Detenidos 23 fiscales en Venezuela en una operación contra la corrupción

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado que 23 fiscales han sido detenidos por estar supuestamente vinculados con hechos de corrupción, como parte de la ofensiva lanzada por el Gobierno de Nicolás Maduro contra este tipo de delitos. Al formalizar varias decisiones para castigar uno de los innumerables ilícitos que se gestan en las sombras del Estado venezolano, Saab criticó de nuevo la administración de su predecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz, —que rompió con el régimen de Maduro el año pasado— a quien de forma velada terminó endosando la responsabilidad de la existencia de una "red de extorsión" en las oficinas que ahora están a su cargo.

Más información

La fiscal rebelde de Venezuela acusa a Maduro y su ‘número dos’ de cobrar sobornos millonarios

La UE impone sanciones a 11 altos cargos de Venezuela

Allanada la residencia de la fiscal rebelde Ortega Díaz en Caracas

De acuerdo con Saab, los fiscales apresados “habían convertido a esta institución en un cartel de extorsión”. La ex fiscal general, enemiga de Nicolás Maduro, huyó el pasado agosto del país, tras haberse enfrentado abiertamente al presidente venezolano, a quien acusó de cobrar sobornos millonarios. Los fiscales detenidos están acusados de conspirar con otros funcionarios para desviar una cantidad indeterminada de millones de dólares provenientes del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), una de las intendencias creadas por el Gobierno de Maduro para administrar el draconiano control de cambios vigente en el país desde 2003.

Saab anunció, además, en una rueda de prensa ofrecida desde su despacho que también ha sido apresado en otros operativos para combatir la corrupción el presidente de la Federación Venezolana de Triatlón, Pablo Machillanda. Otros funcionarios de esa dependencia del Ministerio de Deportes fueron arrestados "por falsificar un acta simulando la celebración de una Asamblea Extraordinaria para malversar fondos públicos". También fueron llevados a los tribunales Lilia Becerra y Óscar Arapé, tesorera y secretario general de la Federación de Triatlón, tras las acusaciones de "forjamiento de actas, agavillamiento y obtención de lucro"

Cencoex —como la oficina que antes ejercía estas funciones, la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi)— recibió una ingente cantidad de millones de dólares durante los Gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, con el objeto de administrar el ciclo de ingresos petroleros más alto que se haya registrado en la historia del país. Ambas oficinas son dos de los emblemas por excelencia de la corrupción en la era chavista.

La corrupción en Cadivi y Cencoex ha sido denunciada reiteradamente por economistas, periodistas y diputados opositores, en medio de un espeso silencio en las esferas de poder del chavismo. Han sido muchas las voces que primero pedían, y luego exigían, el fin del control cambiario como eje de una estrategia de crecimiento económico. El argumento principal son las múltiples distorsiones que produce en la economía y por ser una fuente natural de corrupción y una causa de la escasez actual de bienes y divisas en el país.

Jorge Giordani, ex ministro de Finanzas de Chávez, denunció en 2014, poco antes de romper con el Gobierno de Maduro, que en las triangulaciones y sobrefacturación de Cadivi y Cencoex, el país pudo haber perdido cerca de 25.000 millones de dólares. La plana mayor del chavismo, encabezada por Maduro, se ha negado rotundamente a levantar el control cambiario.

"Estos fiscales creyeron que podían seguir haciendo lo que hacían impunemente. Aquí no hay intocables", afirmó Saab, que informó de la detención de otras 20 personas por estar vinculadas "con mafias que desviaron los dólares preferenciales para comprar alimentos y medicinas". El Ministerio Público informó de que más de 1.000 fiscales han sido detenidos por sus vínculos con una red de extorsión que favoreció la corrupción en el sector petrolero.

Para diputados opositores, economistas y observadores, la depresión económica en Venezuela, en un contexto de inflación descontrolada y escasez, guarda relación directa con los descomunales niveles de corrupción gestados en los órganos de administración de divisas y la petrolera estatal PDVSA. Buena parte de estos abusos han sido estudiados y determinados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que domina la oposición.

El Gobierno de Maduro se niega a responder a estas acusaciones y no ha introducido ninguna modificación de su política económica. Los mandos chavistas, sin embargo, parecen haber otorgado a Tarek Wiliam Saab, que es militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y compañero de causa de Miraflores, una licencia para emprender una purga supervisada en aquellos sectores del Estado que parecen estar más gangrenados. La corrupción en el Estado chavista está generalizada y en el Palacio de Miraflores predomina una tardía preocupación el respecto. Así las cosas, esta pequeña réplica del "manos limpias" que hubo en Italia, es, de acuerdo con las fuentes, un ejercicio administrativo pactado y con límites.

Saab sustituyó el año pasado en la Fiscalía a Ortega Díaz, que llevaba varios años frente a su despacho y que llegó a contar con las simpatías de Hugo Chávez. Ortega fue la primera funcionaria chavista que denunció que la Asamblea Constituyente —órgano chavista creado para reemplazar a la Asamblea Nacional— planteaba "una ruptura clara del hilo constitucional". La exfiscal purgaba con Maduro un lento proceso de descontento y distanciamiento en virtud del deterioro general de la situación, la deriva autoritaria y el agravamiento de la corrupción en la Revolución Bolivariana.

La primera medida tomada por la Constituyente consistió en expulsar a Ortega del cargo que ocupaba desde 2007. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y se le prohibió salir del país por "la presunta comisión de faltas graves". Ella huyó a Colombia, pero sus afirmaciones sobre el Gobierno de Maduro no cesaron. El pasado agosto, afirmó que el presidente venezolano y otras altas autoridades del régimen usaron empresas de España y de México para recibir dinero de la corrupción. "Voy a entregar las pruebas para que las autoridades de distintos países las investiguen", dijo entonces Ortega en las que fueron sus primeras declaraciones tras su salida del país.