La ONU documenta 34 casos de tortura en la investigación del ‘caso Ayotzinapa’

La madrugada del 27 de octubre de 2014 la Armada de México hizo un operativo sorpresa en Cuernavaca, en el Estado de Morelos. Los marinos buscaban a integrantes del cártel Guerreros Unidos que pudieran dar información sobre la desaparición de 43 jóvenes en Iguala (Guerrero), la noche del 26 de septiembre. Los militares sorprendieron a tres presuntos narcotraficantes e iniciaron una persecución. El resultado fue dos detenidos y un muerto. Las autoridades informaron de que el fallecido había caído del techo de un edificio mientras huía. La realidad era otra. El hombre, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, conocido como El Chiquis, habría muerto mientras era torturado por los marinos. “Estaba como unos cinco o diez metros se encontraba el Chiquis, igual lo estaban torturando con la bolsa… hasta que escuché ‘ya valió madre, ya valió madre, este no aguantó, se me ahogó’”, refirió Eury Flores López, uno de los detenidos, en su declaración del 31 de octubre de 2015.

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Esta es solo una gota dentro del mar de irregularidades que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) ha expuesto en lo que el Gobierno mexicano llama con orgullo la verdad histórica, la investigación judicial realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) del caso Ayotzinapa, dirigida por el entonces fiscal Jesús Murillo Karam. Los expertos del organismo internacional han publicado Doble injusticia, un informe de 65 páginas presentado este jueves, que recopila, verifica y analiza las violaciones a derechos humanos cometidas en la gran etapa de la pesquisa, de septiembre de 2014 a enero de 2016. “El informe contribuye a la búsqueda de la verdad y la justicia en dicho caso y más ampliamente a la agenda nacional de lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México”, dicen sus autores.

Los expertos de la ONU-DH revisaron los expedientes judiciales y se entrevistaron con detenidos, testigos, abogados y las autoridades relevantes que investigaron los hechos ocurridos hace casi cuatro años. Lo que hallaron fue un “patrón consistente de violaciones de derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” que comenzaba con detenciones arbitrarias de personas, pasaba por demoras significativas en su presentación ante las autoridades, tortura y la posterior transferencia al Ministerio Público. Algunas de las conclusiones pretenden “arrojar más luz” a las advertencias vertidas por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI).

Buena parte de Doble injusticia se dedica a documentar la tortura a la que fueron sometidos muchos de los detenidos. La ONU examinó la información de 63 de los 129 detenidos a lo largo de la investigación que dijeron haber sido maltratados. En 51 casos halló posibles actos de tortura. El informe se basa en el análisis de 34 de ellos, 33 hombres y una mujer. “La ONU tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”, dice el texto.

Entre las prácticas documentadas están los toques eléctricos; la penetración anal; amenazas de violación sexual; golpes; asfixia

Los presuntos actos de tortura fueron cometidos en los vehículos de traslado de los detenidos, en casas de seguridad, en terrenos baldíos y en las oficinas de la PGR y su Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Todos los casos analizados tienen una cosa en común. “Tuvieron lugar a partir de que la PGR atrajo el caso”, esto es después del 5 de octubre de 2014 y cuando aumentaba la presión internacional por esclarecer los hechos. La ONU-DH no conoció ningún caso de tortura mientas las investigaciones estuvieron a cargo de las autoridades del Estado de Guerrero o de autoridades penitenciarias.

El Gobierno mexicano ha respondido a los señalamientos hechos por la ONU. En un comunicado, la PGR asegura que el informe "omitió" información de evidencias obtenidas en pruebas periciales basadas en los más altos estándares internacionales. Sobre los casos de tortura analizados, el Gobierno asegura que "no se han acreditado, salvo en algunos casos excepcionales de los que se han informado públicamente". Parte de esa comunicación se hizo recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó su periodo de sesiones el 2 de marzo. La Fiscalía insiste en que se continúan investigando estos señalamientos. El organismo internacional subraya que estos delitos no han sido atendidos a pesar de haber sido cometidos hace tres años. “La ONU-DH no ha conocido de ninguna acusación en contra de los posibles responsables de dichas violaciones”, asegura el informe.

Entre las prácticas documentadas están los toques eléctricos en varias partes del cuerpo incluyendo los genitales, los pezones y el ano; la penetración anal a tres hombres detenidos; amenazas de violación sexual a las familiares de los detenidos; golpes; asfixia con bolsas de plástico y ahogamiento con trapos húmedos, una forma conocida como waterboarding que fue utilizada por los soldados estadounidenses en Irak. Los detenidos responsabilizaron de la tortura a elementos de la Policía Federal, la Policía Federal Ministerial, los marinos.

Al revisar los exámenes médicos practicados a los detenidos, la ONU-DH halló hematomas, equimosis, costras hemáticas y excoriaciones. “De acuerdo al Protocolo de Estambul pueden correlacionarse con actos de tortura”. En dos casos, los médicos pidieron a la Fiscalía trasladar a sus detenidos a un hospital. Uno de ellos fue Raúl Núñez Salgado, un supuesto operador financiero de Guerreros Unidos, a quien le contabilizaron más de 30 lesiones externas que le dejaron problemas para caminar.

En al menos 23 casos los procesados señalaron directamente a los ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, en ese entonces bajo la dirección de Tomás Zerón. “Esa era la orden que traían los federales, de que nosotros teníamos que mencionar lo que sabíamos y si no matarían a mis hijas y a mi esposa ya que había sido orden presidencial”, declaró Julio César Mateos Rosales, policía ministerial de Cocula, el 17 de diciembre de 2014.

La ONU-DH también documentó tortura psicológica. Osvaldo Ríos Sánchez, quien según las autoridades es uno de los autores materiales del asesinato y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, dijo en su declaración que fue transportado fuera de las oficinas de la Fiscalía y llevado a Iguala. “Nos llevaron a un cerro en una camioneta y nos pusieron a escarbar un pozo diciéndonos que esa era nuestra tumba. Me empezaron a golpear y me tiraron dos balazos, a mi hermano se lo llevaron a otro lado. Un balazo me lo tiraron a la cabeza pero no me lo dieron porque me tiraron a un lado diciéndome que me iban a matar y de ahí me tiraron el otro. Nos bajaron y de nuevo me subieron al helicóptero diciéndome que me iban a tirar desde arriba y me volvieron a llevar al cuartel, me volvieron a pegar poniéndome la bolsa diciéndome que cuando llegara a la SEIDO tenía que decir lo que ellos me dijeran”. La ONU también dice que Ríos fue inmovilizado con una sábana y asfixiado con una bolsa de plástico. Cuando perdió el conocimiento fue reanimado con choques eléctricos.

Las afirmaciones documentadas por el Alto Comisionado ponen en duda las declaraciones con las que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha construido uno de sus casos más relevantes. Los dichos autoinculpatorios, espontáneos y las evidencias, obtenidas bajo tortura, "no han sido excluidas como pruebas por parte de las autoridades judiciales". La ONU arroja luz sobre la noche de Iguala, que casi cuatro años después, no termina de clarear.