El Gobierno de Marruecos, atrapado en el fracaso

El martes 5 de junio se produjo un hecho insólito en Marruecos. El ministro de Asuntos Generales y de la Gobernanza, Lahcen Daudi, perteneciente al islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), se manifestó frente al Parlamento junto a decenas de trabajadores de la empresa Centrale Danone, para protestar contra el boicot ciudadano aún vigente que comenzó el 20 de abril contra tres empresas líderes en el mercado marroquí: la leche de Centrale Danone, el agua Sidi Ali y las gasolineras Afriquia. El objetivo de la campaña anónima era denunciar la carestía de vida y el régimen de oligopolios.

Daudi recibió un aluvión de críticas incluso dentro de su propio partido, por considerar que se había manifestado contra la voluntad de una gran parte del pueblo que secunda el boicot. El ministro se vio conminado a presentar su dimisión en junio. No obstante, para que esta se haga efectiva ha de ser aprobada por el rey. Así que, un mes después de dimitir, Lahcen Daudi sigue ejerciendo de ministro. El suspense de la dimisión refleja el desconcierto y las divisiones internas de un Gobierno formado por cinco partidos que en apenas un año y medio de existencia se ha visto desbordado por la crisis social de Alhucemas y por el boicot ciudadano.

El rey de Marruecos destituyó como jefe de Gobierno al islamista Abdelilá Benkirán, del PJD, después de que le fuera imposible formar Gobierno durante seis meses de negociaciones. Mohamed VI nombró en su puesto a Saadedín el Otmani, segundo hombre del PJD. Y El Otmani aceptó enseguida las condiciones que le imponían los otros partidos a Benkirán. Pero hoy en día, cuando aún le quedan tres años para concluir su mandato, el Gobierno parece encallado ante los grandes desafíos del país.

Ahmed Chiba, alto funcionario del ministerio de Finanzas y miembro fundador de la Red Marroquí de Defensa de los Bienes Públicos, considera que si algo está claro en la gestión de este Gobierno es que el cambio prometido en 2011 durante la Primavera Árabe no ha tenido lugar. “El mensaje”, señala Chiba, “ha sido claro: ‘No esperéis un Gobierno político fuera del que se encuentra dentro del Palacio Real’. A la hora de la verdad, incluso la gestión de los asuntos corrientes los ejecuta el Gabinete real. El Gobierno de El Otmani no dirige ni la política, ni la economía, ni las finanzas, ni lo social. Esta es una situación aceptada y muy cómoda tanto para los partidos del Gobierno como para los de la oposición”.

El Gobierno de El Otmani no dirige ni la política, ni la economía, ni las finanzas, ni lo social. Es el Gabinete real quien lo hace

“Afortunadamente para el poder”, añade Chiva, “el país ha tenido este año una campaña agrícola favorable que ha permitido una distensión social. ¿Pero hasta cuándo? La ausencia de un Gobierno capaz de tomar iniciativas es compensada por la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. El Estado es incapaz de responder políticamente a las exigencias de la situación, deja manos libres al aparato de seguridad que se dedica a dictar su conducta a otras instituciones, en concreto al aparato judicial, con el fin de apagar todos los movimientos sociales. Esto no tardará en reinstalar el Estado policial de los años del plomo [en referencia a la década de los ochenta, con Hassan II] que ya creíamos olvidados”.

Reformas

David Goeury, politólogo francés asociado al centro de análisis marroquí Tafra, cree que además de las crisis sociales del boicot, el Rif y la localidad minera de Yerada, el Gobierno ha fallado en responder a las otras exigencias de la gente, como son las reformas de la Educación, la Sanidad y la Justicia. “La dureza de las condenas contra los presos del Rif ha chocado a una gran parte de la población, no solo a los militantes. Es verdad que esas condenas en primera instancia seguramente van a ser reducidas en un tribunal de apelaciones. Pero el descontento de la población se habría evitado si se hubiera emprendido una reforma de la justicia que lleva ya más de dos años paralizada”.

En cuanto a la Educación y la Sanidad, Goeury recuerda que los ministros responsables de esos sectores fueron despedidos el 24 de octubre por el rey a causa de su incompetencia en resolver la crisis de Alhucemas y se tardó tres meses en nombrar a los nuevos titulares. “Eso no ha permitido emprender reformas de fondo”, señala. Goeury indica que las últimas evaluaciones que el Observatorio Nacional de Desarrollo Humano ha hecho sobre los profesores son “dramáticas”. En efecto, el estudio publicado en 2017 reflejaba que los alumnos obtenían mejores notas en francés (47,6 sobre 100) que sus profesores (41). “Solo en Matemáticas los docentes estaban por encima del nivel de los alumnos”, añade Goeury. “Pero sus competencias pedagógicas son tan débiles que ni siquiera tienen conocimientos para enseñar las matemáticas. La clase media opta por los colegios privados e invierte un 30% de sus ingresos en la educación de sus hijos. Pero los colegios privados tienen una pedagogía aún peor que solo compensan con más horas de clase”.

Respecto al boicot, Goeury indica que es la clase media urbana, la más integrada, la que está expresando su descontento. “El motivo oficial del boicot es denunciar la carestía de vida. Pero, en realidad, la verdadera razón de su descontento es la falta de horizontes. El aumento constante de los costes de la educación en un sector privado de calidad muy mediocre reduce el poder de compra y alimenta las contestaciones masivas. El boicot está debilitando mucho al Gobierno”.

“En definitiva”, concluye Goeury, “el retraso en la ejecución de las reformas que debería permitir la aplicación de la Constitución de 2011 se hace cada vez más insoportable para los ciudadanos”.