Gérard Boulanger, un abogado contra el colaboracionismo

Es difícil pasear por las calles de París, o de cualquier ciudad de Francia, sin toparse con alguna placa conmemorativa que recuerde que en una casa, en una esquina o en una plaza murieron franceses —comunistas, miembros de la resistencia, intelectuales o simples ciudadanos— asesinados por los nazis que ocuparon el país durante la II Guerra Mundial. Cuesta algo más encontrar un recordatorio de la otra cara de la historia francesa de esa época, la de la estrecha colaboración del régimen de Vichy del mariscal Pétain con la Alemania de Adolf Hitler y su responsabilidad en la deportación de decenas de miles de judíos que acabaron en campos de exterminio nazis. Gérard Boulanger no se limitó a denunciar ese capítulo siniestro de Francia. Fue el principal artífice de una condena considerada histórica, la de Maurice Papon, el único alto funcionario francés encarcelado por “complicidad en crímenes contra la humanidad” por su papel en la deportación de judíos entre 1942 y 1944. El abogado y defensor de los derechos humanos, de 69 años, falleció el viernes en su Burdeos natal a causa de un cáncer. Los homenajes a un hombre que en los últimos años se dedicó también a defender a los inmigrantes sin papeles y a los demandantes de asilo no han cesado desde entonces.

En 1981, Maurice Papon (1910-2007) estaba en lo más alto de su larga carrera dentro del Estado, ocupando la cartera de Presupuestos que le había asignado el Gobierno de Valéry Giscard d’Estaing tres años antes. Hasta que en mayo de ese año, el semanario Le Canard Enchaîné reveló su papel en la deportación de judíos durante el régimen de Vichy. Como secretario general de la prefectura de Gironda (suroeste) en los años de la ocupación nazi y encargado de los “asuntos judíos”, Papon fue el responsable de ejecutar las órdenes alemanas de trasladar entre 1942 y 1944 a 1.690 judíos del campo de internamiento de Mérignac, abierto por el régimen de Vichy, al de Drancy, en las afueras de París, desde donde fueron deportados a campos de concentración.

Gérard Boulanger, entonces un joven abogado de Burdeos, presentó en diciembre de ese mismo año las primeras denuncias ante la justicia contra el para entonces ya exministro. Acabó representando a casi toda la parte civil del proceso. Le costó más de 15 años, pero Boulanger logró finalmente que Papon se sentara en octubre de 1997 ante un tribunal que, seis meses más tarde, lo condenó a diez años de cárcel.

“Fue el proceso de un crimen de oficina, de un asesino de estilográfica”, recordaba hace solo un año el abogado y defensor de derechos humanos en una entrevista, cuando se cumplía una década de la muerte de Papon. Un juicio que, agregó el abogado, no habría sido quizás posible antes en una Francia a la que le costó décadas asumir su pasado más oscuro y reconocer que la responsabilidad no fue solo de los otros. “Un francés, alto funcionario, prefecto, diputado, ministro… se le pedía al Estado que condenara al Estado”, destacó Boulanger, que recordaba también que hasta 1995, cuando lo hizo Jacques Chirac, ningún presidente había reconocido la responsabilidad de Francia en la deportación de judíos.

La Liga de Derechos Humanos, de cuya dirección nacional Boulanger formó parte en los años ochenta, lamentó la muerte de un “militante intransigente de los derechos humanos” cuya lucha por las víctimas de Papon “permitió una victoria de los derechos sobre el olvido”.