El Tribunal de la ONU ordena a Emiratos que reunifique a las familias cataríes
Qatar denunció a Abu Dabi por violación de los derechos humanos y discriminación
El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, (TIJ) ha ordenado a Emiratos Árabes Unidos que proteja los derechos de los ciudadanos de Qatar residentes en su territorio. Abu Dabi deberá, con efecto inmediato, “reunir a las familias mixtas que fueron separadas a partir del 5 de junio de 2017, asegurar que los estudiantes cataríes expulsados del país puedan seguir sus estudios, o recuperar su expediente si prefieren marchar, y permitir que todos los afectados acudan a los tribunales en igualdad de condiciones”. Las medidas son cautelares, pero vinculantes, y derivadas de la denuncia presentada el pasado 12 de junio por Qatar “por violación de los derechos humanos y discriminación de sus compatriotas en el país vecino”.
La decisión del máximo órgano judicial de la ONU ha mostrado la división de sus 15 jueces, que han adoptado la primera disposición por ocho votos contra siete. La segunda parte de la votación ha sido más holgada. Por once votos contra cuatro, han ordenado a ambos países que “eviten cualquier acto que pueda agravar la disputa”, ha dicho el somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf, presidente del Tribunal.
Durante la lectura de la decisión, el presidente citó textualmente parte de la queja catarí sobre “las familias separadas; los servicios sanitarios suspendidos, incluso si había tratamientos en marcha, para los cataríes; los estudiantes que no han podido terminar sus estudios, y la desigualdad de trato ante los tribunales”. “Emiratos dice que nada es cierto”, reza el texto. Según los jueces, “los cataríes siguen estando en una situación vulnerable por las órdenes dadas por Emiratos, y puede que haya un daño irreparable para ellos”. De todos modos, la decisión adoptada por el Tribunal no impide que ambos países presenten sus argumentos cuando llegue el momento de abordar el fondo de la cuestión.
Qatar denunció a Emiratos Árabes Unidos el pasado 12 de junio, un año después de que estos últimos, Arabia Saudí, Bahréin y Egipto le impusieran un embargo por su supuesto apoyo a grupos terroristas, y sus estrechos lazos con Irán. El bloqueo fue por tierra, mar y aire, y Qatar lo calificó de ilegal y parte de “una campaña de coerción política y económica que ha afectado de forma devastadora” a sus ciudadanos residentes en Emiratos.
La demanda ante el TIJ incluía “la incitación al odio puesta de manifiesto por el cierre de las oficinas de Al Jazeera [emisora financiada por Qatar] abiertas en Emiratos”. Doha pedía además una compensación económica por daños y perjuicios. Y hacía especial hincapié en “la separación de familias y matrimonios en situaciones dramáticas que merecen ser reagrupados”. El boicot ha producido daños financieros y psicológicos, que afectan también a ciudadanos de los otros tres países involucrados en el embargo y forman parte de las familias mixtas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
