Un juez tumba los procesos contra dos acusados del caso Iguala. Y este podría ser solo el principio

A casi cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México, el proceso judicial avanza lentamente en los juzgados, partido en pedazos, entre presiones políticas, acusaciones y golpes de timón. En un hecho inédito estos años, un juez ha desestimado este lunes los cargos contra dos de los presuntos implicados en lo sucedido. También ha rechazado el caso de la fiscalía contra un expolicía de Iguala, además de la acusación contra un presunto integrante de Guerreros Unidos, la banda criminal sospechosa de organizar la cacería de los 43 en septiembre de 2014.

De los cuatro detenidos, dos podrían haber tenido un papel importante en los hechos, en la persecución y desaparición de los muchachos, de acuerdo a la investigación oficial. En la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, una banda regional de delincuentes, Guerreros Unidos, lanzó una cacería contra los estudiantes apoyados por la policía municipal de Iguala. Los jóvenes llegaron a la localidad la tarde del 26. Pretendían requisar unos autobuses para viajar a Ciudad de México días más tarde. Una de las versiones que se ha manejado es que los criminales pensaron que los estudiantes eran en realidad de otra banda y que venían a buscarles a ellos. De ahí la cacería. Pese a todo, las fallas en la investigación señaladas por los jueces y las constantes críticas de organismos internacionales a la fiscalía impiden tener certeza absoluta de nada, salvo de la ausencia de los 43. En marzo, Naciones Unidas publicó un informe en que denunciaba que al menos 34 detenidos habrían sido víctimas de tortura.

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Pese al fallo del juez, es difícil que cualquiera de los cuatro salga de prisión. El caso Iguala es un laberinto procesal de enormes dimensiones y la probabilidad de que enfrenten acusaciones en alguna otra de las cuatro causas abiertas es bastante alta. Para los abogados de las familias de los 43, el problema es sin embargo lo que descubre la sentencia del juez, la constancia de los defensores de los acusados frente a la desidia de la fiscalía. Malú Aguilar, del equipo jurídico que asesora a las familias, lo pone así: "La fiscalía se preocupa por la narrativa, pero no cuida las causas". O dicho de otro modo, que las autoridades detuvieron a decenas de sospechosos en los primeros meses, sospechosos cuyas declaraciones apuntalaban la versión de los hechos que presentó el Gobierno; que hay casos, como este, en que las detenciones fueron ilegales; que una vez en prisión, los investigadores han descuidado los casos. En el texto del auto de libertad de los cuatro, el juez ha señalado directamente "la inactividad investigadora de la fiscalía".

Este revés en los tribunales llega pocos días después de que un juez ordenara la creación de una Comisión de la Verdad para investigar lo sucedido en Iguala. El juez, que está a cargo de otra de las cuatro causas, considera que la investigación de la fiscalía no fue "pronta, efectiva, independiente ni imparcial". Su decisión llegó después de que nueve de los acusados, entre ellos varios pesos pesados de Guerreros Unidos, iniciaran una cadena de recursos y apelaciones contra su detención, igual que hicieron estos últimos cuatro. En el caso de los nueve, entre quienes se encuentra El Gil, uno de los cabecillas de la banda, las consecuencias han sido múltiples. Por un lado, la creación de la Comisión de la Verdad. Y por otro, la decisión judicial de "reponer el procedimiento", que obliga a la fiscalía a aportar nuevas evidencias que prueben sus acusaciones contra estos nueve acusados. Daniela Aguirre, abogada de las familias, explica: "Podría ocurrir que en estas situaciones en que el juez ordena reponer el proceso y la fiscalía no aporta nuevas pruebas, haya más autos de libertad". Es decir, que si los investigadores no afianzan sus pesquisas, podrían encontrarse con un nuevo revés del juez. Y esta vez con los presuntos orquestadores de la noche de Iguala como protagonistas.

El problema es que las únicas pruebas potentes de la fiscalía son los testimonios de presuntos participantes en los hechos, declaraciones que, en casos como este, se declaran inválidas. Y sobre todas planea además la sombra de la tortura, cometida presuntamente por los investigadores de la fiscalía estatal, de la Armada... Concluye Aguirre: "El trabajo de la fiscalía ha sido sucio y muy pobre".

EL PAÍS trasladó la opiniones de los abogados de las familias a la fiscalía mexicana. También pidió un comentario acerca de los escritos de los jueces, críticos con los investigadores. La fiscalía ha preferido no comentar nada.

Las detenciones de principios de octubre

Los cuatro acusados victoriosos son Luis Alberto Gaspar, Martín Macedo, Marco Antonio Rios y Honorio Antúnez. Todos fueron detenidos entre el 2 y el 4 de octubre de 2014 en Iguala, apenas una semana después del feroz ataque contra los estudiantes. Agentes de la fiscalía estatal se encargaron de los arrestos.

El primero fue Gaspar. En su informe, los investigadores explican que el 2 de octubre fueron a hacer un registro a una casa y allí se encontraron con varias personas, Gaspar entre ellas. Se llevaron a todos a las instalaciones de la institución y allí les tomaron declaración. En su testimonial, Gaspar habría dicho que pertenece a Los Tilos, una banda que opera junto a Guerreros Unidos y que habría estado implicada en la desaparición de los estudiantes. Esto, de acuerdo a la declaración que ofreció a los agentes de la fiscalía, ahora rechazada por el juez.

Así de fácil.

Al día siguiente, los agentes cuentan que estaban recorriendo la ciudad junto a militares y policías, cuando observan "a un sujeto masculino que se mostraba nervioso". Lo paran, lo revisan y le encuentran una bolsa con marihuana... Es Honorio Antúnez, que se identifica como ex militar y policía local en Iguala. Cuentan los agentes en su informe que Honorio dice que conoce a vendedores de droga y los lugares donde venden. Que si quiere, les muestra. Así dan con Martín Macedo y Marco Antonio Ríos.

En su declaración en las instalaciones de la fiscalía, Macedo dice que pertenece a Guerreros Unidos y que participó en la desaparición de los estudiantes; que disparó contra algunos de ellos y que luego detuvo a 17 junto a otros integrantes de Guerreros. Que los llevaron a una casa de seguridad y los mataron.

Ríos cuenta por su parte que es halcón de la organización. Que lo reclutó El Chucky, uno de las figuras de Guerreros más importantes en Iguala, según la investigación oficial. Añade que él se encargó de matar a 13 estudiantes, además de enterrarlos en Pueblo Viejo, cerca de Iguala.

Dice Malú Aguilar: "La fiscalía tiene una versión oficial pero no sabe cómo mantenerla ante el juez". La versión de las autoridades, invariable desde hace más de dos años, apunta a que los estudiantes fueron secuestrados por delincuentes y policías de Iguala, transportados a un basurero no lejos de allá, en Cocula, asesinados y quemados en una enorme pira. Estudios independientes han criticado esta tesis y han defendido que no hay indicios de que en el basurero se hubiera quemado a tanta gente.