptuales que rigen en la Organización Odebrecht en todo el mundo”. Hoy sabemos que esos fundamentos no siempre se cumplieron. En un acuerdo judicial firmado en Estados Unidos, la empresa admitió el montaje de una red de pago de sobornos en países de América Latina, entre ellos Argentina. En 2012, Odebrecht era una de las principales contratistas de obra pública del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En esa época aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por “aproximadamente 278 millones de dólares”, según el documento firmado en una corte Federal en Brooklyn, Nueva York. El Gobierno del presidente Mauricio Macri, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), pidió Estados Unidos los detalles de ese acuerdo para investigar posibles responsabilidades locales.

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Hasta 2005, Odebrecht sólo había construido en Argentina la represa en Neuquén y la autopista del Oeste, una de las principales conexiones de Buenos Aires con su extrarradio. El gran salto se produjo con la llegada del kirchnerismo. Tanto Néstor Kirchner (2003-2007) como su esposa y sucesora, Cristina Fernández (2007-2015) dieron un impulso sin precedentes a la obra pública, base de su política de promoción del empleo y el consumo interno. Odebrecht estuvo ahí, beneficiada por el trato preferencial a empresa del Mercosur y la buena sintonía de los Kirchner con sus pares brasileños Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2011) y Dilma Rousseff (2011-2016). En sociedad transitoria con otras empresas, Odebrecht obtuvo contratos del Estado argentino por 10.730 millones de pesos, equivalentes a 2.550 millones de dólares al tipo de cambio de 2011, año de la última licitación obtenida por la empresa, y a 671 millones de dólares si se aplica la cotización actual.

La relación entre miembros del Gobierno y ejecutivos de la empresa fue fluida. El control de audiencias que deben llenar los altos funcionarios registró 22 encuentros oficiales, con dos hitos en 2013 que se produjeron en un lapso muy corto. El 31 de julio de aquel año, la expresidenta Fernández de Kirchner recibió a Marcelo Odebrecht en la Casa Rosada. El encuentro se repitió un mes después por pedido del ministro de Planificación, Julio de Vido. De Vido fue una pieza clave en la relación con Odebrecht. Al frente de todos los desarrollos de obra pública, fue el único ministro que asumió el primer día de Néstor Kirchner en el poder y se mantuvo en su puesto hasta el último día de Cristina Fernández, el 10 de diciembre de 2015. En un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter, De Vido negó la semana pasada que haya cobrado sobornos de Odebrecht o de “cualquier otra empresa”.“Queremos que se identifique quiénes son los supuestos intermediarios que cobraron y que digan a qué funcionarios les pagaron”, dijo el exministro.

El dinero que el Gobierno argentino otorgó a Odebrecht entre 2003 y 2015 significó sólo el 3,19% del total destinado a obras de infraestructura. La cifra ubicó a la empresa en el séptimo lugar de una lista de otras 36 beneficiadas por contratos del Estado. El porcentaje puede parecer bajo, pero oculta que Odebrecht estuvo primera entre las compañías extranjeras. Hay que avanzar hasta el puesto número 18 para encontrar a la siguiente: General Electric, de origen estadounidense. Para la diputada Graciela Ocaña, de Confianza Pública, el éxito de Odebrecht respondió “a su política de pago de sobornos y sobreprecios”. “Las empresas estadounidenses tienen otras restricciones”, dijo a EL PAÍS. Ocaña impulsó en 2009 una denuncia contra el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, hoy en prisión, por entender que había pedido un soborno de 80.000 dólares a Odebrecht. Se basó para ello en las pruebas recolectadas Brasil, una serie de correos electrónicos donde un supuesto testaferro de Jaime, Manuel Vázquez, reclamaba un pago a Mauricio Couri Riberio, director del grupo Odebrecht. “Eso está acreditado. Jaime le pedía en 2009 por una serie de transferencias que no habría recibido y que debían llegar a Estados Unidos de una cuenta de la empresa uruguaya Primbox, una cuenta con varios millones de dólares. Vázquez está en prisión por otras causas, pero su nombre está entre los intermediarios que habrían recibido sobornos”, explicó Ocaña.

Desde gasoductos a fertilizantes

Odebrecht obtuvo seis grandes contratos durante el kirchnerismo. El primero en 2005, cuando ganó la licitación para instalar 455 kilómetros de cañerías en la red troncal de los gasoductos San Martín y Neuba. El trabajo en los gasoductos se amplió en 2007, cuando Odebrecht instaló junto con las argentinas Cammesa S.A. y Grupo Albanesi S.A. unos 2.100 kilómetros de cañerías a lo largo de 15 provincias. Dos años después, la empresa obtuvo, junto con las constructoras locales Roggio, Supercemento y Cartellone un contrato de la estatal AySA para la construcción de una planta potabilizadora de agua. Las obras, destinadas al extrarradio norte de Buenos Aires, demandaron unos 2.850 millones de pesos (750 millones de dólares al cambio de entonces), de los cuales 290 millones fueron financiados por un crédito del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico y Social (BNDES) de Brasil, una práctica que se repetiría en otros contratos.

Odebrecht también trabajó para el sector petrolero. En 2009, inició la construcción de una planta de refinado para la petrolera estatal YPF, con una inversión de 348 millones de dólares. Un año después, Odebrecht participó en el desarrollo de Potasio Río Colorado, una planta de fertilizantes en la provincia de Mendoza. El gran salto, sin embargo, llegó recién en 2011, cuando Odebrecht y un consorcio de empresas locales obtuvieron el contrato para el soterramiento de 36,5 kilómetros de vías del Ferrocarril Sarmiento que corren de este a oeste en Buenos Aires. La obra, con un costo estimado de 3.000 millones de dólares, se financió en un 50% con un crédito del BNDES. El gobierno de Kirchner pagó 40 millones de dólares por una tuneladora, pero hubo que esperar al gobierno de Mauricio Macri para ponerla en marcha.

El acuerdo judicial de Odebrecht en Estados Unidos ha puesto ahora en duda los métodos que permitieron a la empresa hacerse con esa cantidad de contratos. La OA pidió detalles del documento para encontrar posibles conexiones locales. La diputada Margarita Stolbizer, promotora de las principales causas por presunta corrupción que enfrenta Fernández de Kichner, pidió a un fiscal que inicie una "una investigación preliminar" por supuesto "pago de coimas por parte de la constructora Odebrecht a funcionarios públicos argentinos". Ocaña, en tanto, solicitó al juez que sume la declaración de Odebrecht a la causa por pago de sobornos a Jaime. Para la legisladora, tarde o temprano la investigación “va a llegar a Julio de Vido”, pero puso en duda que pueda irse “mucho más arriba”. “Todo depende de cómo se encare la investigación”, dijo, “Cristina no podía desconocer por el tipo de obras y los importes, pero obviamente no firmaba ningún papel”.